Nuevo “modelo” eléctrico, estatismo, discrecionalidad e incertidumbre

El régimen se contorsiona y se disfraza. Emite reglas y declaraciones abigarradas y contradictorias como señuelo para la iniciativa privada en el sector eléctrico, y presenta credenciales (apócrifas) de sostenibilidad y energías limpias. Recordemos que desde 1992 y hasta 2018, México avanzó firmemente por un camino de apertura a la inversión privada y a la competencia, de transición energética, y de metas climáticas y energía limpia. En 2013, durante el gobierno de Enrique Peña, se logró una histórica Reforma Energética que abrió a la inversión privada y a la competencia la generación de electricidad, el suministro y la comercialización. A través del Centro Nacional de Control de Energía con autonomía técnica, se introdujo el despacho de centrales eléctricas por mérito económico, es decir, dando preferencia a las más baratas con los menores costos marginales (lo que favoreció a las energías limpias). También se llevaron a cabo subastas de energía limpia que lograron los precios históricamente más bajos para la electricidad, y se instituyeron los Certificados de Energía Limpia, como instrumento fundamental de descarbonización y sostenibilidad eléctrica. Se creó el Mercado Eléctrico Mayorista, y los contratos bilaterales de compra venta de energía, y se favoreció la generación distribuida de energía renovable. Todo esto catalizó la inversión privada, fortaleció al sector eléctrico, obligó a la CFE a ser competitiva y a generar utilidades, permitió menores costos y tarifas, y detonó a las energías limpias. Pero trágicamente, la 4T demolió, revirtió y destruyó casi todo.

Hoy, con un nuevo “modelo” ha formalizado el desmantelamiento de instituciones, destruyendo capital humano irremplazable, y restablecido un marco cuasi-monopólico, centralizado y discrecional en el sector eléctrico. Por un lado, el nuevo “modelo” restringe a los proyectos privados y al mercado a un papel marginal y subordinado al gobierno. Por otro lado, crea esquemas restrictivos y arbitrarios de “planeación vinculante” (que es más bien un opaco instrumento de control político). Uno es la venta forzada a CFE como monopsonio y suministrador monopólico de servicios básicos. Otro, son “contratos mixtos” donde el gobierno decide todo (con derecho de veto) y las empresas ponen todo el capital y la responsabilidad de financiamiento, construcción y operación, asumiendo todos los riesgos. Peor, después de un cierto periodo (relacionado caprichosamente con la Tasa Interna de Retorno) se revierte la propiedad de los activos a la CFE. En abril de 2026 se filtró el modelo para “contratos mixtos”, que plantea riesgos asimétricos inaceptables para las empresas. Y esto, sin contar los grandes riesgos sistémicos (riesgo del régimen) y la destrucción del Poder Judicial. La CFE mantiene siempre al menos el 54% del capital, a pesar de que sólo aporte en especie terrenos, una promesa de compra de energía, y otros intangibles. El procedimiento es a través de “convocatorias”, donde se han inscrito numerosas empresas, al vuelo, y de manera gratuita, lo cual es racional: les permite ver sin pagar, y desde luego, sin formalizar ningún compromiso ni definir detalles de los proyectos. El gobierno presume que han sido cientos de empresas, pero ninguna ha cerrado financiamiento. De esta forma, el gobierno piensa instalar 32 mil MW (casi una tercera parte de la capacidad total de generación existente en la actualidad), de los cuales, se supone, que 7.5 mil MW serán de energía limpia con baterías, lo cual los encarecería considerablemente. Se trata de un globo de aire caliente, que se irá desinflando. Los inversionistas no comen fuego, a menos que tengan relaciones de compadrazgo con el gobierno, lo que les daría cierta certidumbre.

El gobierno ya decidió cuáles serán sus estados favoritos, donde habrá proyectos privados prioritarios (con tramitología expedita, suponemos que eludiendo la Evaluación de Impacto Ambiental), entre los que no se encuentran, misteriosamente, Baja California y Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí. Las decisiones de energía limpia del gobierno se orientarán a través de “proyectos mixtos”, eólicos en el noreste y solares en el noroeste, mientras que el gas natural se asignaría discrecionalmente a empresas y proyectos consentidos. En este galimatías, no habrá subastas, y no es claro cómo habrá despacho económico transparente; sin ello, todo el sistema será más costoso. Entrarán en funcionamiento o serán despachadas preferentemente, centrales eléctricas propiedad de empresas favoritas del gobierno. Pero, en este escenario, es prácticamente imposible que se materialicen proyectos antes del fin del sexenio. Todos estos proyectos sólo serán viables si existe capacidad de transmisión hacia los centros de carga más importantes. Pero las líneas existentes están saturadas, ya que la 4T canceló proyectos estratégicos de transmisión e interconexión. Se estima que el costo de adaptar y desarrollar la red de transmisión oscilaría entre 10 mil y 30 mil millones de USD; pero el gobierno no los tiene, ni permite que invierta directamente en ello la IP, o a través de una FIBRA E, que equivaldría a “privatizar”. ¿Quiénes confiarán en este nuevo “modelo”?