Encuentran irregularidades por 9,008 millones de pesos

En su segunda revisión a la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades por más de 9,008 millones de pesos, principalmente en los recursos que se entregan a los estados y municipios.

Según lo expuesto por el auditor Aureliano Hernández a la Cámara de Diputados, al revisar el gasto público de 2025, correspondiente al primer año en forma de la presidenta Claudia Sheinbaum, se detectó que más del 80% de los recursos que faltan por aclarar, equivalentes a unos 7,352 millones de pesos, corresponde a gestiones de gobiernos estatales y municipales.

Mientras que mostró especial preocupación por el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, donde identificaron movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados, así como en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, sumando entre ambos casos un monto observado por 2,327 millones de pesos.

Para esta segunda entrega, la ASF realizó 374 auditorías a 286 entidades federativas; 42 municipios y 46 dependencias federales.

Se dijo que como parte de los convenios firmados por la ASF con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Antimonopolio, en seis meses la ASF ha presentado 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, de las cuales 21 ya fueron judicializadas.

Como parte de sus nuevas atribuciones dadas por la Cámara de Diputados este año, Aureliano Hernández también dio a conocer que ya iniciaron procedimientos legales y administrativos contra dos funcionarios universitarios de la UNAM, tras el pasado examen fallido de admisión, aunado que se investigan a particulares de la empresa Territorium Life.

Por otro lado, entre los hallazgos más relevantes de la revisión a la Cuenta Pública 2025 se coloca un posible esquema de triangulación de recursos en Nuevo León donde se identificaron irregulares por más de 7,200 millones de pesos que envió el gobierno de Nuevo León, a cargo de Samuel García (MC) a un despacho jurídico propiedad de su familia.