Nuevo marco legal ambiental, una evolución impostergable

El marco legal ambiental vigente en México fue construido hace casi cuatro décadas para responder a los desafíos de otra época. Hoy enfrentamos una realidad mucho más compleja: el cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y la contaminación afectan directamente la salud, la economía y el bienestar de millones de personas. Ante este escenario, actualizar nuestras leyes ambientales dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad impostergable.

En la década de los setenta, de la mano de grandes impulsores de la conservación como Arturo Gómez Pompa, Gonzalo Halffter o Miguel Álvarez del Toro se crearon las primeras Reservas de la Biosfera. Unos años después, se emitió la Ley Federal de Protección al Ambiente que institucionalizó por primera vez la política ambiental Posteriormente, en 1988, se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que respondió a los retos de su tiempo.

Hoy corresponde hacer frente a una realidad ambiental profundamente distinta. Por ello, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, proponemos una nueva Ley General bajo una visión humanista, progresista y cercana a las personas. Reconocemos una realidad fundamental: que la protección de la naturaleza, el bienestar social y el desarrollo económico ya no pueden concebirse como agendas separadas. La nueva legislación busca construir una relación distinta entre sociedad y naturaleza, basada en la prevención, la corresponsabilidad y la justicia ambiental.

La propuesta reúne en una sola visión regulaciones vigentes derivadas de tratados internacionales, mejores prácticas y experiencias acumuladas en la gestión ambiental del país. Se sustenta en principios que reconocen que el patrimonio natural es la base de la prosperidad y el bienestar; que proteger debe prevalecer sobre reparar; que la conservación y la restauración son inversiones de futuro; que un cambio de paradigma es necesario para nuestro modelo de producción y consumo; que las decisiones públicas deben apoyarse en la evidencia científica; y que la protección del patrimonio biocultural y de quienes defienden la naturaleza constituye una responsabilidad compartida por toda la nación.

Para llevar estos principios a la práctica, la propuesta incorpora nuevos instrumentos como la Evaluación Ambiental Estratégica, que permitirá anticipar los impactos ambientales acumulativos desde la etapa de planeación de los programas institucionales e identificar las obras que deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental. También incorpora conceptos fundamentales como las soluciones basadas en la naturaleza, la adaptación al cambio climático y la valoración de los beneficios ambientales. Asimismo, establece con mayor claridad las competencias de la Federación y los estados, con el propósito de fortalecer la gestión territorial y brindar mayor certeza a las inversiones.

La justicia ambiental atraviesa toda la propuesta. No sólo se trata de prevenir impactos ambientales, sino de garantizar el acceso efectivo a la información, la participación ciudadana y la protección de quienes dan la vida por la vida. La legislación incorpora disposiciones específicas sobre participación ciudadana y reconoce formalmente el patrimonio biocultural. Además, se incorporan los principios del Acuerdo de Escazú, atendiendo la deuda histórica que tenemos con las comunidades.

Esta propuesta se construyó a través de un proceso participativo, y tomando en consideración cientos de propuestas de sociedad civil, industria, especialistas y por las instituciones que integran el sector ambiental Desde el primero de septiembre, la iniciativa está en manos del Poder Legislativo, al que corresponde analizarla y enriquecerla mediante los mecanismos de diálogo y deliberación. En este sentido, reconocemos el amplio proceso de parlamento abierto que lleva a cabo la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Modernizar las reglas es indispensable para cerrar vacíos legales, promover su efectividad y dotar a México de un marco jurídico de vanguardia. La protección de la naturaleza ya no puede entenderse como una tarea exclusiva de las instituciones, sino como una responsabilidad compartida con las comunidades, el sector productivo y la ciudadanía. La conservación de nuestro patrimonio biocultural no es una limitación al desarrollo; es la condición que hará posible una prosperidad duradera y una vida digna para las generaciones presentes y futuras.