Conforme avanza adopción de criptos, México debe avanzar en su regulación

Un informe reciente de la firma de análisis Chainalysis reveló que, entre julio del 2022 y junio del 2025, América Latina movilizó 1.5 billones de dólares en transacciones con criptomonedas.

El estudio, titulado “América Latina emerge como una potencia criptográfica en medio de un crecimiento volátil”, destaca que la región experimenta un auge tan acelerado como irregular, que también se refleja en el terreno regulatorio. “Las criptomonedas no son una moda; llegaron para quedarse. Cada día se integran más a los sistemas financieros. Lo importante será vincular estas herramientas con la visión de futuro que tenemos sobre la transaccionalidad en la tecnología que las hace posible, blockchain”, señaló Carlos Jaramillo, director regional de Chainalysis para América Latina.

Brasil concentra casi un tercio del flujo regional, seguido por Argentina y México, que ya acumula más de 71,000 millones de dólares en operaciones. Pese a ello, persiste la lentitud institucional para reconocer el cambio.

México fue pionero en el 2018 con la promulgación de su Ley Fintech, pero esta norma se diseñó para un contexto distinto, centrado en pagos electrónicos, financiamiento colectivo y activos digitales. Desde entonces, el marco legal no ha evolucionado al ritmo del mercado.

“En Brasil, cualquier compañía que opere con criptomonedas está obligada a compartir información con las autoridades, incluyendo la Receita Federal, entidad homóloga al fisco mexicano, las unidades de inteligencia financiera y el banco central cuando así lo requieran”, explicó Jaramillo.

El especialista añadió que, en México aún existen diversos aspectos por analizar, ya que las criptomonedas se han consolidado como una alternativa en notable crecimiento.

Por ejemplo, en el 2024 se movieron 6,500 millones de dólares en remesas a través de Bitso, en parte mediante criptomonedas respaldadas por el dólar, conocidas como stablecoins. No obstante, advirtió que también han aumentado las transacciones vinculadas a actividades ilícitas.

“En Estados Unidos, la Ley Genius, enfocada en las stablecoins, busca justamente eso: incentivar a las compañías a desarrollar esta tecnología, pero al mismo tiempo exigirles mecanismos de protección para los usuarios. Lo importante es que la adopción vaya acompañada de confianza, para evitar casos de hackeos o pérdidas de fondos como ya ha ocurrido”, subrayó Jaramillo.

Otras regiones

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera y el fisco aún enfrentan desafíos para contar con herramientas eficaces que permitan dar seguimiento puntual a las operaciones con criptomonedas. Si bien existe un marco legal orientado a prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, su alcance sigue siendo limitado.

El Banco de México, por su parte, mantiene una postura prudente y restringe el uso de estos activos dentro del sistema financiero formal.

En contraste, algunos países de América Latina, como Chile y Argentina, han adoptado regulaciones más definidas que buscan dar certidumbre al mercado y fomentar un entorno más estructurado para las transacciones digitales.

A nivel internacional, Jaramillo destacó que el debate ofrece ejemplos útiles. La Unión Europea implementó el reglamento “Markets in Crypto-Assets (MiCA)”, que armoniza las normas para emisores, custodios y plataformas, además de exigir pruebas de solvencia para las stablecoins.