O se unen, o desaparecen

Tras el naufragio de la reforma electoral en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde se esfumó la mayoría calificada requerida para la aprobación de los cambios constitucionales propuestos ante la resistencia de una oposición compacta y las “grietas” en el bloque oficialista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha su “Plan B”, con el que pone a prueba la lealtad de sus aliados: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La iniciativa de reforma que contiene el llamado “Plan B”, enviada al Senado de la República el 17 de marzo, coloca en un serio dilema a los aliados de Morena y de la presidenta de México, ya que tanto el PT como el PVEM están entre la “espada y la pared”, dado que la nueva iniciativa de reforma no solamente se trata de un ajuste técnico, sino que es un mensaje político de supervivencia y control presupuestal.

Y es que para el PT y el PVEM, el “Plan B” es una píldora amarga con cobertura de miel, debido a que no solamente afecta su “bolsillo”, sino que atenta contra su supervivencia. La eventual aprobación de este paquete de reformas a leyes secundarias y artículos constitucionales específicos implicaría el rediseño del ecosistema partidista y democrático de México.

Las consecuencias de la eventual aprobación del “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum serían: El sometimiento de la “burocracia dorada” del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que al establecer un tope salarial mensual de 1,500 UMAs (Unidades de Medida y Actualización), equivalentes a equivalen a $175,965.00 pesos, y prohibir bonos y seguros privados, se asfixiaría la resistencia financiera de ese órgano autónomo.

Cabe señalar que si bien la narrativa de la “austeridad republicana” cala en el ánimo del electorado, el riesgo real que se corre, de acuerdo con la opinión de especialistas, es una desprofesionalización de los cuadros técnicos electorales justo antes de la elección intermedia de 2027, en la que está en juego alcanzar o perder la mayoría calificada tan necesaria para sacar adelante las reformas constitucionales que se requieren para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

La reducción del gasto en los congresos locales y el recorte de regidurías, significa un duro golpe a los feudos locales, ya que, de aprobarse este punto, obligaría a la reconfiguración del poder municipal, de tal suerte que muchos “cacicazgos” regionales verán secarse la fuente de financiamiento tradicional de donde abrevan.

Por lo que hace a la búsqueda de la austeridad partidista, los partidos aliados de Morena y de la presidenta de México, públicamente han mostrado “unidad”, pero en lo privado muestran “resistencia” a la propuesta de reducir el financiamiento público a los institutos políticos en un 25% y a la prohibición de aportaciones en efectivo, pues consideran que son ataques directos a su estructura operativa.

Acostumbrado el PVEM a una “aceitada” maquinaria publicitaria y de marketing electoral sufragada con generosas sumas de dinero, y el PT, cuya supervivencia financiera suele ser más modesta, saben ambos partidos que menos dinero significa menor margen de negociación con Morena, condición que pondría en riesgo su supervivencia en el espectro político-electoral del país.

Otro punto de fuerte fricción lo es la eventual eliminación de las listas de representación proporcional tradicionales, como se propone en el “Plan B”. Los aliados de la Cuarta Transformación temen que, al obligar a todos los candidatos a “dar la cara” a los electores y buscar el voto directo, su presencia en el Congreso se diluya frente al peso demográfico, financiero y mediático de Morena.

Un tema crucial lo es la sincronización de la Revocación de Mandato, ya que mover este esquema al primer domingo de junio de 2027, el mismo día en el que se celebrarán las elecciones intermedias para elegir a los 300 diputados federales, a 17 gobernadores, así como a los representantes populares de 16 congresos locales, presidencias municipales, y el primer ejercicio democrático para renovar el Poder Judicial, implicaría un “avasallamiento” de Morena en las urnas.

El hacer coincidir la Revocación de Mandato con las elecciones intermedias de 2027, es una “jugada maestra” de movilización a favor de Morena, ya que el oficialismo garantizaría que la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta electoral (directa o indirectamente), lo cual arrastrará votos para los candidatos morenistas a diferentes cargos, relegando a los abanderados de sus aliados a meras “figuras decorativas”.

Con el “Plan B”, la presidenta de México busca llegar a la mitad de su administración con un sistema electoral más barato y más centralizado. Sin embargo, al atentar contra el “bolsillo” y la “supervivencia” de sus aliados, la mandataria tensa una cuerda que podría romperse si PT y PVEM perciben que el “segundo piso” de la transformación" no tiene espacio suficiente para sus propios intereses.

De insistir la presidenta que la Revocación se empate con las elecciones intermedias, podría hacer que sus aliados se unan a los partidos de oposición: PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, con lo cual nacería en San Lázaro una “súper oposición” que haría perder a Morena su capacidad de aprobar por sí misma cualquier reforma constitucional, y negociar obligatoriamente con la nueva oposición.

En el tablero de ajedrez hacia 2027, resultará clave observar si el PT y el PVEM aceptan “apretarse el cinturón” de la austeridad a cambio de mantener sus cuotas de poder, o si el “Plan B” termina siendo el punto de ruptura de la coalición oficialista, ya que lo que está en juego es su “supervivencia”, o se unen, o tendrán que acompañar a Andrés Manuel López Obrador en su quinta.

Observaremos en los próximos días si hay un “apoyo condicionado” al “Plan B” de la presidenta Sheinbaum por parte del PT y PVEM, así como la efectividad de los “operadores” del oficialismo para “planchar” un eventual acuerdo. Es probable que los aliados de Morena exijan concesiones en las leyes secundarias para proteger sus prerrogativas mínimas o asegurar cuotas de poder en la conformación de las nuevas estructuras locales.

Ambos partidos políticos ya dieron una muestra de rebeldía al votar en contra de la reforma constitucional en San Lázaro; fue claro su mensaje: “Sin nosotros, no hay mayoría calificada”. ¡La moneda está en el aire en el Senado de la República!