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Plan vs. violencia política tendría efectos limitados
Para que un candidato pueda tener protección a nivel municipal, la petición se debe hacer en lo local, luego pasa al INE y al final es Gobernación la que decide si se aplican las medidas de resguardo.
Foto: Reuters
Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) alertaron que el plan anunciado por el gobierno federal para reducir los niveles de violencia política podría tener efectos limitados.
El “verdadero riesgo” del clima de violencia política e inseguridad generalizado que se registra en México de cara a los comicios del próximo 6 de junio es “tener autoridades municipales, y posiblemente estatales también, con un vínculo de complicidad con el crimen organizado trabajando en una coordinación casi criminal”, y que esa vinculación “se refuerce y se consolide a pesar de las elecciones”, afirmó Benito Nacif.
Para el exconsejero del INE el problema sólo se solucionará con la instrumentación de “una estrategia integral que rompa de manera estructural y permanente este vínculo de complicidad entre autoridades municipales, estatales e incluso federales con el crimen organizado”.
Marco Antonio Baños, también exconsejero electoral, consideró que, si bien la estrategia anunciada por el gobierno federal para proteger a aspirantes y candidatos que participarán en las próximas elecciones “es una declaración discursiva”, dijo que “si se actúa con eficacia, sí se logrará establecer un esquema de seguridad”.
“Ojalá que esto permita un monitoreo eficaz que identifique zonas de riesgo y candidatos que estén en peligro, pero ya hemos visto atentados en contra de precandidatos en esta etapa y la verdad es que sería muy lamentable que volviéramos a tener decesos por los atentados que sufren las personas que están en la búsqueda de los cargos públicos.
“Pienso que ese es un tema que tenemos que cuidar muchísimo y hacer que las instituciones del Estado mexicano funcionen adecuadamente para proteger a los candidatos, y a los electores y a las personas que trabajan en la logística electoral”, opinó.
Protocolo de seguridad para elecciones
Antonio Baños, experto en organización de elecciones, explicó que hay una serie de protocolos y disposiciones que establece la ley, que obliga a las autoridades a brindar seguridad a los candidatos si solicitan protección.
La petición se hace ante los órganos electorales, detalló, y en el caso de que se presente en el nivel municipal se turna al estatal y luego al INE y es la Secretaría de Gobernación (Segob) quien dictamina, junto con las áreas de seguridad pública de los estados, si es necesario brindar o no protección a los candidatos.
Para frenar la violencia política, la responsabilidad de los partidos políticos, añadió, es hacer una buena selección de candidatos para evitar que “tengan vínculos con el crimen organizado. Que sean candidatos que correspondan a liderazgos locales naturales, gente respetada por la sociedad y que no tenga problemáticas que vayan a llevar a actos de violencia”, completó.
Por su parte, sobre la referida estrategia de seguridad federal, Benito Nacif se dijo “muy escéptico” de que funcione porque ese tipo de acciones se intentaron también en el pasado con un éxito muy limitado.
“Realmente no va a servir de gran cosa que vayan y pidan la protección del gobierno federal o del gobierno del estado. Es una situación muy complicada, muy difícil. Es un problema que no se puede resolver con una medida que solo se hace durante las campañas. Se necesita una solución realmente estructural, una estrategia integral para lidiar con este problema”, dijo.
Tampoco es viable que los partidos políticos acudan, a través del INE, a las áreas de inteligencia del gobierno federal para saber si sus candidatos tienen vínculos con el crimen organizado o no, apuntó.
“También eso es imposible de hacer en términos jurídicos, en términos prácticos, porque cuando dicen ‘posibles vínculos o vínculos’ la verdad es que el INE, las autoridades electorales sólo pueden negar el registro a candidatos cuando estos han sido debidamente procesados y hallados culpables. Fuera de eso, se tienen que proteger los derechos políticos de todos y la presunción de inocencia”, concluyó.