El mercado de carbono y la nueva etapa detransición climática y financiera

Durante años, el cambio climático fue tratado principalmente como un debate ambiental. Hoy esa visión ya es insuficiente. El clima empieza a impactar inversión, infraestructura, energía, seguros y cadenas globales de suministro. En ese contexto, los mercados de carbono están dejando de ser un tema técnico para convertirse gradualmente en un componente cada vez más relevante en la evolución económica y financiera global.

En esencia, los mercados de carbono buscan ponerle un precio económico a las emisiones contaminantes. Durante décadas, muchas actividades económicas pudieron emitir gases de efecto invernadero sin que ese costo ambiental se reflejara directamente en el mercado. Los mecanismos de carbono buscan corregir parcialmente esa distorsión mediante incentivos económicos que favorecen la reducción de emisiones y canalizan recursos hacia proyectos con beneficios ambientales reales.

Existen distintos esquemas. En algunos casos, los gobiernos establecen límites de emisiones y permiten que las empresas compren o vendan permisos para emitir carbono dentro de ciertos parámetros. En otros, especialmente en los mercados voluntarios, las empresas adquieren créditos de carbono para compensar parte de sus emisiones, financiando proyectos forestales, de captura de carbono, de conservación ambiental o de generación de energía limpia.

Más allá de sus diferencias técnicas, el fenómeno ha crecido rápidamente. De acuerdo con el Banco Mundial, actualmente alrededor del 28% de las emisiones globales ya están cubiertas por instrumentos directos de precio al carbono, frente a apenas 5% en 2005. Hoy operan cerca de 80 instrumentos de carbono a nivel mundial —43 impuestos al carbono y 37 sistemas de comercio de emisiones— cuando hace apenas dos décadas existían alrededor de 10. Tan solo en 2024, estos mecanismos generaron más de 100 mil millones de dólares en ingresos globales por segundo año consecutivo.

El crecimiento también se refleja en el precio promedio del carbono, que pasó de alrededor de 10 dólares por tonelada de CO₂ equivalente en 2015 a cerca de 19 dólares en 2025. Detrás de estas cifras hay una transformación más profunda: el carbono empieza a convertirse gradualmente en una variable financiera real. Ya influye en decisiones de inversión, acceso a financiamiento, valuación de activos y competitividad exportadora.

Para muchas empresas, especialmente aquellas integradas a cadenas globales de producción, el tema dejó de ser únicamente reputacional. Se está convirtiendo cada vez más en un componente de competitividad económica.

Esto resulta particularmente relevante para México. El país fue pionero regional al desarrollar el primer Sistema de Comercio de Emisiones de América Latina y el Caribe. Además, México actualizó en 2022 su Contribución Nacional Determinada comprometiéndose a reducir 35% de sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030. Paralelamente, el mercado voluntario de carbono opera en el país desde 1998 y actualmente existen más de 240 proyectos registrados, muchos de ellos concentrados en el sector forestal.

Las ciudades también empiezan a adaptarse a esta transición. En la Ciudad de México se ha impulsado una visión de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, entendiendo que la sostenibilidad no debe verse únicamente como un discurso ambiental, sino también como una herramienta de resiliencia financiera y planeación de largo plazo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de acelerar la transición energética y climática del país, mientras que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha subrayado la importancia de construir mecanismos financieros y regulatorios que permitan avanzar hacia una economía baja en emisiones.

En la capital del país, la Jefa de Gobierno Clara Brugada ha retomado esta visión a través del Acuerdo por una Ciudad Baja en Emisiones con el sector privado y del compromiso establecido en el Plan de Acción Climática de la Ciudad de México para reducir 35% las emisiones de CO₂.

En los últimos años, la ciudad también ha comenzado a incorporar instrumentos fiscales y financieros asociados a criterios ambientales. El impuesto ecológico aplicado a emisiones contaminantes forma parte de esa lógica: reconocer que las externalidades ambientales tienen costos económicos reales y que las políticas públicas pueden generar incentivos más eficientes para reducir emisiones y acelerar procesos de transición tecnológica y energética.

La emisión del Bono Verde de la Ciudad de México en la Bolsa Mexicana de Valores durante 2025 reflejó igualmente esa visión. Con el acompañamiento de Edgar Amador y un servidor, la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina colocó 3 mil millones de pesos destinados a proyectos de movilidad sustentable, particularmente las Líneas 5 y 6 del Cablebús, mediante una emisión alineada con la Taxonomía Sostenible de la Secretaría de Hacienda. La demanda superó más del doble del monto objetivo, mostrando el creciente interés de inversionistas por instrumentos vinculados con sostenibilidad y su confianza en las finanzas sanas de la Ciudad de México.

Hay que reconocer que también los riesgos existen. La falta de transparencia, el greenwashing y los créditos de baja calidad pueden debilitar rápidamente la credibilidad de estos mercados. Un mercado de carbono sin integridad pierde legitimidad y termina erosionando la confianza de inversionistas, gobiernos y sociedad.

Por eso, el verdadero reto no será solamente crear más instrumentos, sino construir mercados confiables, transparentes y técnicamente sólidos. La transición climática también será una transición financiera. Y en los próximos años, la diferencia no estará únicamente en quién crece más, sino en quién logra integrar mejor crecimiento, financiamiento y sostenibilidad dentro de una misma visión de desarrollo económico. Esta es la visión financiera que compartimos en la Ciudad de México.

*El autor es Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.