Ángel Aguirre les da armas y financiamiento

La presencia de grupos de autodefensa en Guerrero es un tema de preocupación no sólo por su operación, sino por la actitud del gobierno estatal a cargo de Ángel Aguirre, quien no solamente los permitió y legitimó sino que les dio financiamiento. De enero a junio de este año, otorgó 11 millones 615,914 de pesos a la CRAC y UPOEG (principales grupos), montos que podrían incrementarse ya que el gobernador se comprometió a darles más apoyo; además de que les proporcionó armas, ambulancias, camionetas, vehículos blindados y equipo de comunicación.

Lo anterior forma parte del Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y Seguridad Pública en Guerrero que elaboró la CNDH, en el cual se advierte los grupos están ubicados en 46 de los 81 municipios de Guerrero; aunque reconoce que a nivel nacional son 100 municipios los que tienen esta figura.

En los resultados de la investigación, la CNDH exhibe la inquietud de que el gobierno estatal alentó el surgimiento de los grupos y recientemente actúa en contra de ellos.

Han realizado acciones que aparentan un uso sesgado de la justicia , expresó.

El organismo en su trabajo de campo logró documentar que, como resultado de la problemática en los municipios, 2,193 víctimas han tenido un desplazamiento forzado de sus territorios. Por ejemplo, en el municipio de Arcelia hay un sinnúmero de viviendas abandonadas; los inmuebles tienen huellas de violencia (orificios de armas de fuego). En Teloloapan, los testimonios refirieron que grupos de la delincuencia organizada ingresaban a los domicilios y se llevaron por la fuerza a jóvenes para incorporarlos a sus filas. En la Presidencia Municipal de Tecpan de Galeana, un servidor público informó que llegaron 70 personas de diferentes poblaciones, refirieron haber abandonado sus domicilios, porque habían llegado grupos armados .

NO DEBEN ASUMIR TAREAS DEL ESTADO

En el estudio, la CNDH advirtió que es inaceptable que las comunidades asuman de manera permanente tareas públicas que no les corresponden y que pueden traducirse en reductos de poder, como hacer justicia por propia mano o ejercer violencia en reclamo de derechos.

La preocupación del organismo se debe a que el gobierno estatal permitió la operación de los grupos de autodefensa y ahora los detiene, cuando entre sus funciones estaba la de coordinar y gestionar los recursos económicos. Por ejemplo, el internamiento de la coordinadora de la policía comunitaria en un centro penitenciario, alejado de sus familiares; sin dejar de observar que el delito (secuestro) pudiera estar relacionado con el tipo de actividades que realizaba... avaladas por el gobierno de Guerrero .

LAS PETICIONES A LOS ACTORES

La CNDH pidió al Senado adoptar medidas para analizar la situación que impera en Guerrero, misma que ha generado una afectación en la vida de los ciudadanos. Al gobernador le solicitó asumir la función que le corresponde, recobrar la seguridad e implementar un programa de presentación de denuncias.

Al Congreso de Guerrero le propuso revisar las condiciones en las que se encuentran los 46 municipios que tienen presencia de grupos de autodefensa; así como adecuar la Ley de Administración de Recursos Materiales local.

Solución

• A la Policía Ciudadana de Olinalá, el gobierno estatal entregó despensas para 25 policías registrados; un cheque por la cantidad 300,000 pesos para mantenimiento de vehículos. Se comprometió a entregar 15 armas R-15.
• Habitantes de diversos municipios han abandonado sus hogares y tierras con la finalidad de salvaguardar sus vidas, porque la delincuencia actúa sin control ante el abandono en materia de seguridad de las autoridades del estado.
• Los municipios que han registrado desplazamientos forzados son: General Heliodoro Castillo, Arcelia, Chilpancingo y algunas zonas de San Miguel Totolapan.
• Las autodefensas no son la solución para recobrar la tranquilidad y la paz. Por el contrario, su formación posterga y entorpece la construcción de cuerpos de seguridad profesionales.
• Cada grupo que surge y opera no sólo es una derrota para las autoridades, al no ser capaces de imponer condiciones mínimas de seguridad, es también una derrota para la ciudadanía.

jose.reyes@eleconomista.mx