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Fiscalía electoral en vilo
Algo pasa en México que el debido proceso no es el fuerte de las autoridades que procuran justicia.
Pocos temas han sido más sensibles que el electoral en este país. La democratización del sistema ha sido un proceso largo, sinuoso, desconcertante a veces, con más de 40 años en formación. Antes de la reforma política de 1977, el sufragio era prácticamente un refrendo de la voluntad presidencial, el sistema de partidos era endeble y las prácticas políticas, más que ciudadanas, eran corporativas. La reforma política de José López Portillo y Jesús Reyes Heroles legalizó a la izquierda, amplió el espectro partidista y volvió más plural al Legislativo. El crecimiento de las preferencias electorales por la oposición en alcaldías de Coahuila y Chihuahua (1993), en el Legislativo (1985) y en elecciones estatales (Chihuahua 1986) puso en alerta al PRI-gobierno. En 1987, la consigna era acabar con la oposición de derecha y frenar la secesión del PRI. No lograron ni lo uno ni lo otro; las elecciones de 1988 fueron las más cuestionadas por la sospecha de un fraude electoral masivo. Esto obligó a una segunda gran reforma, la de 1990, con el Código Federal Electoral que dio origen al Instituto Nacional Electoral como un organismo autónomo del Estado. Otra reforma vino en 1996 y, tras ella, la alternancia de partidos en el poder. Treinta años de ir creando un entramado legal-racional con el propósito de transparentar las elecciones, para que en el 2006 hubiese presunción de fraude electoral. Algo pasó, porque “haiga sido como haiga sido”, persiste la duda y desde entonces llevamos dos reformas electorales más.
La última, la del 2014, fue más profunda: incluye la posibilidad de gobiernos de coalición, la participación del Legislativo en el nombramiento de altos funcionarios federales y la reelección legislativa consecutiva. El Instituto Federal Electoral se transformó en el Instituto Nacional Electoral; cambiaron su estructura, distribución de facultades y atribuciones respecto a diversos temas, entre ellos el régimen interno de los partidos, la realización de consultas populares y el uso de los medios de comunicación en campañas. Uno de los aspectos centrales de la reforma fue la creación de una Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) como organismo encargado de investigar y perseguir de oficio los delitos incluidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. El artículo 23 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR establece que al frente de la Fepade habrá un fiscal especializado con nivel de subprocurador, facultado para proponer las políticas, estrategias y líneas de acción para combatir los delitos en la materia, así como participar en la elaboración y ejecución de los programas de prevención en materia penal electoral y para el fomento a la cultura de la legalidad. Este último punto es relevante. La cultura de la legalidad implica, ante todo la observancia de las garantías individuales. Y una de las garantías individuales más importantes en el ámbito de la procuración de justicia es el derecho al debido proceso. No sé qué sucede en este país que el debido proceso no es el fuerte de las autoridades que procuran justicia. Ahí tenemos el caso de Acteal, en el que casi todos los inculpados, inocentes o no, fueron liberados porque la investigación de la PGR estuvo sesgada en contra de los inculpados, según la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Otro caso fue el de Florence Cassez, quien, a pesar de reconocerse su culpabilidad, pudo salir libre por haber sido víctima del conculcamiento del debido proceso. En ambos casos, el quebrantamiento de la ley obedeció a voluntades políticas. Y justo estamos ante otro caso que parece que podría seguir el mismo derrotero, pues es casi seguro que Alberto Elías Beltrán, hoy encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, relevó a Santiago Nieto Castillo al frente de la Fepade con la anuencia de su jefe inmediato.
La razón: Nieto ventiló información sobre la relación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el caso Odebrecht y el desvío de fondos para la campaña del PRI en el 2012, lo que constituye un golpe al debido proceso al que Lozoya tiene derecho. Hasta ahí todo parece normal. Pero resulta que estamos en víspera de un proceso electoral que se presume más que reñido y en el que el PRI parece que saldría perdiendo, según la última medición de Consulta Mitofsky, que ubica al Frente Ciudadano a la cabeza de las preferencias, seguido del no sabe/no contesta, en tercer lugar, se ubica a la alianza Morena-PT y al último, al PRI. Claro, esto es una medición de preferencias de partido, no de candidatos; aun así, el partido en el gobierno no las trae todas consigo, pues en rechazo ciudadano, también según Mitofsky, tiene 51.7 por ciento.
Pero ¿no resulta rarísimo que Nieto hubiese filtrado información acerca de la investigación a Lozoya a sabiendas de que esto violaba el debido proceso y la presunción de inocencia y ello es causal para anular los resultados de una investigación? Es decir, Nieto terminó por defender a un alfil del peñismo, lo cual parece contradictorio, pero no disfuncional para los intereses presidenciales, pero ¿por qué Elías impide, en última instancia que Lozoya sea defendido? ¿por qué la oposición defiende a Nieto que, a su vez, parece defender a Lozoya? Probablemente en este tema esté definido por los antagonismos al interior del PRI, quizás hasta dentro del mismo grupo Atlacomulco.
Aquí hay tres cosas importantes. La primera es que no hay fiscal anticorrupción, el cual también tendría que conocer sobre la actuación de Emilio Lozoya con respecto a los sobornos a posteriori de Odebrecht para conseguir obra pública y licitaciones por parte de Pemex, después de haber canalizado recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. La segunda, ¿hay voluntad del PRI para sustituir a Santiago Nieto antes de 10 días? Y la tercera sería si la oposición estaría por elegir a alguien alternativo para ocupar el cargo.
¿Qué motivaba a aferrarse al cargo?
Reinstalar, cosa que ya no ocurrirá porque Nieto descartó ya esa opción o remplazarlo es políticamente complicado y complicó más el asunto al pedirle al Senado su reinstalación: generó más animadversión en su contra por parte del PRI, que tiene prácticamente la mayoría, frente a la oposición que lo defiende. Más allá de ser un tema personal ¿qué motivaba a Nieto a aferrarse al cargo? Y otra pregunta, ¿por qué los senadores priistas quieren o querían una votación cerrada para definir la situación del exfiscal? ¿qué no quieren que se sepa?
Dado el antecedente de la elección mexiquense del 2017, se sabe hasta dónde llegará el PRI para mantener el poder. Por ello resulte indispensable contar con un fiscal electoral que pueda conocer de las irregularidades y actuar desde el inicio del proceso electoral. Es preciso que la Fepade funcione como debe de cara al 2018, porque si el escenario tendencial se cumple y la diferencia entre el primer y segundo lugar es mínima y entramos en conflicto poselectoral, el papel de la Fiscalía será central, pues puede ser el fiel de la balanza que legitime al ganador, ante la ausencia de una segunda vuelta electoral. Sin un fiscal electoral consensuado, legítimo, imparcial y con credibilidad, regresaríamos al escenario poselectoral del 2006...