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Mediocridad del Presupuesto 2027
Carlos Hurtado | Columna Invitada
Los Criterios 2027 para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y la Inicaitiva de Ley de Ingresos (ILIF) proponen que el déficit baje de 4.1% del PIB a 3.9 por ciento. La reducción es débil por los riesgos que representa la evolución de las finanzas públicas. La llamada “consolidación fiscal” es tímida.
Destaca que es el mayor déficit público programado para el siguiente año de los últimos 21 años, salvo por el 2024. Desde el 2020 los déficits propuestos han rebasado a los previstos, quizá con excepción de este año. Un mal precedente por la contingencia de las elecciones en el 2027, que normalmente relajan el gasto y elevan el déficit.
La deuda pública alcanza 62.7% del PIB (FMI). Arriba del umbral que se considera riesgosa para economías emergentes. Aun cuando el régimen la considera “manejable”, lo prudente en estas circunstancias sería un ajuste fiscal más pronunciado –como el que se llevó a cabo en 2016-2018 cuando se había alcanzado un endeudamiento similar–. Fue eso, no la “austeridad” de AMLO, lo que le dio sostenibilidad fiscal al gobierno en años recientes.
La prudencia y la responsabilidad pública aconsejarían detener el aumento de la deuda como porcentaje del PIB. Pero eso no será posible con el plan oficial: simplemente la deuda subirá más que el PIB, 8% frente a 6% (aun cuando la inflación de la deuda nominal es menor que la del PIB) y eso es un riesgo importante.
Un riesgo que quizá la SHCP reconozca. Pero el problema es que el régimen ha entrado a un callejón sin salida clara: necesita la consolidación fiscal para asegurar la sostenibilidad; al mismo tiempo, honrar la promesa u obligación de mantener los programas sociales crecientes y mostrar, aunque sea una mínima atención, a sectores evidentemente descuidados por años, como Educación, Salud, Seguridad e infraestructura públicas.
Con los recursos inercialmente no es suficiente, así que se tomaron medidas para aumentar la proyección de ingresos tributarios. La más controvertida es el impuesto mínimo a 3% de los ingresos brutos de las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, presuntamente para disuadir la facturación fraudulenta. La medida perjudicará a las honestas y a las nuevas inversiones de larga maduración. Para la recaudación de renta y IEPS se proyectan crecimientos de 7.2 y 10.5%, respectivamente, mucho mayores al del PIB, que normalmente serían similares.
El gasto público crece 3.2 por ciento. Funcionalmente se privilegia Salud, 10.9%, Educación, 7.9%, Seguridad Pública, 17.7% y Protección Social, 3.3 por ciento. La inversión física aumenta 3.5 por ciento; se mantiene la prevalencia de los programas sociales, cimiento político del régimen: Protección Social (sumando las “becas” de educación) en el PPEF 2027 equivale a 122% de la suma de funciones de Salud, Educación y Seguridad Pública.
Así, el gobierno cumple con varios objetivos, aunque escasamente: Un poco más de recaudación, con presión a los contribuyentes de siempre; un poco de consolidación fiscal, pero elevando la deuda y los riesgos; un poco de reducción del enorme rezago en salud, educación, seguridad e infraestructura públicas, aunque falta ver con que pertinencia y eficiencia.
Todo a medias, pero conserva el privilegio a su base electoral y su retórica: soberanía, o sea, prevalencia del Estado en áreas importantes.
Sin duda para la economía sería mejor ampliar apertura a la concurrencia privada en energía (el PPEF transfiere 81,000 millones de pesos a Pemex para pagar su deuda), dejar de subsidiar proyectos insolventes como Mexicana de Aviación, Tren Maya, etc., a fin de liberar recursos escasos. Así como transformar los programas sociales con mejor direccionamiento y formación de capital humano.