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México estancado y con bajo desempeño en combate a la corrupción en 2025
Transparencia Mexicana afirma que sólo en siete de cada 100 casos de corrupción administrativa en el país se impone sanciones, lo cual muestra un posible problema de ineficacia de las autoridades.
El IPC del 2025 confirmó que la puntuación promedio mundial se situó en 42 sobre 100, el nivel más bajo en más de una década.
México se mantiene estancado en materia de combate a la corrupción, de acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, presentado por Transparencia Internacional y comentado por Transparencia Mexicana. Aunque el país registró una ligera mejora de un punto en su calificación —al pasar de 26 a 27 sobre 100—, cayó una posición en el ranking global y se ubicó en el lugar 141 de los 182 países evaluados.
Sobre los factores que explican el bajo desempeño del país, la organización destacó la transformación de los esquemas de corrupción. El llamado “huachicol fiscal” habría generado pérdidas por alrededor de 610,000 millones de pesos en 2025, una cifra que multiplica por cuarenta el impacto económico del caso Segalmex.
Para Transparencia Mexicana, enfrentar estas nuevas redes de macrocriminalidad requiere fortalecer capacidades estatales, cooperación internacional y mecanismos de protección del erario.
Otro elemento central que fue señalado fue la persistencia de la extorsión, especialmente entre sectores vulnerables. Según datos oficiales y del sector privado, al menos 16 de cada 100 empresas fueron víctimas de extorsión, afectando principalmente a micro y pequeñas unidades económicas.
Además, se detalló que a esto se suma que una parte significativa de la población identifica la extorsión como uno de los delitos más comunes en su vida cotidiana, mientras que seis de cada 10 personas reportaron haber sido víctimas de corrupción o extorsión policial.
El informe indicó también la ineficacia en la sanción de la corrupción administrativa y penal. Según Transparencia Mexicana, sólo en siete de cada 100 casos de corrupción administrativa se impone alguna sanción.
Se denunció que persiste la impunidad en casos emblemáticos como Odebrecht y Pemex Agronitrogenados, mientras que en expedientes como la Estafa Maestra o Segalmex las sentencias se han limitado a responsabilidades individuales, sin desarticular redes completas de corrupción.
México en el contexto internacional
En el contexto internacional, México ocupa el último lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al situarse en la posición 38 de 38 economías evaluadas. En el Grupo de los Veinte (G20), el país se colocó en la penúltima posición, sólo por encima de Rusia.
Mientras que, a nivel Latinoamérica, la República mexicana estuvo mejor evaluado que Guatemala (26 puntos), Paraguay (24), Honduras (22), Nicaragua (14) y Venezuela (10); sin embargo, estuvo por debajo de Brasil (35) y Chile (63).
De manera general, el reporte indicó que la corrupción empeoró en todo el mundo en esta edición, confirmó que el número de países con puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a solo cinco en 2025
La puntuación promedio mundial se sitúa en 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década.
Casos de corrupción
Durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, iniciada con Andrés Manuel López Obrador, México ha enfrentado dos de los casos de corrupción más relevantes: el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y el denominado huachicol fiscal.
Sobre Segalmex las autoridades federales presentaron más de 150 denuncias penales y 47 personas fueron investigadas por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal por irregularidades en compras y contratos millonarios realizados por esta paraestatal.
Por su parte, el huachicol fiscal involucró redes de contrabando y manipulación aduanera que permitieron la entrada ilegal de combustibles a través de puertos.
Entre los arrestados figuró el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar político del exsecretario José Rafael Ojeda, así como exdirectivos vinculados con redes de huachicol, incluyendo exdirectores del Sistema Portuario Nacional implicados en la importación ilegal de combustible desde Estados Unidos.