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Falta de recursos frena rehabilitación
La reforma constitucional sobre seguridad y justicia penal aprobada por el Congreso en el 2008 no sólo generó el cambio de nombre a 75 UMAN por COE, sino que de acuerdo con la legislación- la rehabilitación de los adictos será obligatoria.
La reforma constitucional sobre seguridad y justicia penal aprobada por el Congreso en el 2008 no sólo generó el cambio de nombre a 75 Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) por Centros de Operación Estratégica (COE), sino que de acuerdo con la legislación- la rehabilitación de los adictos será obligatoria.
De acuerdo con Eduardo Nájera Herrera, vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), en plática con El Economista, esto ayudará a dimensionar el problema como un asunto de seguridad nacional, como lo definieron en su momento los exprocuradores Daniel Cabeza de Vaca y Eduardo Medina Mora.
Antes, resaltó Nájera Herrera, esto no ocurría. Se extendía una petición y era una decisión personal del detenido acudir o no a la rehabilitación . Los procesos de recuperación, además, no tenían seguimiento.
En un cambio importante de política, el vocero calificó de positivo que ahora no será el médico legista quien determine la cantidad de dosis o portación de droga de los presuntos enfermos para decidir su libertad o consignación, sino que será el Ministerio Público quien lo haga . La primera COE se encuentra en funcionamiento en el estado de Hidalgo. Falta su instalación en los 30 estados restantes y en el Distrito Federal, donde la carencia de recursos para ello lo ha impedido.
Especialistas en derecho y Organizaciones No Gubernamentales, como México Unido contra la Delincuencia y SOS, se han mostrado críticas ante lo que perciben como una tardanza innecesaria para el inicio de las operaciones de los COE.
Isabel, una mujer sin ayuda
De pie todos los días, de la mano de dos niños, sus hijos. Alta, pantalón de mezclilla y tenis. Isabel de unos 23 años espera en Paseo de la Reforma. Las patrullas la ignoran. Llega un taxi, esos con Ángel . Sube a la parte delantera, sus hijos, de entre tres y cinco años, lo hacen en la parte trasera.
El vehículo Tsuru color oro y café oscuro dobla por la calle de Magnolia y cruza Lerdo. Ahí ella dará sexo oral por 50 pesos, dinero que usará para comprar piedra , el sobrante del corte de la cocaína que le venden adolescentes del rumbo. Si no tiene un buen día se conforma con activo o solvente que cuesta 20 pesos el frasco de plástico y que es ofertado por los mismos tiradores .
Varias veces ha caído en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) de la Gustavo A. Madero, creadas hace nueve años a instancias de la Procuraduría General de la República (PGR). Ahí, casi ningún consumidor es remitido; la mayor parte de ellos, unos 7,000 al año, salen libres pocas horas después de ser detenidos.
Isabel ha entrado y salido de la UMAN varias veces, una por semana tal vez , dice. Sin embargo, no ha sido remitida a ningún reclusorio porque sólo la capturan con su dosis.
Lo que tampoco ha sucedido es que las autoridades la ayuden a entrar a un programa de tratamiento y rehabilitación. A la UMAN no ha llegado la norma que obliga a las autoridades a remitir a los adictos a centros de rehabilitación, en lugar de enviarlos de nuevo a la calle y a las mismas adicciones.
rtorres@eleconomista.com.mx