Expertos alertan que modelo anticorrupción quedó obsoleto

El estancamiento de México en los niveles más bajos del Índice de Percepción de la Corrupción no sólo refleja fallas institucionales persistentes, sino también una incapacidad del país para actualizar la conversación y las estrategias frente a un fenómeno que ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años, explicaron especialistas consultados.

Durante una entrevista con El Economista, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, lanzó la advertencia de que México se encuentra estancado en la conversación pública sobre cómo enfrentar la corrupción.

A su juicio, el debate sigue anclado en diagnósticos y soluciones de hace una o dos décadas, cuando el fenómeno hoy está marcado por la macrocriminalidad, la penetración del crimen organizado en gobiernos locales y redes transnacionales de corrupción.

“El problema ya no es sólo el funcionario que roba dinero del cajón”, explicó. Como ejemplo, citó el llamado huachicol fiscal, que en 2025 habría generado pérdidas por alrededor de 610,000 millones de pesos, una cifra 40 veces mayor que escándalos como Odebrecht o Segalmex. Además, planteó que, en este esquema, participan redes criminales y empresas transnacionales, algunas con operaciones fuera de México.

Debido a esto, el especialista cuestionó la idea de que denunciar sea, por sí sola, una solución suficiente. Aunque reconoció la importancia de la denuncia ciudadana, advirtió que cuando quienes denuncian enfrentan represalias, amenazas u omisiones por parte de las autoridades, ese enfoque resulta insuficiente frente a redes criminales organizadas.

Además, alertó sobre los vacíos institucionales que deja el debilitamiento o desaparición de organismos de control y transparencia. “Los vacíos se llenan: o los llena el Estado a través de otras dependencias, o los llena el crimen organizado”, afirmó.

Por su parte, Fernanda Galicia, directora general de Mexiro A.C., señaló que el problema de la corrupción en la actualidad no sólo afecta las finanzas públicas, sino que tiene impactos directos en derechos humanos, al impedir que recursos esenciales —como medicamentos o servicios básicos— lleguen a la población.

También, cuestionó que las estrategias anticorrupción no hayan atacado el núcleo del problema: la impunidad; y criticó que la reforma judicial no haya considerado a las fiscalías, lo que calificó como “uno de los errores históricos”, al mantener intactos los engranajes que permiten que la corrupción evolucione hacia esquemas criminales complejos.

Mientras que, en materia de contratación pública, Galicia advirtió que la falta de registros de beneficiarios controladores, la ausencia de sistemas interoperables y una Plataforma Digital Nacional desconectada de las fiscalías crean un terreno fértil para empresas fachada y desvíos de recursos.

Problema puede acrecentarse

Salvador Mora, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que el problema de la corrupción no debe analizarse únicamente como una desviación administrativa, sino como un sistema de relaciones que garantiza impunidad y beneficios para ciertos actores en detrimento del conjunto de la sociedad.

“Esto evidentemente va a afectar la competitividad, va a afectar al Estado de Derecho, va a afectar libertades”. Además, subrayó que el costo de la corrupción se traslada de manera cotidiana a la sociedad.

“El costo de la corrupción necesariamente se indexa; si es en el consumo, en el consumidor; si es para el Estado, ahí está la falta de inversión privada coparticipando con inversión pública”, apuntó.

Mora alertó además sobre los riesgos de un Poder Judicial capturado políticamente, al señalar que experiencias como Venezuela y, más recientemente, El Salvador muestran cómo la justicia puede utilizarse con criterios políticos y no bajo los principios racionales de la ley.

Por su parte, Eduardo Bohórquez sostuvo que el mayor reto no es sólo ejecutar operativos o reformas administrativas, sino romper inercias y replantear de fondo la arquitectura anticorrupción del país.

Ven alza en crimen transnacional en América

La falta de acción gubernamental ha erosionado la democracia y permitido el aumento del crimen organizado transnacional en el continente americano, consideró Transparencia Internacional.

En el marco de la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2025, la organización informó que desde el 2012, un total de 12 naciones, de los 33 que integran la región, han empeorado considerablemente. 

“Durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias”, sostuvo la organización. 

Estos países no son los únicos que sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado, ya que en la actualidad Costa Rica (56) y Uruguay (73), democracias más fuertes, lo viven.

“Por su parte, países con instituciones fallidas y cooptadas, como Nicaragua (14) y Haití (16), continúan luchando contra la corrupción arraigada y las redes criminales”, afirmó Transparencia Internacional. 

Por otro lado, la organización también señaló que la redacción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas. Afirmó que, en el caso de El Salvador, las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio de las acciones del gobierno. 

Asimismo, Estados Unidos profundizó la tendencia a la baja hasta alcanzar la puntuación más baja registrada y se ubicó en 64 puntos. 

De manera general, el promedio regional fue de 42 puntos sobre 100, dato que no tuvo cambios con lo que respecta al índice del 2024. 

Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, consideró que para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda.

“La lucha contra la corrupción también implica fortalecer la cooperación internacional para investigar y sancionar casos transnacionales y cerrar los vacíos legales que permiten que el dinero ilícito cruce fronteras”, declaró. (Con información de Redación)