La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, presentó este jueves a la Cámara de Senadores la Ley General para la Regulación y Control de w, una iniciativa de ley para la regulación y el control del cannabis. En ella se plantea impulsar una normativa que equilibre el enfoque de salud pública con el interés comercial.

El modelo de regulación que contiene la iniciativa incluye un mercado comercial con normas estrictas y monitoreado en toda la cadena de valor. Asimismo, contempla la creación de un registro que contenga los volúmenes de producción.

El marco regulatorio planteado añade que debe haber coordinación de la Federación con los estados, así como entre las instituciones involucradas.

No obstante, la propuesta abre la puerta para que haya flexibilidad en caso de evidencias de algún tipo nuevo de producto relacionado, por ejemplo, con el uso de aditivos o edulcorantes.

La iniciativa, por otra parte, prohíbe la difusión, a través de publicidad o patrocinios, del cannabis y sus derivados cuando se trata de uso personal.

La propuesta de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis implica, por un lado, sanciones administrativas, con la posibilidad de ejercer, en caso de ser necesario, castigos más suaves toda vez que se contravenga la reglamentación que corresponda a su producción, distribución o venta.

En la Exposición de Motivos se explica que “la política prohibicionista ha traído la criminalización de un sector muy grande del país sólo por actividades relacionadas a la cannabis de bajo impacto”.

En este sentido, aduce que en el 2012, 62% de la población reclusa en cárceles federales había sido sentenciada por delitos contra la salud, de los cuales, 58.7% de las sentencias estuvieron relacionadas con el consumo, producción, transporte, comercio, posesión o suministro de cannabis.

Además, se argumentó en la presentación de la iniciativa que “se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales derivada del mercado estadounidense”, y alerta de que el consumo interno ha ido en aumento.

El consumo de cannabis pasó de 6% de la población en el 2011 a 8.6% en el 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.

Asimismo, en la propuesta argumenta que un enfoque de salud pública, “que anteponga el derecho a la autodeterminación y la salud del consumidor como principales ejes rectores de intervención”, atendería eficazmente el problema.

“Hemos comprobado que (el) combate frontal a través de las armas sólo ha producido más muertes en el país”, expresó la también futura secretaria de Gobernación en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la tribuna.

Sin embargo, aclaró que no están a favor de la liberación absoluta de las drogas, sino de las libertades y los derechos mediante un ordenamiento jurídico y de control.

Sobre este tema, la justificación del proyecto de ley expone que la Constitución debe permitir que cada persona elija su propio plan de vida, siempre que no haya afectaciones a terceros.

Iniciativa del PRI

Por otra parte, en la sesión ordinaria del Senado, los senadores priístas Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños presentaron una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de legalizar y despenalizar el consumo y la producción de la mariguana para fines lúdicos personales.

En la tribuna, Osorio Chong expuso que, con su citada iniciativa, “podemos resolver en lo inmediato un problema ante el cual la (Suprema) Corte ya definió una postura, pero que al día de hoy sólo beneficia a quienes se amparan, no a la población en general”.

El ex secretario de Gobernación reconoció la propuesta de la senadora Sánchez Cordero y recordó también que hace más de dos años “se convocó a un debate nacional que derivó en una iniciativa de ley para terminar con la criminalización del consumo recreativo de la mariguana” y para permitir su uso terapéutico y medicinal.

Sin embargo, Osorio Chong reconoció también que en la Legislatura anterior sólo se avanzó en el tema del uso medicinal de la cannabis, además de que el sistema de justicia mexicano “debe ofrecer alternativas de tratamiento y reinserción” pues, dijo, el problema que se vive en México en términos de violencia e inseguridad “va más allá de la legalización de la mariguana”.

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