Los pendientes de la autonomía económica

Durante décadas las mujeres necesitaron permiso de su padre o esposo para tomar decisiones sobre sus ingresos y patrimonio. En México, fue hasta 1962 cuando pudieron abrir una cuenta bancaria sin autorización de un hombre y, doce años más tarde, se les reconoció el derecho a celebrar contratos y administrar su patrimonio en las mismas condiciones que los hombres. Más de cincuenta años después, parecería que esa discusión quedó atrás. La ley ya reconoce esos derechos, sin embargo, la autonomía económica sigue siendo una deuda pendiente con las mujeres.

Con frecuencia, este concepto se reduce a tener un empleo y generar ingresos. Pero la autonomía económica implica contar con recursos propios y suficientes para vivir, así como tener oportunidades para crecer profesionalmente y acumular patrimonio. En conjunto, estas condiciones permiten tomar decisiones sobre los proyectos de vida sin depender de alguien más.

Los datos muestran que la brecha entre los derechos y la realidad sigue siendo distante. El Banco Mundial estima que México obtiene 83 puntos en el marco legal para promover las oportunidades económicas de las mujeres, una calificación por encima del promedio mundial y de América Latina. Sin embargo, cuando se evalúan la implementación y el cumplimiento, la calificación cae hasta 54. La brecha es aún más evidente para el subíndice de mercado laboral, donde la percepción de cumplimiento no alcanza ni 40 puntos.

El reto claramente está en garantizar que las mujeres puedan ejercer esos derechos en condiciones de igualdad. Algo similar ocurre con el patrimonio. Aunque en el papel las mujeres tienen los mismos derechos de propiedad que los hombres, en la práctica enfrentan mayores obstáculos para acumular activos, acceder al crédito o adquirir una vivienda a su nombre.

Esta realidad también se refleja dentro del país. En el IMCO medimos la autonomía económica como uno de los tres pilares de Estados #ConLupaDeGénero 2026, una herramienta que compara la capacidad de las entidades para impulsar la participación económica de las mujeres. Este pilar considera cuatro indicadores: contar con ingresos propios, percibir un ingreso laboral suficiente para cubrir la canasta alimentaria, propiedad de la vivienda y emprendimiento formal.

En Veracruz, 38% de las mujeres no reciben ingresos propios, proporción que se reduce a prácticamente la mitad en Baja California Sur. En el Estado de México apenas 12% de las mujeres son propietarias o copropietarias de una vivienda, mientras que en Campeche la cifra prácticamente se duplica. En Chiapas y Oaxaca, alrededor de tres de cada cinco mujeres ocupadas viven en pobreza laboral. Estos resultados deberían preocuparnos, no solo por el desempeño de los estados peor evaluados, incluso las entidades con los mejores resultados siguen estando lejos de ofrecer una realidad alentadora.

Contar con leyes que reconozcan la igualdad no ha sido suficiente, ya que todavía no se traduce en igualdad de oportunidades. Mientras una mujer no cuente con un entorno que le permita generar ingresos propios, construir patrimonio o salir de la pobreza a pesar de trabajar, su autonomía seguirá siendo limitada. Eso implica generar empleos formales y bien remunerados, acceso a financiamiento y a la propiedad, así como un sistema de cuidados que haga posible permanecer y crecer en el mercado laboral. La verdadera medida para reconocer el avance en materia de igualdad no está en las leyes aprobadas, sino en la capacidad en la que más mujeres puedan decidir con independencia económica.