Como “un grave retroceso” en materia de libertad de expresión y derecho a la información, calificó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) los recientes cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que determinan que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, (fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF).

En una carta enviada al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, señalan: “La Secretaría de Gobernación no debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión. Los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen: (I) la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y (II) los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos. La participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato”. En la carta, firmada además por la Amedi, capítulo Puebla, y la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, se explica: “Las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de la libertad de expresión que han insistido, desde hace décadas, en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales. Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo”.

Se detalla que hace cinco años, en el 2013, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y, en el 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecieron garantías para que los medios de carácter público (es decir, los medios que se sostienen fundamentalmente con recursos fiscales) tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica. Aquella reforma resultó insuficiente entre otros motivos porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos.

“Sin embargo, las salvaguardas para los medios públicos fueron un avance en beneficio de la sociedad y a fin de que se consolide una radiodifusión de carácter no comercial. En aquella ocasión en la propia reforma constitucional y más tarde en una ley específica, fue creado el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). hoy en día, con las modificaciones que hemos mencionado a la Ley de la Administración Pública, esos logros quedarían cancelados”, expuso.

Para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la modificación además implica una ilegal duplicidad de la Segob con las atribuciones constitucionales que tiene el SPR que es el organismo facultado para que el Estado provea el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional.

En la carta se puede que “llamamos a la Cámara de Senadores y al próximo gobierno federal para que detengan esa contrarreforma”.