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Poderes fácticos distorcionan la democracia
Una inadecuada regulación del financiamiento es que gobiernos priorizarán las demandas de los grupos que financian las campañas.
La desigualdad en la competencia electoral y los vínculos con los poderes fácticos que nacen con el financiamiento son razones importantes que distorsionan el funcionamiento de la democracia, advierte un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre América Latina.
En el informe Nuestra Democracia se explica que la consecuencia directa de una inadecuada regulación del financiamiento es que los gobiernos priorizarán las demandas de los grupos que financian las campañas electorales en lugar de cumplir con el mandato electoral.
Por lo tanto, la reforma del sistema de financiamiento de la política es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la posibilidad de evitar la cooptación de los gobiernos , puntualiza.
El informe detalla que los recursos disponibles para los partidos y candidatos pueden ser la fuente de una clara ventaja sobre los competidores electorales y que la influencia del dinero en las campañas ha aumentado con el continuo incremento de los costos asociados a una mayor complejidad operativa como los gastos del equipo de campaña, publicidad, encuestas, etcétera.
Se advierte que la incorporación del financiamiento del Estado a la actividad política ha funcionado como un aditamento al financiamiento privado, aun cuando ha tenido efectos favorables sobre la competencia electoral, produjo consecuencias limitadas en la igualación de recursos.
Mientras que los dineros del sector privado pueden generar conflictos de interés para los actores políticos, influir sobre la toma de decisiones para su beneficio particular o incluso garantizar impunidad para actividades al margen de la ley, la financiación estatal (...) puede ser distorsionada por el sesgo en la asignación de los subsidios directos, la ausencia de control o en el acceso a los medios de comunicación estatales , indica el documento.
Así, se ponen como ejemplos de buenas prácticas adoptar sistemas mixtos transparentes y sujetos a un control riguroso, donde la actividad política sea financiada por el sector privado y por el Estado. En México existe dicho esquema.
Asimismo, en el informe se propone la reducción de los plazos formales de las campañas y garantizar el acceso gratuito a los medios de comunicación porque representan una gran parte del gasto electoral y limitar el origen de las aportaciones privadas, donde puedan surgir conflictos de intereses, advierte.
También se plantea fortalecer los órganos de fiscalización, obligar a los contendientes electorales a rendir cuentas sobre sus gastos de campaña y avanzar en reformas que obedezcan a las particularidades de cada contexto político.