La trampa del inversor

México aprobó el 25 de marzo una Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. El nombre es largo. La contradicción que encierra, más. En un mismo texto, el gobierno invita al sector privado a construir carreteras, trenes, plantas de agua y parques industriales —con vehículos de propósito específico, contratos de largo plazo y esquemas de coinversión— mientras la Secretaría de Hacienda conserva el poder de veto sobre cada peso, cada proyecto y cada lineamiento. Se abre la puerta, pero con llave por dentro.

El contexto importa. La economía mexicana creció 1.5% en 2024 y apenas 0.8% en 2025, según el INEGI. Cuatro años consecutivos de desaceleración. La inversión fija bruta cayó 4.9% en términos anuales durante el tercer trimestre del año pasado. El nearshoring, que prometía ser el gran catalizador post-pandemia, avanza a paso lento por la inseguridad, la falta de agua y la incertidumbre regulatoria. Ante ese cuadro, México necesita con urgencia señales claras al capital privado. El problema es que cada señal de apertura viene acompañada de otra que apunta en sentido contrario.

La más reciente no es esta ley: es la autorización del fracking. Después de años de prohibición y discurso ambientalista, el gobierno abrió la puerta a la fracturación hidráulica para estimular la producción petrolera de un Pemex en caída libre. Un giro pragmático que hubiera sido anatema para López Obrador, quien construyó buena parte de su narrativa energética sobre la idea de que México no necesitaba ni el capital privado ni las técnicas extractivas del norte. Sheinbaum lo autorizó sin mayor ceremonia ideológica. Bien. Pero esa misma semana, la generación eléctrica privada sigue limitada por una reforma constitucional que privilegia a la CFE sobre cualquier consideración de eficiencia o precio. Las renovables privadas —eólica, solar— compiten con una mano atada. Los contratos de cobertura eléctrica que daban certeza a la industria fueron cancelados hace años y nadie los ha restituido. El mercado energético no está cerrado por razones técnicas ni fiscales: está cerrado por razones doctrinarias que sobrevivieron a su autor.

Sheinbaum gobierna con dos cerebros. Uno entiende que sin inversión no hay empleos, sin empleos no hay popularidad y sin popularidad no hay proyecto político de largo plazo. El otro repite que el Estado debe conducir, que el mercado distorsiona, que la soberanía energética no se negocia. El resultado es una política económica que abre y cierra puertas al mismo tiempo, que invita a invertir con una mano y regula con la otra. La nueva ley de infraestructura es la síntesis perfecta de esa tensión: un texto que reconoce la necesidad del capital privado pero lo subordina, en cada artículo, a la voluntad discrecional del Estado.

Puede ser útil si sus lineamientos secundarios —que aún debe emitir la SHCP— dan certeza real a los inversionistas. Pero si se convierte en otro andamiaje institucional sin autonomía técnica genuina, sin árbitro independiente y sin garantías contra el cambio de reglas a mitad del partido, será un documento más en el archivo de las buenas intenciones. México lleva demasiados años construyendo marcos jurídicos para la inversión que no invierten y ventanillas únicas que no abren.

México tiene hambre de crecer. Su gobierno tiene miedo de comer.