T-MEC 2026: La Salud Pública en el Tablero Geoeconómico y el Imperativo Regulatorio

En la antesala de la revisión paritaria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para este 2026, la atención mediática suele concentrarse en las reglas de origen de la industria automotriz, las disputas energéticas o las cuotas agroalimentarias. Sin embargo, para quienes analizamos la intersección entre la política pública, la economía y los sistemas de salud, resulta evidente que uno de los frentes más complejos y estratégicos de esta renegociación se librará en el terreno de la salud pública, la propiedad intelectual y la certidumbre regulatoria.

El sector de insumos para la salud —medicamentos, dispositivos médicos, biotecnología y dispositivos médicos— ha dejado de ser un asunto de administración sanitaria estrictamente doméstica para consolidarse como un pilar geoeconómico. En este escenario, México enfrenta el desafío mayúsculo de alinear su estrategia de eficiencia presupuestal y acceso a la salud, con los compromisos ineludibles de un tratado comercial de semejante impacto.

El primer indicador de esta tensión estructural se encuentra en las páginas del reciente Informe de Estimación Nacional de Comercio 2026 (National Trade Estimate Report) publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR). El documento, que sirve como un barómetro de las preocupaciones comerciales de nuestro principal socio, dedica apartados sumamente específicos al seguimiento del proceso de la Compra Consolidada de medicamentos y dispositivos médicos que actualmente ejecuta el gobierno mexicano.

La lectura que la USTR hace de nuestras adquisiciones públicas no responde a una preocupación por nuestras finanzas internas, sino a la vigilancia estricta de la cláusula de "Trato Nacional" y la no discriminación comercial. Cuando un proceso de compra pública masiva carece de transparencia milimétrica, o cuando los tiempos de planeación son asimétricos, los socios comerciales lo interpretan como una barrera no arancelaria de facto. El reto para México, por lo tanto, ya no es únicamente lograr el mejor precio unitario para el IMSS o el ISSSTE; es demostrar, con rigor técnico y procedimental, que nuestro modelo de adquisición consolidad garantiza piso parejo, respeta las patentes vigentes y opera bajo los más altos estándares de certidumbre jurídica internacional.

Aunado a lo anterior, el mismo informe de la USTR enciende una luz de alerta sobre una crisis que hemos documentado reiteradamente en este espacio: el incremento en la incidencia de casos de medicamentos falsificados, adulterados y robados en el mercado mexicano. Este fenómeno no es solo un atentado directo contra la salud de la población, sino una vulneración crítica a los derechos de propiedad industrial y un síntoma de debilidad en la gobernanza de la cadena de suministro.

Combatir este asunto exige superar la retórica punitiva y transitar hacia soluciones de arquitectura tecnológica regulatoria. Es aquí donde la exigencia internacional empata con la necesidad nacional de implementar sistemas de trazabilidad integral (Track & Trace). La capacidad de rastrear un fármaco desde las instalaciones del fabricante hasta la cama del paciente no es un lujo logístico, es una responsabilidad compartida del Estado y la Industria. La reciente publicación de normativas nacionales para el monitoreo del abasto es un paso en la dirección correcta, pero debe evolucionar rápidamente hacia un ecosistema digital inmutable que expulse al mercado negro de las instituciones públicas y las cadenas privadas, blindando así nuestra fortaleza comercial y sanitaria.

En medio de estos señalamientos, es necesario reconocer los aciertos estructurales. El reciente Acuerdo de Colaboración firmado entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud para optimizar el Sistema de Vinculación (conocido técnicamente como Linkage), representa uno de los actos de madurez político-regulatoria más relevantes de los últimos años.

El sistema de Linkage es el mecanismo que previene que la autoridad sanitaria otorgue un registro a un medicamento genérico mientras la patente del innovador siga vigente. Durante años, la desconexión institucional entre el IMPI (que ve patentes) y la autoridad sanitaria (que ve seguridad y eficacia) generó litigios interminables, incertidumbre para los innovadores y retrasos en la entrada legítima de genéricos cuando las patentes finalmente expiraban.

Este nuevo acuerdo no es un simple memorándum de buena voluntad; es una señal contundente hacia nuestros socios del T-MEC de que México está dispuesto a cumplir sus compromisos de propiedad intelectual mediante una coordinación interinstitucional robusta. Fomentar la innovación biomédica y garantizar el acceso oportuno a genéricos de calidad no son objetivos excluyentes, sino el anverso y reverso de un sistema de salud funcional.

Sin embargo, el éxito de este Acuerdo de Vinculación, así como la respuesta a las preocupaciones de la USTR y la instrumentación de cualquier política de Estado en el sector recaen, primordialmente, sobre los hombros de una institución: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

La certidumbre regulatoria, moneda de cambio fundamental en el T-MEC, comienza y termina en las ventanillas de COFEPRIS. Es imperativo comprender que el fortalecimiento de la Comisión no es un asunto de mero aumento presupuestal, sino de una reingeniería profunda. El reto que enfrenta su titularidad es monumental: debe erradicar el rezago histórico de trámites que asfixia la competitividad de la industria, y al mismo tiempo, implementar una estrategia de digitalización de punta a punta.

Un regulador moderno no administra papeles; procesa datos. La digitalización de los dossiers, la adopción de herramientas tecnológicas para la revisión preliminar de expedientes y la consolidación de los mecanismos de Reliance (reconocimiento de resoluciones de agencias homólogas como la FDA o la EMA), son herramientas indispensables para garantizar la simetría regulatoria. Esta simetría significa tratar con el mismo rigor científico, pero con idéntica agilidad administrativa, a un laboratorio multinacional y a otro fabricante nacional; a la terapia génica más avanzada y al medicamento genérico esencial.

Hemos, y esto hay que reconocerlo, visto un esfuerzo importante en la Comisión de Fomento Sanitario desde el año 2025 para coordinar la comunicación entre autoridad sanitaria y sectores regulados.

Si COFEPRIS logra consolidar estos esfuerzos hacia una agencia ágil, transparente, cien por ciento digitalizada y predecible, México desactivará por anticipado el 80% de los conflictos comerciales potenciales en el rubro de la salud durante la revisión del tratado.

Importante, la revisión del T-MEC en 2026 no debe ser recibida con temor o a la defensiva, sino como el gran catalizador externo que nos lleve a ordenar la casa. El Estado mexicano, la industria nacional y las empresas multinacionales establecidas en el país tienen hoy una coincidencia de intereses: todos requieren certidumbre, trazabilidad, Estado de derecho y un regulador de clase mundial.

Cabe aclarar que, será necesaria también la vigilancia estrecha e ineludible de la vigencia de las patentes para garantizar la simetría regulatoria, la certidumbre de la protección de la innovación y, esto es crítico, el debido acceso a genéricos de calidad en pleno cumplimiento con los procesos y tiempos regulatorios. Todo esto para evitar practicas indebidas de ambos lados del espectro.

La coyuntura geoeconómica del tratado comercial para dar el salto cualitativo definitivo. Un Sistema Nacional de Salud transparente en sus compras, implacable contra la falsificación, respetuoso de la innovación y promotor de la competitividad, no es solo la mejor carta de presentación para una renegociación internacional; es, por encima de todo, el ecosistema que merecen los pacientes mexicanos.

Hoy cierro con una frase que se atribuye a Nicolás Maquiavelo: "Donde hay buena disciplina, hay orden y rara vez falta la buena fortuna".

*El autor cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, fue socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad. Y actualmente se dedica a la gestión de asuntos corporativos en materia de salud para la industria farmacéutica y la de dispositivos médicos.