La solvencia del INE

Definidos los partidos que buscarán validar su registro nacional y conseguir curules —por ambas vías— en la LXVII Legislatura del Congreso de la Unión, el INE ha definido los requisitos que deberán cumplir aquellos que traten de llegar a San Lázaro como diputados federales independientes, el próximo año.

Tal odisea iniciaría el próximo 13 de diciembre, cuando los interesados deberán haber manifestado su intención de postularse. Entonces comenzará a correr un plazo de 60 días para que recabar las firmas de apoyo ciudadano, cuyo número será definido en función de la población del distrito electoral al que aspiren representar. En 204 municipios con muy alto grado de marginación, podrán optar por recabar el apoyo de la ciudadanía a través de cédulas de respaldo impresas.

El 12 de febrero de 2027 concluiría esa etapa —la cuarta—, previa al registro de candidaturas independientes. Los aspirantes deberán sujetarse a un tope máximo de gastos: 220,326.20 pesos, si los términos de la convocatoria elaborada por la misión de Prerrogativas son validados por el Consejo General del INE.

La organización del proceso electoral federal avanza, a marchas forzadas. Octubre será una prueba importante. El calendario prevé el inicio de 32 actividades y la conclusión de otras 30. Entre ellas destacan los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales, los lineamientos para la elección consecutiva y los topes de gastos de precampaña y campaña.

También avanzarán el programa de fiscalización con enfoque de riesgo; la selección de la institución académica encargada de monitorear los noticiarios durante precampañas y campañas, y las pruebas o liberación de sistemas para ubicar casillas, reclutar al personal que capacitará a la ciudadanía y registrar las candidaturas.

El INE tiene 507 actividades para llevar a la elección. Frente al ruido mediático, la apuesta del INE será la trazabilidad: acreditar qué actividad se realizó, quién fue responsable, qué instancia la revisó y cuál fue su resultado.

Efectos secundarios

ACENTOS. El Tribunal de Disciplina Judicial cumplió un año de funcionamiento y los magistrados que integran su Pleno rubricaron el primer informe presentado por la presidenta de ese organismo, Celia Maya. En ese contexto, la magistrada Eva Degyvés convocara a los juzgadores a que hicieran “lo que otros dejaron pendiente” y cumplir con las normas del Poder Judicial de la Federación. Reveló además que han pedido información a la UIF como parte de investigaciones a juzgadores que han registrado movimientos inusuales en su patrimonio, transferencias internacionales de fondos y hasta operaciones hechas en dólares o cheques de caja.

CONEXIONES. En un contexto donde 58.8% de los jóvenes ocupados trabaja en la informalidad, conseguir el primer empleo formal es un desafío. En un carril distinto al de las iniciativas gubernamentales está el trabajo de INROADS de México, encabezado por Francisca Labbé; su modelo combina formación, mentoría, experiencia práctica y vinculación directa con compañías como Amazon, Bx+, Cisco, Banamex, Santander, Colgate-Palmolive, HP, Mattel, Warner Bros. Discovery y Grupo Peña Verde, entre otras. Más que capacitación, los resultados muestran un impacto medible: la organización reporta una tasa de éxito en empleabilidad de 90% y un incremento de hasta 141% en los ingresos familiares de sus participantes.

CAUTELAS. Al despacho de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, han llegado señalamientos formulados por empresarios y representantes vecinales sobre presuntos retrasos, trabas administrativas y requerimientos anormales formulados en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, que estarían frenando diversos proyectos. Las versiones incluyen posibles decisiones discrecionales y trato preferencial hacia determinadas empresas, acusaciones que hasta ahora requieren ser documentadas y verificadas.