A la par de que la secretaria de Cultura federal Alejandra Frausto comparecía ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, a partir del mediodía de este miércoles 21 de agosto, los integrantes de la dirigencia del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) se apostaron afuera de la sede en Paseo de la Reforma 175 para expresar, de nueva cuenta, su desacuerdo con los procedimientos laborales y de ejecución dentro de la dependencia.

Varias fueron las denuncias que se hicieron públicas por parte de los integrantes de las distintas secciones sindicales ahí representadas; denuncias que, argumentó el gremio sindical, no han sido atendidas por las autoridades competentes, incluyendo las mejoras laborales y salariales que se habían acordado después de la serie de movilizaciones de los trabajadores de Cultura en junio pasado.

Estaban ahí representantes sindicales de la Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de Publicaciones, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas; el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y de Radio Educación, así como de los sectores de Administración y Finanzas.

Foto: Ricardo Quiroga
Foto: Ricardo Quiroga

“No nos hemos cerrado al diálogo, hemos conversado con las autoridades, hemos estado trabajando en el pliego petitorio que se presentó previo a la movilización que tuvimos hace dos meses. Pero sigue habiendo una reestructuración que, para las autoridades, no afecta a los derechos laborales de los trabajadores”, dijo Ángeles Medina González, colegiada general ejecutiva del SNDTSC frente a los trabajadores ahí apostados y representantes de las distintas áreas laborales.

Cada uno dio a conocer las omisiones y problemáticas que enfrentan y no han sido atendidas por las autoridades de la Secretaría de Cultura.

Las denuncias 

En el sector de Administración Central se dijo que los trabajadores de Cultura han permanecido seis meses sin recibir talones de pago, lo cual les impide ejercer trámites de prestaciones, como la obtención de dividendos por seguros de vida, la solicitud de servicios de salud, sobre todo en clínicas de especialidades, lo mismo para los casos de créditos de vivienda, entre otros, por lo que, advirtieron, las autoridades responsables están cayendo en omisión de su responsabilidad administrativa.

Desde la Dirección General de Bibliotecas se dijo que no se han realizado las labores de mantenimiento tanto de la Biblioteca México, como de la Biblioteca Vasconcelos, mismas que se prometieron en junio pasado, cuando los trabajadores sindicalizados cerraron ambas instalaciones como acto de protesta. Se agregó que los directivos al frente de ambas bibliotecas fueron impuestos para amedrentar a los trabajadores.

En el programa Cultura Comunitaria, que es operado por la Dirección General de Vinculación Cultural, se mostraron en desacuerdo por la creación de una nómina alterna de 630 personas contratadas vía outsourcing, a través de la empresa Lore Soluciones Integrales, con un contrato por 178 millones de pesos.

Esas contrataciones, se mencionó, destinadas al cumplimiento de tareas, como facilitadores, capacitadores y promotores culturales, que desplazan las obligaciones naturales del personal de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, misma a la que han dejado sin recursos. Además, los ahí presentes denunciaron que en las Unidades Regionales de la misma dirección no hay recursos para sostener los inmuebles y los trabajadores de cada una han tenido que aportar de sus recursos para el pago de los servicios básicos.

En lo que compete a la Dirección General de Publicaciones, está en riesgo la realización de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), programada para noviembre próximo, argumentaron, lo cual se debe a la falta de planes de trabajo y de previsión de las autoridades administrativas, quienes el viernes pasado solicitaron la ayuda del personal de la DGP, pero la mayoría se negó argumentando la desatención de la que fueron objeto en la primera mitad del año.

También se cuestionaron las medidas en algunas direcciones como la contratación de personal eventual y de honorarios para desplazar la materia de trabajo o de “despilfarrar recursos en contratos millonarios” para la duplicidad de funciones, como es el caso de la Coordinación Nacional de Relaciones Laborales, que, de acuerdo con lo difundido, contrató al despacho MLS&B Abogados Consultores para dar seguimiento a los juicios laborales que afronta la dependencia.

Se lanzó una exigencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se publiquen, en lo inmediato, los lineamientos para el incremento salarial de los trabajadores al servicio del Estado, dada la premura a cuatro meses del fin del año fiscal. Advirtieron que no permitirán que no se cumpla con el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Es por ello que demandamos una reunión con la secretaria de Cultura para atender los temas pendientes. De no resolverse estas problemáticas tomaremos nuevamente una decisión respecto a si tomar nuevamente las instalaciones o generar acciones a nivel nacional para que sea escuchada la voz de los trabajadores”, advirtió la colegiada general de mencionado sindicato.

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