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El servicio universal que sólo paga Telmex
Jorge Bravo | En comunicación
Existe una contradicción cada vez más difícil de comprender. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) le exige a Telmex ampliar la conectividad rural y cumplir funciones de servicio universal para llevar telecomunicaciones a las localidades donde el mercado no llega. Al mismo tiempo, mantiene sobre la empresa el régimen de regulación asimétrica más severo del planeta. Le pide invertir donde nadie quiere hacerlo mientras conserva reglas diseñadas precisamente para limitar su poder económico y restringir los incentivos para invertir.
La CRT aprobó desde marzo de 2026 los lineamientos para que Telmex presente sus programas de servicio rural (Condición 10.2) y telefonía pública (Condición 10.3) de su título de concesión. Ambas forman parte del concepto de servicio universal que históricamente acompañó la privatización de Telmex y que intenta adaptarse al entorno digital.
Telmex deberá invertir para conectar zonas rurales y mantener casetas telefónicas, mientras sigue bajo el yugo de la preponderancia. Ningún otro operador carga con esa doble condena. ¿Quién debe financiar el servicio universal? ¿Debe recaer exclusivamente sobre un operador? ¿Puede exigirse un objetivo social a una empresa que continúa sometida al régimen de preponderancia?
El argumento del regulador es razonable en el papel. Todos los mexicanos tienen derecho a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluida la banda ancha e Internet. Pero el desafío es a quién se le exige cumplirlo y bajo qué condiciones.
La Condición 10.2 obliga a Telmex a presentar cada 4 años un programa de expansión rural. Antes significaba instalar líneas telefónicas en poblaciones de 2 mil a 5 mil habitantes. Ahora la CRT convierte esa obligación en despliegue de fibra óptica y banda ancha. El regulador establece criterios como localidades sin conectividad, demanda, capacidad financiera, asequibilidad, neutralidad tecnológica y equivalencias respecto de otras obligaciones de cobertura. Incluso prevé que, si no existe acuerdo entre empresa y autoridad, la CRT podrá determinar el programa definitivo.
La Condición 10.3 hace algo parecido con las casetas públicas. Telmex mantiene 550,237 casetas y ahora deberá destinar ese valor económico a redes de transporte en localidades prioritarias, conservando casetas en hospitales, cárceles, escuelas y terminales de transporte. Aunque la CRT reconoce que la realidad tecnológica cambió y que la telefonía móvil desplazó el uso de casetas telefónicas, conserva la obligación de presentar programas periódicos considerando cobertura móvil, marginación, penetración, tráfico, disponibilidad de servicios de emergencia y evolución tecnológica.
Nadie extraña las casetas. Por qué sólo Telmex arrastra esta obligación histórica, cuando el resto de los operadores compiten libremente sin cargar un peso similar. Telmex nació como monopolio estatal y se privatizó en 1990 con obligaciones de cobertura que ningún otro competidor asumió. 36 años después, la herencia sigue viva en un mercado que cambió. Se sumó la regulación de preponderancia y asimétrica que impone tarifas para compartir infraestructura y limita capacidad comercial.
Aquí radica la contradicción. La preponderancia inhibe la inversión. El servicio universal exige inversión. Pedirle a Telmex que despliegue fibra en zonas rurales de bajísima rentabilidad, mientras se le inhibe para invertir en esos mercados por la obligación de compartir esa red, es pedirle que corra con los pies atados. El servicio universal exige inversión de largo plazo. La regulación asimétrica reduce los incentivos para realizar esas inversiones cuando los retornos económicos son limitados.
Por un lado, la CRT considera que Telmex debe extender infraestructura hacia zonas rurales porque existe un interés público. La conectividad rural representa el tipo de inversión con mayor riesgo financiero: localidades dispersas, baja densidad poblacional, altos costos de despliegue y largos periodos de recuperación. Por el otro, continúa aplicando obligaciones asimétricas cuya lógica consiste en limitar su capacidad competitiva. Ningún regulador puede exigir simultáneamente mayores obligaciones de inversión y menores incentivos económicos.
España resuelve el servicio universal de otra manera. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calcula cada año el costo neto del servicio universal (en 2022 fueron 5.38 millones de euros) y designa a Telefónica como prestadora, pero el costo se reparte entre todos los operadores con ingresos superiores a 100 millones de euros. En 2022 fueron 19 empresas. Telefónica, MásOrange y Vodafone financiaron más de 90% del servicio universal y el resto lo cubrieron los demás operadores según su peso en el mercado. En España nadie carga solo con la obligación, el costo se distribuye entre quienes operan en el mismo mercado.
En México el servicio universal recae sólo en Telmex, aunque todos los operadores usan la misma infraestructura, compiten por los mismos usuarios y se benefician de la misma base poblacional.
Mientras tanto, el gobierno federal opera sus propias redes y servicios (Altán Redes, CFT Telecom e Internet para el Bienestar), ellos sí con el mandato explícito de conectar zonas rurales y cumplir metas de cobertura social. Si el Estado ya cuenta con esos programas de conectividad social, por qué insiste en descargar la misma tarea sobre un operador al cual asfixia con regulación asimétrica.
Existen 75,313 localidades, con 6.6 millones de habitantes, sin acceso a internet fijo ni móvil. Casi 30% de esa población vive en condiciones de marginación alta o muy alta. Cerrar esa brecha de conectividad en mercados que no son rentables exige inversión sostenida.
El mercado de 2026 no es el de 1990. Existen operadores nacionales, empresas mayoristas, operadores regionales, redes satelitales, fibra óptica y empresas públicas creadas para ampliar la cobertura social. Si la CRT quiere que Telmex contribuya con el servicio universal, la ruta lógica es extinguir la preponderancia. Mantener las dos cargas no construye conectividad rural, pero sí perpetúa un modelo que castiga a quien invierte y premia a quien observa los toros desde la barrera.
México todavía necesita conectar a millones de personas que permanecen excluidas de la economía digital. Exigirle todo el esfuerzo a un solo operador, mientras se le mantiene encorsetado con reglas asimétricas de hace más de una década, no es política de inclusión digital, pero sí comodidad regulatoria disfrazada de justicia social.
X: @beltmondi