“No se puede concebir una Ley General de Ciencia sin pensar en las personas que la van a hacer durante los próximos 30 o 40 años, ¿cómo asegurar que todo esto se tome en cuenta? Estamos dispuestos a organizar cuanto foro y discusión sea necesario para convencer al Congreso de que esto es importante con razones y argumentos”, dijo el doctor en Física William Lee, profesor del Posgrado en Astrofísica del Instituto de Astronomía y de la Facultad de Ciencias de la UNAM, durante el Foro Interuniversitario Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que demanda el futuro, convocado por diez casas de estudio e investigación.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló: una de las preocupaciones en torno al proyecto de ley es la plena garantía de la libertad de investigación y de cátedra, contempladas en la Carta Magna, como condición necesaria para un buen desempeño del quehacer académico en esos ámbitos del conocimiento.

Esa libertad podría verse condicionada, conculcada o al menos restringida, cuando se contemplan figuras como la agenda y el consejo de Estado, el cual establecería las prioridades temáticas que serían apoyadas con recursos para ser desarrolladas por las instituciones de investigación, y eso supone la exclusión de aquello que no se considere prioritario, así como la reducción de ciertas temáticas de interés científico, humanístico y tecnológico, advirtió.

Al término de una semana de trabajo, en conferencia de prensa, representantes de diversas instituciones compartieron algunas conclusiones del encuentro:

“Lo que nos interesa es que se oiga la voz plural de los que realizamos actividades de CTI en este proceso de diseño y aprobación para una nueva ley general”, dijo Gabriela Dutrénit, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por eso se pretende llegar al Congreso de la Unión, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a la comunidad académica y a la sociedad en general.

Los académicos coincidieron en que en la definición de las prioridades nacionales debe haber una participación amplia de las comunidades de CTI y no sólo de acuerdo con el gobierno en turno. En este sentido, el doctor Ángel Trigos, de la Universidad Veracruzana, complementó:  “Hablar de CTI es algo muy complejo, que requiere de un análisis muy completo y diverso, por lo cual entre mayor sea el número de lugares donde se pueda discutir, será más enriquecedor para que finalmente contemos con una Ley adecuada”.

Agregaron que hay puntos preocupantes, por ejemplo, que en el anteproyecto presentado por el Conacyt ante el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, no hay un compromiso de presupuesto creciente para alcanzar al menos el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) establecido en la ley aún vigente. Esto deriva en problemas de financiamiento y reducciones presupuestales, tanto en cátedras, bases de datos, convocatorias y estímulos.

“En las decisiones económicas para ciencia se debe ser consistente a lo largo de muchos años, debe haber un monto y una temporalidad para llegar a una meta (...) Si eso se hace, dentro de 20 años vamos a tener una contribución diferente de toda la ciencia que vamos a ver reflejado año con año y el país va a poder entrar a otro nivel de desarrollo humano, es una decisión histórica que se debe tomar, porque va a  afectar al país por mucho tiempo, aquí se está jugando el futuro de muchos jóvenes también”, dijo Gerardo Dubcovsky, vicerrector de Innovación e Investigación de la Universidad del Valle de México.

Otro punto de esta reunión, sobre todo al tener participación de las instituciones privadas, fue evidenciar la fragmentación de la comunidad. “Discriminar de donde proviene la generación de los conocimientos es un error, lo que más conviene para México es pensar que esa comunidad científica está generando para empujar una agenda nacional compartida. Los criterios que debieran ser tomados en cuenta tienen que ver con calidad y pertinencia de la producción científica”, dijo Marisol Silvia Laya, doctora en Pedagogía, directora de Posgrados de la Universidad Iberoamericana.

Agregó que hay un grupo importante de universidades particulares que están aportando a la generación del conocimiento, a la formación científica, tecnológica y humanística de México. “La nueva Ley de CTI debiera armonizarse para todo el personal científico con una perspectiva incluyente, democrática y en un reconocimiento a las diversidades que hay en el ecosistema, negar la existencia de algunos actores y fuentes de investigación redunda en el empobrecimiento del trabajo”.

Lo que debe garantizar la nueva ley

Durante la conferencia de prensa se dieron a conocer 15 puntos, que de acuerdo con los participantes de esta jornada, debieran necesariamente estar contenidos en una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que aspire a la transformación del país, entre ellos se menciona:

  • Adoptar un federalismo abierto y constructivo.
  • Garantizar la participación amplia de la comunidad, sectores privado y social.
  • Garantizar el derecho humano a los beneficios de la CTI con diversos mecanismos.
  • Reconocimiento del valor estratégico de todas las formas de ciencia.
  • Asegurar el financiamiento estable de la CTI poniendo como objetivo mínimo el 1% del PIB.
  • Asignar los recursos a partir de convocatorias regulares y transparentes.
  • Apoyo a la nueva generación de científicos
  • Asegurar que el diseño de la política de CTI se articule adecuadamente con la Ley General de Educación Superior (LGES).
  • Establecer la autonomía de decisión y de gestión presupuestaria de los Centros Públicos de Investigación (CPI), con una Ley propia.

nelly.toche@eleconomista.mx