El PAN condicionó su participación en discusión de la reforma electoral en puerta

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, condicionó la participación de sus grupos parlamentarios en las cámaras de Diputados y de Senadores en la discusión de la reforma electoral, cuya iniciativa anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que presentará pasado mañana, a la inclusión del tema del financiamiento de campañas políticas por narcotraficantes y delincuentes.

“El verdadero problema electoral en México es la participación del crimen organizado en las elecciones. Si no resolvemos eso, no tiene sentido discutir lo demás… No vamos a legitimar una reforma electoral que ignore la realidad del país. Primero hay que blindar las elecciones del crimen organizado; después podremos discutir cualquier otro cambio”, afirmó, según informó la dirigencia nacional del PAN en un comunicado de prensa.

Su partido, aseguró, “no está dispuesto a abordar los temas planteados en la reforma

electoral mientras no se coloque en el centro del debate la participación del crimen organizado en las elecciones, al advertir que ese es hoy el principal problema del sistema democrático mexicano’’.

Explicó que para el PAN “no se puede hablar de democracia mientras el crimen financie campañas”, por lo que “ha fijado una línea clara: no participará en ninguna negociación de reforma electoral que no incluya mecanismos reales para combatir el financiamiento ilegal y la narcopolítica, entre ellos:

“Mecanismos estrictos para la detección del dinero público en campañas, fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera, nulidad inmediata de elecciones cuando se acredite dinero criminal, pérdida de registro para partidos que reciban apoyo del crimen organizado y responsabilidad penal y electoral para dirigentes que avalen candidaturas vinculadas con estructuras criminales’’.

Romero Herrera dijo que “México viene de los procesos electorales más violentos de su historia reciente de los que existen múltiples indicios, investigaciones abiertas y señalamientos públicos que apuntan a la infiltración del crimen organizado en la política, sin que hasta ahora existan responsabilidades políticas de alto nivel’’.

A la fecha, abundó, “existen indicios cada vez más visibles de que campañas políticas del oficialismo han contado con recursos provenientes de estructuras criminales, lo que distorsiona la competencia democrática y pone en riesgo las libertades políticas de las y los mexicanos.

“Las pruebas y los antecedentes están a la vista de todos, lo que no hay es voluntad de investigarlos a fondo: Las acusaciones en cuanto a huachicol fiscal alcanzan directamente a familiares del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, ya que uno de sus sobrinos se encuentra detenido y otro permanece prófugo; el caso Carmona o las acusaciones más recientes en el libro de Julio Scherer; Hernán Bermúdez y ‘La Barredora’, los gobernadores Rubén Rocha o Américo Villarreal, los retiros de visas de Marina del Pilar o el hijo de Alfonso Durazo, entre muchos otros casos de serias acusaciones de vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado’’.