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Trump tiene prisa y quiere golpes dramáticos en México
Opinión
Donald Trump exige a México trofeos inmediatos. La destrucción de las alianzas criminales entre políticos y mafias se ha convertido en su bandera electoral. Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, exige celeridad. Y la prensa estadunidense amplifica la presión. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con un gesto calculado: entregó a 37 delincuentes justo el día en que Trump cumplió un año en el poder. La escena fue diseñada para ser leída en clave mediática: un regalo político que el republicano podía presumir, mostrar fuerza y control.
Las encuestas en Estados Unidos reprueban al gobierno de Trump. Intuye que puede perder las elecciones de noviembre para renovar la cámara de representantes y parcialmente el Senado, debido al ascenso de la inflación y el amplio descontento con su política migratoria. En este escenario, el presidente quiere resultados urgentes. Ello explica su gran interés en hacerse de Groenlandia y la exigencia a México de entregar a políticos vinculados con la mafia. Quiere trofeos para su público, ganar las elecciones, mantener el control del Congreso y lograr trastocar el sistema político de su país y el orden económico global de posguerra.
En contraste, la presidenta mexicana insiste en la gradualidad. Sabe que desmantelar de golpe las presuntas redes de complicidad puede generar desorden y mayor violencia. Procesar a gobernadores o miembros del gabinete sin un plan de transición podría poner en riesgo la estabilidad nacional. Su impacto afectaría al propio vecino del norte.
Entender el porqué de la gradualidad remite al ensayo La nación desdibujada del antropólogo Claudio Lomnitz. El autor demuestra que la nación se fragmentó durante el experimento neoliberal. Por un lado, las zonas vinculadas al hoy T-MEC sufrieron una transformación, donde la ley sustituyó a los viejos pactos para gobernar. Pero en las zonas rurales se mantuvo el antiguo orden, consistente en gobiernos dirigidos por alianzas entre políticos y grupos criminales. El PRI mediaba y lograba mantener la gobernabilidad. La derrota de ese partido y la implantación neoliberal dejaron sueltos a dichos grupos. Y la violencia se intensificó.
Me parece que el expresidente López Obrador entendió este fenómeno durante sus largos e intensos recorridos por el país y, en parte, reconstruyó la antigua gobernanza mediante Morena (abrazos no balazos). Por eso, deshacer de un plumazo esos arreglos es peligroso. Desmantelar esas redes requiere tiempo, que no empata con el ritmo electoral de Estados Unidos y las necesidades políticas de su gobierno.
En el proceso lopezobradorista por reconstruir el viejo pacto de gobernanza con los grupos delincuenciales corrompió a su partido y a políticos de alto nivel, de acuerdo con investigaciones periodísticas. Al mismo tiempo, reveló que durante la transición política persistieron los acuerdos entre todos los actores políticos, caciques y malhechores. Su complicidad es de larga data. Por tanto, romper de golpe esos vínculos podría desatar una tormenta que el país podría ser incapaz de enfrentar.
La “desconexión nacional” es el concepto clave de Lomnitz: las instituciones formales dejaron de responder a las necesidades de la vida cotidiana marcada por la violencia, corrupción y desigualdad. Se erosionaron pilares como el Estado y la familia, y perdieron su poder persuasivo conceptos como democracia, legalidad y modernidad para unificar a la nación. Incluso los símbolos patrios -la bandera, el himno, las ceremonias cívicas- se vaciaron de contenido emocional y simbólico.
El neoliberalismo profundizó esa fractura. La apertura comercial y el TLCAN integraron al norte industrial y exportador, pero marginaron al sur y a las economías locales. México se convirtió en un país de dos velocidades: uno conectado a los circuitos globales y otro excluido, sin acceso a los beneficios de la modernización. El resultado fue un debilitamiento del proyecto nacional y la pérdida de cohesión territorial.
La derrota del PRI, consecuencia de la liberación comercial y de la apertura democrática, desarticuló la vieja gobernanza, que regulaba las complejas relaciones entre formalidad e informalidad, entre la ley y los acuerdos ilegales, bajo la égida del viejo partido, organizado y disciplinado verticalmente, a diferencia de Morena. De este modo, los pactos entre políticos, policías y delincuentes sustituyeron al Estado como garantes de orden. La violencia dejó de ser un accidente y se convirtió en un mecanismo de administración del poder. La frontera entre lo legal y lo ilegal se borró, y la autoridad legítima se confundió con la criminalidad. Ese pasado fue la añoranza del expresidente AMLO.
El paralelismo es plausible: mediante Morena se propuso revivir la lógica priista de pactos de impunidad para contener la violencia. El expresidente en vez de refundar a la nación salvó al neoliberalismo. Pero la presión externa amenaza con dinamitar ese frágil equilibrio. Romper los acuerdos puede generar más violencia y debilitar la gobernabilidad.
Trump necesita trofeos para su público, y la exigencia de entregar a políticos vinculados con el crimen organizado es parte de su estrategia mediática. La presidenta mexicana enfrenta así una disyuntiva histórica: sostener la estabilidad con acuerdos informales o ceder a las presiones.
La conclusión es incómoda: México sigue siendo una nación desdibujada, atrapada entre pactos locales y presiones globales. La presidenta deberá decidir si sostiene la estabilidad con acuerdos informales o enfrenta el riesgo de una confrontación abierta con EUA. En cualquier caso, Trump ya encontró la manera de convertir la política mexicana en espectáculo electoral para sus audiencias. Por tanto, el combate a la corrupción interna tiende a imponerse como una prioridad.