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Diputados aprueban extensión a 36 meses el precio único del libro

El dictamen aprobado este miércoles en San Lázaro además designa a Cofece y Profeco como responsables del cumplimiento de la ley; considera acceso en lenguas indígenas y para personas con discapacidad.

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Reforman los artículos 26 y 27 de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro. Foto EE: Natalia Gaia

Este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que agrupa una decena de iniciativas propuestas por diputados de distintos grupos parlamentarios, por lo que esta deberá volver al Senado, la cámara de origen.

De estas disposiciones destaca la propuesta de reforma del artículo 26 de dicha ley en favor de la extensión a 36 meses (en lugar de 18, como es vigente) del precio único en libros recién editados o importados, exceptuando con esto a ejemplares antiguos, usados, descatalogados, agotados o artesanales.

Asimismo, en el artículo 27 de la misma se agrega un párrafo que designa a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como responsables de prevenir, investigar y sancionar las prácticas que afecten el funcionamiento del mercado del libro estipuladas en la ley, es decir, incluyendo lo concerniente al precio único del libro.

“Estas disposiciones ayudarán a que no sigan cerrando las pequeñas librerías sin interferir en el desarrollo de la industria. Es de vital importancia lograr condiciones justas de competencia entre los pequeños comerciantes y las grandes empresas. De aprobarse esta reforma, incidiremos en un mercado en el que durante la última década no ha existido competencia en los precios”, expresó la diputada Rocío Barrera Badillo, quien propuso la adición en el artículo 27.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, señaló que este dictamen, además de la ya mencionada tasa cero, incluye modificaciones para “impulsar la lectura en lo general, pero también de manera particular entre los pueblos y comunidades indígenas; establecer la definición de librerías en las que se les reconozca como un espacio para la difusión de la lectura; fomentar y apoyar el desarrollo de ferias del libro como espacios culturales para la difusión y promoción de la lectura; considerar el libro digital e impulsar la oferta y producción de libros en sistemas o formatos accesibles para las personas con discapacidad; redefinir las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en esta materia para armonizarla con las disposiciones de las nueva Ley General de Educación; incluir la perspectiva de género en las políticas y programas del fomento y promoción”, entre otras.

El diputado Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, subrayó la relevancia de continuar trabajando para lograr estímulos aplicables a toda la cadena del libro. “Tenemos definitivamente una deuda histórica con las librerías, con el tema de tasa cero. Esa sería nuestra asignatura pendiente, la cual nos comprometemos a sacar adelante para ayudarlos a seguir fomentando la lectura, no sólo en la ampliación a los 36 meses del precio único”, declaró.

Carta al Presidente

Industriales del libro piden ratificación como actividad esencial

Mientras sucedía en San Lázaro la votación en torno a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, las principales organizaciones de la industria editorial mexicana hicieron pública una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para expresar que esta “se encuentra en una situación difícil, con señales de alto riesgo en todos sus segmentos y muchas dificultades para mantenerse a flote”.

Por ello solicitaron que se ratifique como esencial a la actividad editorial y comercial del libro, tal como se hizo en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto pasado, pero con vigencia del 31 de diciembre. Y es que las indicaciones por el anuncio de regreso al semáforo rojo en diciembre para la Ciudad de México y la zona metropolitana volvieron a excluir a esta actividad de las esenciales. La prolongación del cierre y la crisis acumulada durante 2020, explican, pone cada vez más a la industria editorial frente al precipicio.

“Las librerías, la parte más visible de esta cadena, son esenciales y deben permanecer siempre abiertas. Que puedan operar y sobrevivir todas es de vital importancia para la sociedad en su conjunto”, expresa la misiva firmada por la Caniem, la Almac, el Club de Editores y la RELI, entre otras.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx

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