El ranking que incomoda a las grandes cadenas de hospitales privados

Por séptimo año consecutivo, el ranking de hospitales privados de México —elaborado por la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) y Blutitude, y publicado por Expansión— volvió a medir el desempeño de una parte del sector. En esta edición participaron 103 hospitales y 99 de ellos entregaron información de egresos hospitalarios. Lo relevante no es solo el número, sino el proceso: lo que comenzó en 2020 con fuentes públicas y encuestas ha evolucionado hacia una colaboración en la que los propios hospitales aportan datos que normalmente resguardan con celo. Esa información se utiliza exclusivamente para el ranking y no se comparte ni se comercializa. La confianza, construida con reglas explícitas, es hoy uno de los principales activos de dicha clasificación.

Dicho ranking ha demostrado utilidad práctica. Los responsables de calidad en los hospitales lo usan como palanca para dialogar con otras áreas operativas cuando detectan rezagos. Los pagadores —pacientes y aseguradoras— lo consultan, dentro de sus limitaciones, para orientar decisiones. Su metodología, centrada en el mercado mexicano y con capacidad de comparar instituciones que compiten en la misma plaza, ha sido lo suficientemente robusta como para que rankings de alcance latinoamericano -como el Ranking IntelLat que derivó del que hacía América Economía- hayan adoptado elementos de ella. El proyecto, además, se sostiene con un modelo que dista de ser un negocio: el grueso de los recursos se destina al trabajo técnico, y los economistas de la salud que lo encabezan -Eduardo González-Pier y Mariana Barraza- perciben montos modestos. No se cobra a los hospitales por participar, ni tampoco se ofrece consultoría a partir de los resultados.

Sin embargo, la consolidación del ranking ha coincidido con una resistencia que ya no es pasiva. Grupo Ángeles, que preside la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP) a través de Jesús Ruiz López hasta 2028, se retiró del ranking hace varios años. Más recientemente, según relataron González-Pier y Barraza, esa posición se ha traducido en presión hacia otros integrantes del Consejo Directivo para que también se abstengan de participar. No se trata de un desacuerdo técnico individual de cada hospital, sino de una decisión de grupo que busca limitar la medición.

No todos han cedido a esa presión. TecSalud y los hospitales de Star Médica forman parte del Consejo y sí participaron en el ranking. El Centro Médico ABC, el Hospital Español y el Centro Médico Dalinde entregaron información en la categoría de urgencias cardiológicas, pero no aceptaron participar en la clasificación general. Esto hace deducir que la ANHP no es un bloque homogéneo: dentro de ella conviven instituciones que aceptan ser medidas con transparencia y otras que prefieren no hacerlo.

La resistencia tiene un componente comercial claro. Un ranking que no coloca automáticamente en los primeros lugares a los hospitales más caros genera tensión, especialmente cuando ya no existen territorios exclusivos. Hace años en la capital del país era común que en Polanco, Pedregal, Tlalpan, Santa Fe o Interlomas hubiera un hospital dominante. Hoy, en varias de esas zonas operan dos o tres instituciones que compiten por los mismos médicos, las mismas aseguradoras y los mismos pacientes. En Santa Fe, por ejemplo, coexisten el ABC, Star Médica y Mac, con proyectos adicionales en construcción. En ese entorno, la granularidad del ranking mexicano —que permite comparar hospitales de la misma ciudad o corredor— resulta más incómoda que los rankings regionales, donde salir bien respecto a un hospital de Brasil o Chile no altera la decisión de un paciente que elige entre opciones locales.

Esta dinámica revela una fractura de fondo en el sector. Hay hospitales y grupos que ven en la medición una herramienta de mejora y de diferenciación legítima; otros prefieren gestionar su reputación y su posición de mercado con mayor control sobre la información disponible. La paradoja es que la ausencia de los grandes está abriendo espacio de visibilidad a hospitales de menor tamaño o de mercados locales que sí participan y que, de otro modo, quedarían opacados.

Al mismo tiempo, el sector enfrenta un fenómeno que el ranking no mide directamente, pero que varios observadores señalan: una expansión de camas e instalaciones que coexiste con niveles de ocupación relativamente bajos. La pregunta de por qué se sigue construyendo en ese contexto de camas desocupadas permanece abierta y merece respuesta de quienes invierten.

El contexto de todo esto es que la rectoría pública sobre el sector hospitalario es limitada, que continúa la expulsión de demanda del sector público al privado y que una parte creciente de la población financia la atención médica con su propio bolsillo. En este escenario, contar con información comparable de los hospitales adquiere mayor relevancia.

El ranking no ha desaparecido pese a la presión y, por su trayectoria, es improbable que lo haga.

La cuestión de fondo no es si el ejercicio continúa, sino si el sector hospitalario privado está dispuesto a convivir con una medición independiente que permite a pacientes, aseguradoras y a los propios hospitales comparar desempeño en un mercado cada vez más competitivo. Escuchar los argumentos de quienes optan por no participar —empezando por Grupo Ángeles— resulta necesario para entender con precisión dónde radica la resistencia y qué implica para el resto del sistema.