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La reforma sobre jubilaciones y los costos ocultos del populismo
Gerardo Flores Ramírez | Ímpetu Económico
La reforma constitucional al artículo 127 publicada el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación se presentó ante la opinión pública como un acto de justicia: poner fin a lo que la 4T decidió calificar como 'pensiones doradas' de exfuncionarios y funcionarios en activo de Pemex, CFE y otras paraestatales. Sin duda el argumento tiene atractivo retórico, pero no se puede pasar por alto que los arranques con alta carga populista, poco reflexionados y procesados con prisa, generalmente encierran costos no analizados.
Y es que el gobierno optó por la narrativa del agravio antes que por el análisis serio. Se exhibieron listas con nombres y montos; se recurrió al truco propagandístico con un mensaje escandaloso, que resultó falso: que hay pensionados que cobran más de un millón de pesos al mes. Aún cuando hubieran existido, esos casos eran contados con las manos.
A partir de la entrada en vigor de los nuevos criterios, el gobierno estima un ahorro total de 5,000 millones de pesos al año por la reforma. Eso equivale al 0.06% del gasto programable del gobierno federal en 2026. Un alivio fiscal minúsculo para una intervención constitucional de consecuencias mayúsculas.
La primera arbitrariedad es la retroactividad. El Transitorio Segundo del decreto establece que las pensiones ya otorgadas -derechos adquiridos, contratos cumplidos, vidas laborales concluidas- deberán ajustarse de inmediato al nuevo tope. Desde el 11 de abril, una pensión de 200,000 pesos mensuales cae a 67,145 pesos: un recorte del 66 por ciento. Eso no es reforma; es expropiación. Y el parámetro elegido para el tope, la mitad del salario de quien ocupe la Presidencia, es solo un capricho político, sin respaldo en mejores prácticas. ¿Por qué la mitad y no el 60%? ¿Por qué el salario presidencial y no un múltiplo del salario mínimo? No hay respuesta seria a estos cuestionamientos.
Representa un daño muy grave para quienes ya se jubilaron y decidieron dedicar su vida y aportar sus conocimientos a Pemex, CFE o la banca de desarrollo. Pero también para quienes todavía están en activo. Los ingenieros petroleros, geólogos, así como otros ejecutivos responsables de las áreas de exploración y producción, especialistas en refinación y técnicos de alto nivel que hoy sostienen las operaciones de Pemex o CFE, construyeron su plan de vida laboral con una expectativa de retiro. Esa expectativa acaba de ser destruida por decreto. Ante ello, la teoría económica predice con precisión dos tipos de respuesta racionales.
La primera es la salida. Un ejecutivo de alto nivel en Pemex o CFE, con 10 o 15 años por delante antes de jubilarse, enfrenta hoy un valor presente de su pensión futura drásticamente reducido. Para ese perfil —con opciones en el sector privado o en empresas internacionales del sector energético— la ecuación puede resolverse con una renuncia. México ya padece escasez de capital humano especializado en el sector hidrocarburos; esta reforma puede acelerar una sangría que el país no está en condiciones de absorber, justo cuando Pemex intenta revertir años de declive productivo y cuando la estrategia de gas no convencional anunciada días antes por la propia presidenta Sheinbaum requiere precisamente ese tipo de talento.
La segunda respuesta es aún más preocupante: la corrupción. Un funcionario que percibe que el Estado le ha expropiado su bienestar futuro tiene ahora incentivos para compensarlo de manera irregular. Los actos de corrupción en empresas productivas del Estado no ocurren en el vacío; ocurren cuando los incentivos institucionales se desalinean. Cada contrato inflado, cada decisión de compra sesgada, cada adjudicación dirigida tiene un costo que no aparece en los 5,000 millones de pesos de ahorro que el gobierno presume. Aparece, en cambio, en el costo real de los proyectos, en la ineficiencia operativa y en la pérdida de valor de activos públicos que pertenecen a todos los mexicanos, además de los futuros mayores costos para los contribuyentes.
La ironía histórica es notable. El grupo político que se jacta de haber eliminado la corrupción, aunque eso esté totalmente alejado de la realidad, acaba de introducir un esquema de incentivos para que la corrupción se reproduzca entre quienes elijan quedarse.
El pretendido ahorro será pequeño frente a los costos ocultos que se derivarán de la pérdida de capital humano y de una mayor corrupción. ¿En serio nadie se atrevió a advertirle esto a la presidenta?
*El autor es economista.