Fiscalías estatales presentan rezagos en tecnología para investigar delitos

En México las fiscalías estatales no cuentan con el mínimo de herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación criminal, lo cual impacta en la integración de indagatorias de calidad, basadas en evidencias sólidas, exponen especialistas.

De acuerdo con una investigación realizada por México Evalúa y la fundación Friedrich Naumann, sobre las capacidades tecnológicas de las instituciones responsables de investigar delitos, 20 de 29 fiscalías estatales que proporcionaron información contaban con menos de 14 herramientas tecnológicas consideradas básicas para la investigación criminal

Un total de 19 fiscalías estatales reportaron no contar con sistemas para la identificación facial de personas; cuatro señalaron que carecían de sistema de identificación de armas; 15 no contaban con herramientas de análisis masivo de información y 20 no disponían de sistemas para localizar sus patrullas en tiempo real.

El rezago tecnológico también aparece entre los problemas identificados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, publicada el 13 de mayo de 2025, que plantea la necesidad de implementar sistemas y procedimientos especializados, para el combate a la delincuencia, mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.

El documento señala que las fiscalías y procuradurías enfrentan un elevada recarga de trabajo y una disponibilidad limitada de agentes del Ministerio Público (MP), policías, peritos y analistas, lo que dificulta la investigación eficiente de los delitos.

Ante la insuficiencia de personal y la conexidad entre casos de distintos fueros, la estrategia considera fundamental optimizar el uso de herramientas como el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, el Sistema de Índices Combinados de ADN y los sistemas de análisis de voz,  así como asegurar su interoperatividad con base en datos estatales y federales.

Faltan planes para la adquisición de nuevas tecnologías

En entrevista, Susana Camacho, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, advirtió que las fiscalías carecen de una planificación adecuada para adquirir e implementar herramientas digitales, lo que limita su aprovechamiento estratégico.

Explicó que, en algunos casos los sistemas tecnológicos de las fiscalías no están interconectados y carecen de capacidades suficientes para utilizar información y organizar el trabajo, lo que genera ineficiencias, retrasos y problemas de comunicación.

A nivel operativo, la especialista también identificó una desconexión entre herramientas tecnológicas de investigación y la teoría del caso, es decir, la explicación de los hechos que la fiscalía busca acreditar mediante las pruebas presentadas ante un juez.

La investigación también identificó un aprovechamiento insuficiente de las pruebas obtenidas mediante herramientas tecnológicas durante los procesos judiciales. Según los especialistas esta situación puede dificultar la judicialización de los casos y contribuir a la persistencia de la impunidad.

La especialista destacó algunas experiencias que considera positivas, como el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y losa mecanismos de recepción de denuncias digitales utilizados por la policía en Querétaro. Sin embargo, señaló que estas iniciativas todavía constituyen excepciones.

Para Camacho, el principal problema no radica únicamente en la falta de tecnología, sino también en la ausencia de mecanismos de integración y de incentivos institucionales que permitan aprovecharla estratégicamente en la investigación de los delitos.

Es limitado el uso de herramientas tecnológicas en la investigación de delitos

Para evaluar el aprovechamiento de herramientas tecnologías aplicadas a la investigación criminal, sería necesario conocer no solo su disponibilidad, sino también en cuántas investigaciones se utilizan, qué evidencias permiten obtener y en qué medida contribuyen al esclarecimiento de los delitos. Sin embargo, el estudio realizado por México Evalúa y la fundación Friedrich Naumann, no dispone de información suficiente para ello. El análisis se concentra en las herramientas reportadas por las fiscalías.

Los investigadores preguntaron a las fiscalías estatales si usaban 14 categorías de herramientas y/o aplicaciones digitales consideradas por ellos como las que, como mínimo, deberían contar: huellas digitales, cámaras corporales de policías, identificación facial, toma de denuncia, identificación de ADN, documentación de casos, identificación de armas, gestión de casos, desbloqueo y extracción de datos de celulares, recepción de denuncias en tiempo real, rastreo de direcciones IP, apoyos visuales para evidencia, seguimiento en tiempo real de patrullas y análisis de big data.

Con base en la respuestas de 29 fiscalías que accedieron a compartir su información, 20 cuentan con siete o menos de las 14 herramientas tecnológicas examinadas.

Según el reporte “Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México”, publicado por México Evalúa y la fundación Friedrich Naumann, solo Baja California y Querétaro reportaron que cuentan con 13 de las 14 examinadas; Guanajuato 12; Nuevo León 11 y Durango, 10.

En contraste, Morelos reportó contar solo con  herramienta; Jalisco, dos; Yucatán, tres, mientras que Zacatecas, Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur, cinco cada una.

Las fiscalías de Nayarit, Puebla no accedieron a compartir su información, mientras que los investigadores tampoco pudieron obtener los datos de Aguascalientes. La Fiscalía General de la República, institución de carácter federal, tampoco proporcionó información.

La investigación se propuso conocer el uso de herramientas tecnológicas en la gestión de casos; para proteger al personal y la calidad de las investigaciones: para la investigación de casos; así como para facilitar los procesos en justicia penal.

Herramientas para la gestión de casos y protección de personal

Hasta enero de 2026, cuando los especialistas procesaron la información, 28 de 29 fiscalías contaban con sistemas para la gestión de casos. De ellas 20 fiscalías reportaron usar el sistema diariamente para funciones que van más allá de obtener un número único de caso.

En el caso de herramientas para proteger al personal y la calidad de las investigaciones, Guanajuato y Nuevo León reportaron usar el GPS para ubicar patrullas. Sin embargo, el estudio señala que esa tecnología debe complementarse con plataformas capaces de almacenar la información de recorridos y monitorear simultáneamente las unidades.

La fiscalía de Baja California reportó contar con un sistema propio y la de Querétaro reportó contar con un sistema de grabación portátil en las patrullas. 20 fiscalías reportaron no contar con algún sistema de esas características.

Respecto del uso de cámaras corporales utilizadas por policías de investigación, Querétaro reportó contar con un sistema de monitoreo y videograbación en tiempo real. Otras 24 entidades reportaron no contar con esa tecnología. El Estado de México clasificó esa información como reservada y tres entidades no contestaron.

Herramientas para la investigación de casos

Un total de 26 fiscalías reportaron contar con algún sistemas de identificación personas mediante huellas dactilares. Otra reportó no tener un sistema propio, pero apoyarse en la Plataforma México para realizar este tipo de investigaciones y dos  no contestaron la pregunta.

En materia de identificación facial, Baja California reportó haber desarrollado un sistema propio y Chiapas informó que disponía de uno aunque no precisó su nombre.

Por otrsu parte, la Ciudad de México que utiliza el archivo criminal CARAMEX y cuanta con un registro especial de personas desaparecidas.

Guanajuato informó que utiliza un sistema de comparación biométrica y la plataforma Animetrics Inc; Nuevo León reportó el uso automatizado de identificación biométrica de Thales, mientras que Querétaro y Tlaxcala mencionaron otras soluciones especializadas.

En total, 19 entidades reportaron no contar con una herramienta de esta naturaleza. Tres no contestaron.

En cuanto a identificación genética, 25 fiscalías reportan contar con sistemas de análisis y comparación de perfiles de ADN. Oaxaca señaló que no dispone de una plataforma propia, pero utiliza la base nacional de datos. Baja California Sur, Jalisco y Morelos  no contestaron esta pregunta.

En materia de identificación de armas, 20 fiscalías reportaron utilizar el Sistema Integrado de Identificación Balística ()BIS). Querétaro informó que utiliza E-Trace, mientras que Nuevo León, Cadre Tomash 3D.

Coahuila reportó contar con un sistema pero no lo utiliza por falta de presupuesto.

Cuatro entidades reportaron no contar con un sistema y tres entidades  no contestaron.

Sobre los sistemas para desbloquear y extraer datos de teléfonos celulares, solo 18 entidades reportaron contar con algún sistema para ese fin.

Herramientas para facilitar los procesos en justicia penal

En cuanto a sistemas para tomar las denuncias directamente en el lugar de los hechos, 21 entidades reportaron no contar con sistemas de ese tipo.

En contraste, 21 fiscalías reportaron contar con sistemas para recibir denuncias, predenuncias o videodenuncias en línea. De ellas, ocho mencionaron disponer de herramientas en sus páginas web y cuatro señalaron que también ofrecen aplicaciones móviles. Otras ocho fiscalías reportaron carecer de esos mecanismos.

Respecto de las herramientas para el análisis masivo de datos (big data), 12 fiscalías reportaron utilizar algún sistema y 15 señalaron que carecían de esa tecnología. Las dos restantes no respondieron o manifestaron desconocer si disponían de ella.

Por otra parte, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal del Inegi, al cierre de 2024 la FGR y 29 procuradurías o fiscalías estatales contaban con alguna unidad de inteligencia y/o análisis criminal u homóloga.

De las 30 unidades de inteligencia y/o análisis criminal reportadas, 29 diseñaban y aplicaban métodos de análisis y clasificación de información para la investigación, persecución y esclarecimiento de los delitos; 25 elaboraban bancos de datos y suministraban medios de prueba al Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación; 20 elaboraban estudios sobre incidencia delictiva; y 19 generaban la estadística delictiva.