El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó el pasado 7 de enero en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, a manera de reacción a una pregunta, la posible integración del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) con, probablemente, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), para formar un nuevo organismo integrado que dependa de la Secretaría de Economía.

Fue una declaración breve y sin mayor detalle ni plan de acción, al menos, que se conozca a la fecha. “Esta oficina de derechos de autor está en Cultura y hay también una oficina que tiene que ver, más que nada, con derechos de patentes. Estamos buscando que se integren, que (ese nuevo instituto) esté en Economía. La nueva secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, me lo pidió y lo traté con la secretaria de Cultura, si se puede integrar”, fue lo que entonces declaró el mandatario.

Esta declaración fue punto de partida para la organización de la mesa de conversación “Desafíos de un cambio: alcances y retos. La fusión IMPI-Indautor, un cambio de paradigma”, que se llevó a cabo al mediodía de este miércoles, organizada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), de la que fueron interlocutores el editor Carlos Anaya-Rosique, actual presidente de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC); el abogado especialista en derechos de autor José Luis Caballero Leal, el director general de la editorial Ink It, Diego Echeverría Cepeda, también secretario ejecutivo del consejo directivo de la Caniem, y la abogada María Fernanda Mendoza, experta en propiedad intelectual, como moderadora.

Derechos económicos versus derechos humanos

Más allá de ser una idea que todavía está analizando el Ejecutivo, propuso Anaya-Rosique, el tema da pauta para platicar “qué es lo que nos gustaría tener como país en términos de derechos de autor y de propiedad industrial e intelectual, más allá de todas las cosas que indudablemente implica la posible integración de estos dos organismos. Es el momento de tomar o construir los liderazgos para poder tener los mejores organismos pensando en nuestra legislación”.

El abogado José Luis Caballero Leal complementó que si bien el Indautor y el IMPI son dos órganos que guardan ciertos puntos de conexión en determinadas áreas, tienen destinos separados y distintos, por lo que no deben mezclarse. Opinó que una incorporación al IMPI reduciría eventualmente al Indautor a un tema meramente registral.

“Las asimetrías entre los derechos de la propiedad industrial que, por su naturaleza son derechos preponderantemente económicos, versus los derechos de autor que son preponderantemente humanos, hacen que no se puedan mezclar dentro de una misma oficina, simple y sencillamente porque del lado izquierdo estarán representados los intereses de los empresarios, en muchos casos responsables de la violación de los derechos de autor de los que van a estar sentados al otro lado. La autoridad que representaría a ambos tendría que tomar partido, tarde o temprano, por uno o por el otro”, dijo Caballero Leal.

Si se tratara de un tema de austeridad republicana, cuestionó el abogado, “¿qué vamos a hacer con los 150 empleados que defienden la casa del autor con una enorme voluntad y que subsisten a pesar de la Secretaría de Cultura? Es un órgano desconcentrado en el más absoluto abandono presupuestal, cuando debiera ser la plataforma para catapultar los derechos y las políticas públicas de los creadores para los cuales no existe hasta el día de hoy una sola política de apoyo por parte de esta administración, que se ha dedicado a desmantelar todas las instituciones culturales en México”.

Por su parte, el editor Diego Echeverría opinó que preocupa de origen la vulnerabilidad de las instituciones: “me parece gravísimo que sean así de fáciles de modificar. Me interesa saber si ya se consultó con los expertos. Habemos muchísimos actores que nos vemos en el día a día colaborando con Indautor y pareciera que somos los últimos a los que se les va a consultar si esta posible fusión es beneficiosa o no. No me cierro a la posibilidad de la fusión, pero sí me preocupa el contexto en el que se sugiere, en un sexenio donde el gobierno no apoya a la cultura; no está en su agenda”.

Coincidió en que quienes acuden a ambas instituciones tienen perfiles diametralmente diferentes. Mientras en el IMPI se dan cita grandes empresas, con patentes y abogados, dijo, en Indautor es posible encontrarse a un poeta o una editorial. Con una integración, dijo, “corremos el grave riesgo de desdibujarnos ante una institución con otras características”.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura. Es la autoridad administrativa en materia de derechos autorales y derechos conexos con las funciones para proteger y fomentar el derecho de autor; promover la creación de obras literarias y artísticas; promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos. Fue creado en 1997 y dependía entonces de la SEP, por lo que su personal sindicalizado está anclado a esta secretaría a pesar de que el instituto depende de Cultura federal.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx