Jubilados de San Lázaro cierran la Cámara de Diputados por falta de pagos

A primera hora de este miércoles, un grupo de jubilados sindicalizados de la Cámara de Diputados bloquearon las entradas del recinto legislativo en protesta por la suspensión de algunas prestaciones.

Ante el bloqueo, el presidente de la Cámara baja, Raúl Bolaños-Cacho Cué, anunció la suspensión de actividades, incluyendo la sesión ordinaria programada para hoy, en la que se agendo un homenaje póstumo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció el pasado 28 de octubre de 2026.

"El día de hoy por la mañana fueron tomados todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro por un grupo de jubiladas y jubilados de la Cámara de Diputados.

"Hemos decidido suspender la sesión ordinaria que se tenía prevista el día de hoy a las 11 de la mañana... Es mi responsabilidad como presidente de la mesa directiva garantizar la seguridad de las y los trabajadores de la Cámara, de las y los diputados, pero sobre todo a través del diálogo encontrar una solución a las peticiones de quienes hoy se manifiestan" anunció en un mensaje de redes sociales.

Deacuerdo con lo expuesto por los extrabajadores, desde abril pasado no les han pagado un apoyo mensual por 11,800 pesos, correspondiente a las prestaciones económicas y sociales que recibían conforme al Numeral 23 del Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas, así como a las Condiciones Generales de Trabajo.

Señal que esta suspensión afectó a cientos de jubilados sindicalizados, quienes durante años recibieron prestaciones que forman parte de las conquistas laborales alcanzadas mediante décadas de lucha sindical.

Detallaron que entre las prestaciones suspendidas está una ayuda económica mensual y despensa; apoyo anual para anteojos; poyo anual para pasajes y otras prestaciones contempladas en el Numeral 23.

"El argumento que se nos ha comunicado para justificar la suspensión es la falta de suficiencia presupuestal", lamentaron.

Sin embargo, advirtieron que la falta de presupuesto no puede convertirse en una justificación para desconocer derechos laborales adquiridos, particularmente cuando las prestaciones se encuentran reconocidas en los instrumentos que rigen nuestras relaciones laborales.