Inauguran el Centro de Derechos Humanos UP-IPADE: rescatar la dignidad frente a la "ambigüedad" global

La Universidad Panamericana (UP) y el IPADE Business School formalizaron la apertura de su nuevo Centro de Derechos Humanos. Más que una oficina de estudios jurídicos, la institución nace como un espacio ético y antropológico diseñado para responder a un contexto histórico donde la esencia de la persona humana parece diluirse entre avances tecnológicos, transformaciones culturales y una creciente polarización social.

Un mandato civilizatorio

La presentación fue encabezada por la doctora Fernanda Llergo Bay, rectora general de la UP e IPADE, quien durante su discurso inaugural dejó claro que este espacio no es un simple añadido académico, sino una convicción institucional profunda. Para la Rectora, la dignidad humana constituye el fundamento último de toda vida jurídica, política y social.

"En un momento marcado por tensiones crecientes sobre el sentido de la persona, volver a colocar la dignidad humana en el centro no es un ejercicio teórico, es una necesidad civilizatoria", afirmó Llergo Bay.

La rectora subrayó que el papel de las universidades en este siglo resulta decisivo, pues su labor debe trascender la técnica legal. Enfatizó que la misión del centro no es solo estudiar normas, sentencias o tratados internacionales, sino profundizar en la pregunta fundamental: ¿Qué significa realmente reconocer la dignidad del otro?

Llergo Bay hizo un llamado a construir una cultura del encuentro que evite actitudes "reaccionarias" y rescate la visión de figuras como José María Escrivá de Balaguer, quien entendía que toda realidad humana —el trabajo, la economía o la ciencia— debe ordenarse al servicio del bien de la persona.

Un enfoque transversal

Por su parte, el doctor Santiago García Álvarez, rector del campus Ciudad de México, explicó en entrevista para El Economista que la operatividad y el espíritu innovador de este proyecto se relacionan con un dato revelador: el índice de investigación en derechos humanos de la UP alcanza actualmente el 95%, una cifra que desafía la percepción de que estos temas son exclusivos de abogados o filósofos.

García Álvarez detalló que, al revisar las publicaciones de la universidad, se descubrió que facultades como Ingeniería, Comunicación o Empresariales ya generaban soluciones orientadas a defender la dignidad humana, desde el diseño de dispositivos médicos hasta la protección de los derechos de los colaboradores en las organizaciones. Por ello, el Centro no funcionará como un ente aislado de una facultad, sino como un órgano articulador dependiente de la Dirección de Investigación, facilitando proyectos interdisciplinarios donde participen ingenieros, empresarios y científicos sociales.

En cuanto al rol social de la institución, el rector fue enfático al señalar que el Centro nace no para el conflicto o el litigio estratégico, sino para la convivencia. En un entorno nacional polarizado, García Álvarez sostuvo que la UP busca ser una voz que promueva el diálogo y genere ciudadanía, recordando que los derechos humanos atraviesan la vida cotidiana y no deben reducirse a agendas partidistas.

Lecciones para el Board

La jornada culminó con la participación de Carlos Bernal, excomisionado de la CIDH y exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Bernal lanzó una advertencia crítica sobre la "sumamente ambigua" interpretación de los derechos humanos en la actualidad. Su discurso se centró en un terreno poco explorado pero urgente: la responsabilidad de los miembros de las juntas directivas.

Bernal aseguró que la idea de la empresa como una ficción para proteger el patrimonio personal ha terminado. "Hoy día la empresa es las personas que lo componen y, sobre todo, las personas que forman parte de sus directivas", afirmó. El jurista explicó que el respeto a los derechos humanos debe formar parte integral de la gobernanza corporativa, siendo un aspecto tan relevante como los indicadores financieros o técnicos.

Para Bernal, el cumplimiento normativo o compliance en derechos humanos se está convirtiendo en una materia no solo ética, sino lucrativa y preventiva para las grandes firmas. Instó a las empresas a implementar matrices de riesgo y sistemas de monitoreo que lleguen directamente a los consejos de administración. "Si yo fuera el presidente de una junta directiva, el punto número uno de la agenda sería: ¿cómo vamos en derechos humanos?", sentenció.

El especialista recordó que bajo los Principios Rectores de la ONU (2011) y los informes del Sistema Interamericano de 2019, las empresas son responsables de lo que sucede en toda su cadena de suministro. Puso como ejemplo las leyes de Alemania y Francia, que hacen a las empresas responsables por las violaciones de derechos humanos de sus proveedores extranjeros. "Si una empresa tuesta café, ya no le es irrelevante quién es el proveedor ni bajo qué condiciones trabajan esas familias", explicó.

Bernal citó casos trágicos como el de la fábrica de fuegos en Brasil o los buzos misquitos en Honduras, donde la omisión en la supervisión derivó en condenas internacionales que alcanzan a los directivos. Advirtió que industrias como la energética o las tecnológicas que manejan datos están bajo un escrutinio sin precedentes.

Ruta crítica para la alta dirección

Como cierre de su intervención, Carlos Bernal propuso una hoja de ruta fundamental que el nuevo Centro de Derechos Humanos UP-IPADE buscará impulsar entre los líderes corporativos. Este trayecto comienza con la capacitación profunda de los gerentes, quienes deben ser capaces de identificar los impactos positivos y negativos de su actividad. Para Bernal, es imperativo apalancar los derechos humanos como un elemento base de la gestión empresarial y la gobernanza, concienciando a los altos mandos sobre los riesgos reputacionales y patrimoniales que conlleva la falta de atención a este rubro.

La estrategia propuesta integra la arquitectura de derechos humanos con las políticas de anticorrupción y transparencia, elevando la debida diligencia a un componente esencial de la sostenibilidad corporativa. Esto implica no solo cumplir con estándares de supervisión, sino también monitorear la eficacia de cada acción y documentar cada decisión tomada en el consejo. Finalmente, Bernal enfatizó que la responsabilidad directiva culmina con la creación de mecanismos independientes de denuncia y el compromiso ineludible de garantizar la reparación a las víctimas bajo lineamientos que aseguren la no repetición de los daños.