Modalidad 40, ¿laberinto legal?

¿Cuál es la razón por la que el gobierno mexicano decidió cambiar las reglas para la Modalidad 40 (M-40) del IMSS?

¿Cuál es el cálculo sobre el que se basaron quienes recomendaron llevar a cabo éste complicado paso?

¿Representa el primer paso para rediseñar el sistema de pensiones?

¿Hasta dónde llegarán las autoridades para denunciar y en su caso sancionar a los defraudadores?

Llegarán, como lo han dejado entrever, a ¿hacer pública la lista de quienes supuestamente abusaron de la M-40?

¿Harán reversible o cancelarán el pago de las pensiones de quienes acusan que cometieron fraude para alcanzar los montos máximos?

Hasta ahora no hay respuestas a estas y muchas otras preguntas.

Es un proceso en curso. Por lo pronto, hay mucha incertidumbre, no solo por las consecuencias que tendrá para la derechohabiencia.

Las inquietudes también plantean interrogantes sobre el enorme elefante en la sala: el sistema de pensiones, el elevado y creciente costo que representa el pago de las pensiones.

¿Ayudará a resolver la complicada convergencia de los 3 regímenes que coexisten a la fecha?:

1.- El de la Ley de 1973; 2.- La Ley de 1997 con la que cada trabajador acumula su ahorro en una cuenta individual; 3.- La pensión universal para personas mayores de 65 años.

Muy probablemente, los tomadores de decisiones en el gobierno hicieron el diagnóstico. Siguen realizando los análisis actuariales correspondientes en torno al impacto económico de la defraudación en torno a la M-40.

Quizás no hicieron la valoración política, social y legal de lo que implicaría las medidas establecidas en el acuerdo que resolvió poner en marcha el Consejo Técnico del IMSS.

Las modificaciones a la Modalidad 40 (M-40) del IMSS podrían convertirse en un complicado laberinto legal, con pocas posibilidades de encontrar la salida.

La acusación desde el gobierno y el propio IMSS señala un fraude por miles de millones de pesos, con el abuso de la M-40.

La denuncia gubernamental, hasta ahora, es en general. No hay, todavía, ni montos específicos de la presunta defraudación, ni acusaciones precisas en contra de nadie.

Los expertos legales aseguran que un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS no puede estar por encima de lo que dispuso el legislador; el cambio tendría que transitar por el Congreso, dicen.

La acusación, exhibición y eventual invalidez y sanción de las presuntas pensiones abusivas, podrían derivar en una oleada de amparos.

¿Qué impacto político alcanzará un escenario como ese?.

¿De qué magnitud será el ahorro para la Secretaria de Hacienda, para el gobierno, el cambio dispuesto en la M-40?.

Por lógica económica hay quienes aseguran que es un paso positivo en la dirección correcta.

El IMSS y Hacienda tendrán que hacer pública la información que resulte del análisis ordenado.

Por lo pronto, para el IMSS, el impacto positivo será nulo porque no es el organismo el que paga lo que corresponde a la Ley de 1973, incluída la M-40.

Desde la secretaria de Hacienda, encabezada por Edgar Amador y el IMSS, dirigido por Zoe Robledo, aseguran que se trata de una medida que busca evitar el abuso en torno a la M-40.

Sostienen que está afectando negativamente los recursos públicos.

Es injusto, que la gente se beneficie más allá de la realidad, explica Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Creemos que se venía defraudando el objetivo central de la modalidad 40, que era abrir la posibilidad a quienes estuvieran cerca del retiro y se quedara sin trabajo, de alcanzar la pensión, pero no de abusarla, comentó.

El funcionario rechaza que haya una crisis financiera y subraya que la decisión primordial (del gobierno y del IMSS) es evitar que se siga afectando el patrimonio institucional.

Para el experto en pensiones Pedro Vázquez Colmenares la M-40 es apenas la punta del iceberg de los cambios que tiene que hacer el IMSS.

La M-40, sí es un derecho pero se abusó de ese derecho, por ganancias de gestores y de servidores públicos.

Es positivo que se atienda, pero debe hacerse de tal manera que no paguen justos por pecadores.

La M-40, sin lugar a dudas, se convirtió en una disposición legal que con el tiempo convirtió su positivo objetivo original en una fuente de irregularidades, corrupción y fraudes, en demérito de los recursos públicos.

La decisión de resolverlo apunta en la dirección correcta.

La pregunta es si, el camino y el momento seleccionados para hacerlo, serán los correctos.

Ojalá el asunto no termine en un enredo legal e improductivo económica y políticamente.

Al tiempo.