Crece 24.9% población sujeta al sistema de justicia penal para adolescentes

En México las niñas, niños y adolescentes enfrentan distintas formas de violencia. Entre 2024 y 2025 aumentaron los registros desaparecidos, así como los indicadores de violencia sexual y posible reclutamiento por grupos delictivos. Paralelamente, entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, el número de personas sujetas al SIJPA creció 24.9%, según cifras oficiales

En ese escenario, especialistas advierten que persisten dificultades para articular las instituciones del SIJPA y profesionalizar a sus operadores. Al mismo tiempo, señalan que algunos sectores de la sociedad cuestionan el tratamiento jurídico diferenciado que reciben los adolescentes y exigen que sean juzgados como adultos cuando cometen determinados delitos.

De acuerdo con el balance anual 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), elaborado con información oficial, entre 2024 y 2025 aumentó 30.3% el número de personas menores de 18 años desaparecidas. Asimismo los registros de posibles víctimas de agrupaciones delictivas crecieron 20.6% y los de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes se elevó 8.3%.

El informe también señala que entre 2023 y 2024, los registros de violencia física contra niñas, niños y adolescentes aumentó 4.7%, mientras que los de abandono 3.5%.

El documento refiere disminuciones en algunos indicadores. Entre enero y noviembre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2024, los homicidios dolosos de personas de entre 0 y 17 años disminuyeron 23.2% y las víctimas de trata de personas 22.8% y la cantidad de homicidios bajó 21.9%.

Aumenta detención de adolescentes y jóvenes durante el gobierno de Sheinbaum

Paralelamente los registros muestran un incremento en el numero de personas sujetas al SIJPA.

Durante los primeros 23 meses del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el número de jóvenes sujetos al SIJPA se incrementó 24.9%, al pasar de 5,218 personas en septiembre de 2024 (el último de la administración del presidente López Obrador) a 6,518 en agosto de 2026, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las estadísticas refieren que en agosto de 2026, del total de personas sujetas SIJPA, 70% tenían entre 12 y 17 años y el 30% restante de 18 a 24 años.

En septiembre de 2024, el último de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador las personas de entre 12 y 17 años sujetas al sistema era 66%.

Del total de personas sujetas al SIJPA en agosto de 2026, 1,912 estaban en situación de internamiento y los estados donde había más personas sujetas al SIJPA eran Nuevo León, con 550; Sonora, con 476; Baja California, con 474 y Zacatecas, con 427.

Cierra 2025 con 1,754 adolescentes privadas de su libertad

Por otra parte, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales 2026,durante 2025 ingresaron 1,878 adolescentes a los centros penitenciarios y centros especializados del país.

Al cierre de 2025 había 1,754 personas adolescentes privadas de su libertad en 50 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes. El reporte no especifica desde cuando estaban en esa situación.

Por su parte, las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley  (EPACOL) 2026,  indican que, durante 2024, un total de  35,193 personas adolescentes fueron registrados como  imputadas por la presunta comisión de delitos en carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o procuradurías estatales.

Esa cifra representa un incremento de 7.1 % respecto a 2023 y de 55.4 % en comparación con 2021.

Entre 2021 y 2024, la tasa nacional de adolescentes imputados aumentó 55.8%, al pasar de 166.5 a 259.3 por cada 100,000 personas adolescentes, según los registros de las fiscalías y procuradurías estatales

En 2024, las tasas más altas de personas adolescentes imputadas se registraron en Aguascalientes (841.1), Nuevo León (665.4), Sonora (631.5) y Ciudad de México (611.8).

Durante 2024 se registraron 36,447 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes. Desde 2022, el delito de lesiones ha sido el más frecuente; desplazó al robo, que fue el delito más frecuente entre 2017 y 2021.

Las estadísticas muestran que durante 2024, se registraron 27,912 víctimas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes, de las cuales seis de cada 10 fueron mujeres y 58.9≉% tenía menos de 20 años.

La mayor proporción de mujeres víctimas se concentró en el grupo de 10 a 19 años; en el caso de los hombres, la proporción fue mayor en las víctimas con edad no identificada.

Cuando un adolescente comete un delito, falló la sociedad en su conjunto

Aunque la ley del SIJPA se expidió en 2016, especialistas consideran que su implementación todavía enfrenta dificultades institucionales y operativas.

Al respecto, el académico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Alejandro López Contreras, considera  necesario concluir la elaboración de protocolos especializados en justicia para adolescentes y fortalecer la capacitación de los operadores del sistema ─desde policías hasta personas juzgadoras─, y difundir entre la población los principios que justifican un tratamiento diferenciado para adolescentes y adultos.

En tanto la coordinadora del Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justicia Juvenil del Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez (Cideni), Sofía M. Cobo Téllez, advierte que México carece de una política pública en materia de justicia juvenil, que delimite ejes estratégicos y coherentes con el marco normativo nacional e internacional y que articule la institucionalidad y la oferta de programas destinados a atacar esta problemática.

López Contreras explica que  el modelo mexicano de justicia para adolescentes comenzó a transformarse a partir de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, y de la reforma constitucional de 2005 que estableció las bases del SIJPA.

Con ello se transitó de un modelo predominantemente tutelar, centrado en la protección y el control de las personas menores de 18 año, hacia otro que reconoce a los adolescentes como sujetos plenos de derechos.

El especialista aclara que los adolescentes que cometen hechos tipificados como delitos pueden ser sometidos a procedimientos penales especializados y recibir medidas de sanción proporcionales, de acuerdo con su edad y circunstancias del caso.

Según el especialista, algunos sectores sociales cuestionan el modelo diferenciado y exigen que los adolescentes reciban el mismo tratamiento penal que las personas adultas.

Sin embargo, refiere que los casos de agresiones y homicidios cometidos por adolescentes constituyen manifestaciones visibles de problemas sociales más amplios, relacionados con las condiciones familiares, comunitarias e institucionales en las que se desarrollan.