¿Vengadores en el INE?

Nadie cuestiona el origen de las fotografías y los videos que enlazan a la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei Zavala, con un contratista al servicio de la 4T. Tras del escrutinio a su vida privada, la duda era su permanencia en el cargo. A seis meses del arranque de las campañas federales, su separación temporal o su relevo definitivo parecían las únicas rutas.

“No me voy”, anunció a sus homólogos, en sus horas críticas. Su renuncia voluntaria al cargo es una salida largamente discutida, dentro y fuera del INE. ¿Y su remoción? Una solución de punto final que la administradora pública, originaria de Caborca, evadió tras de una “profunda reflexión” que le obliga a la congruencia: su salida busca proteger al Instituto, que “debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”.

El Artículo 41 constitucional se refiere a la “falta absoluta” del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales. Las versiones sobre la llegada de la exmagistrada electoral Mónica Arali Soto a la llamada herradura de la democracia abonarían a la hipótesis de una conspiración, comentada en el entorno de Taddei Zavala, donde inicialmente atribuyeron los señalamientos sobre los contratos asignados a los proveedores de materiales electorales a “presiones políticas”.

Confundidos por las presuntas simpatías de los dispersores de la información, identificaron a personajes vinculados a los nuevos partidos como los responsables de la ofensiva mediática que derivó en la renuncia de Taddei Zavala. Las menciones sobre el arribo de Soto están acompañadas por la mención de otro posible suplente en la presidencia del Consejo General: Arturo Chávez.

El texto constitucional establece que si la ausencia absoluta del consejero presidente ocurriera durante los primeros seis años de los nueve que dura su encargo, la Cámara de Diputados elegirá un sustituto para concluir el periodo de la vacante. La solución de un interino —Chávez fue electo apenas hace seis meses— podría concretarse si el Legislativo incumpliera con sus obligaciones. Y a juzgar por lo ocurrido con otros órganos autónomos ya extinguidos (léase Inai e IFT) no es escenario descartable.

La solución a la crisis de confianza en el árbitro electoral se ha focalizado en Taddei Zavala, quien corrió la misma suerte que otros presidentes de organismos autónomos cuestionados por sus conductas personales y sus amistades peligrosas.

En la designación de la actual presidencia del Consejo General del INE, fallaron todos los mecanismos contemplados por la Constitución. Ricardo Monreal no pudo alcanzar mayores acuerdos, salvo la integración de la lista de aspirantes a consejeros electorales definidos en 2022 y el cargo debió definirse en una sesión plenaria, mediante insaculación, de la lista conformada por el comité evaluador. Los legisladores evitaron el escenario extremo: que la tómbola hubiera ocurrido en una sesión de la Suprema Corte Justicia de la Nación.

Otra responsabilidad para el político zacatecano que deberá apurar el paso y consensuar con las demás fuerzas políticas una salida al problema que afronta la autoridad administrativa, en el menor tiempo posible. Ni los académicos especializados en los temas electorales ni los funcionarios con experiencia local estarían entre los favoritos de la 4T. La primera opción seguirá incólume: que sea una mujer.

Efectos secundarios

PRIORIDADES. En los últimos dos años, Puebla ha recibido 11,500 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana y mantener segura a la Angelópolis. Las gestiones del gobernador Alejandro Armenta ante la Federación se verán reflejadas en el Presupuesto de Egresos y obligan a las autoridades locales a dar resultados en seguridad pública y movilidad, los principales rubros que preocupan a los poblanos. Aun así, la duda persiste: ¿qué ocasiona que Puebla sea una de las ciudades peores evaluadas en el país en percepción de seguridad?