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Opinión

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Reforma Fiscal 2027

Eduardo Revilla | Recursos Públicos

El Paquete Económico para el 2027 –presentado el pasado 8 de septiembre por la titular del Poder Ejecutivo– anuncia que no habrá nuevos impuestos para el año entrante. Lo que sí habrá, sin embargo, serán incrementos a los impuestos existentes, en especial al Impuesto sobre la Renta (ISR).

La iniciativa presidencial propone, entre otras enmiendas a la Ley de ISR, (I) limitar el monto máximo de las deducciones generales de las empresas generando –en los hechos– un impuesto mínimo; (II) limitar la aplicación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores contra utilidades futuras hasta 50%; (III) limitar la deducción de intereses netos; (IV) reflejar estas limitantes en el cálculo de los pagos provisionales mensuales a fin de anticipar un impuesto mayor durante el transcurso del ejercicio fiscal; (V) diferir (al flujo) el momento de la deducción por pago de servicios, arrendamientos o pagos a residentes en el extranjero; (VI) modificar la conformación de las cuentas de utilidades fiscales netas y de capital de aportación (que permiten el pago de dividendos o el retorno de capital a favor de sus accionistas, sin consecuencia fiscal para las empresas que los pagan con cargo a dichas cuentas), con el fin de reducir el monto de dichos atributos y generar una mayor carga fiscal a las empresas y a sus accionistas, y por último, (VII) desaparecer el régimen de integración (conocido en su momento como consolidación fiscal) para anticipar el pago del ISR diferido al cierre del ejercicio 2026.

A la fecha de la presentación de este Paquete Económico, la recaudación del ISR había caído frente a la estimación prevista en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio del 2026. La necesidad de incrementar la recaudación fiscal para financiar un creciente presupuesto de egresos federal –que será de 10.6 billones de pesos para el 2027–, presupuesto que compromete la mayoría de sus partidas a gasto corriente, programas sociales, pensiones y servicio de la deuda, solo puede lograrse a través de las medidas antes señaladas que aseguran un impuesto mínimo, aunque no se obtengan utilidades, establece una base gravable artificiosa y castiga, fiscalmente, la distribución de utilidades o el retorno de capital.

Debemos cuestionarnos –seriamente– cómo impulsar el desarrollo empresarial en nuestro país, atraer inversiones extranjeras, aprovechar los acuerdos comerciales y regionales existentes, todo lo anterior para generar empleo y crecimiento sostenido. Sin embargo, resulta complejo lograr lo anterior, cuando el monto del déficit público estimado para este año es de 4.1 y de 3.9% para el 2027, cuando el peso de la fiscalización recae solo sobre el contribuyente visible (cautivo) y no sobre la economía informal –la cual supera ya 60% del total de la economía nacional– y cuando no se ha logrado establecer un entorno de certeza jurídica al sector productivo tras la implementación de la reforma al Poder Judicial del 2024. Tal parece que el mensaje detrás de este Paquete Económico es postergar, un año más, una verdadera fórmula de crecimiento que actualmente apenas puede sostener una minoría.

Eduardo Revilla. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Presidente de la Comisión de Impuestos de la International Chamber of Commerce (ICC México). Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP. Ha sido profesor de Derecho Fiscal por más de 30 años en diversas universidades.

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