El Estado: un mal patrón

En las últimas semanas hemos visto múltiples manifestaciones de empleados del Estado que exhiben su descontento con sus condiciones laborales. Tan solo el lunes se registraron paros de empleados del INE, del IMSS y del Poder Judicial, reclamando mejores condiciones de trabajo, salarios dignos, revisión de jornadas laborales, y hasta amenazas de sus patrones.

Mientras tanto, el oficialismo se llena la boca presumiendo todas las reformas que ha aprobado en supuesto beneficio de los empleados del sector privado: que si subimos el salario mínimo, que si duplicamos las vacaciones, que si prohibimos el outsourcing, que si redujimos la jornada laboral. Desde luego, la propaganda omite mencionar que estos golpes a las empresas juegan un papel importante en el creciente desempleo, el incremento de la informalidad y la reducción de la inversión extranjera.

Y es que la realidad jurídica y práctica es muy distinta cuando los patrones son autoridades, que cuando son empresas del sector privado. Un ejemplo reciente son las contrataciones que ha estado llevando a cabo la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2026, especialmente para la Dirección General de Materiales Educativos, esa que solía estar a cargo de Marx Arriaga, el supuesto opositor del capitalismo excluyente.

Resulta que esta Dirección de la SEP ha estado contratando bajo el esquema de honorarios a múltiples servidores públicos, con el objetivo y efecto expreso de reducir sus prestaciones y derechos laborales. Sus contratos señalan en su Cláusula Décima Cuarta que la SEP “no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral”, y que “el prestador de servicios no será considerado como trabajador para los efectos legales”. Los contratos se renuevan cada 3 meses, simulando que el trabajador prestará sus servicios por entregables, con un pago único que se divide en 3 exhibiciones mensuales, una clara simulación del pago periódico de salario y elusión de prestaciones laborales por antigüedad.

Los trabajadores supuestamente prestan sus servicios de manera independiente, pero sus declaraciones patrimoniales públicas, les reconocen la categoría de servidores públicos, e incluso derechos laborales como el aguinaldo y la seguridad social, además de que, en la práctica, rinden cuentas a la Dirección General de Recursos Humanos, operando claramente bajo una relación de subordinación.

La Cláusula Décima Segunda contiene una renuncia anticipada a la indemnización por despido, pues establece que las partes se obligan a suscribir un convenio de terminación si se rescinde el contrato, y en caso de no suscribirlo, el prestador del servicio “expresa su consentimiento tácito de haber recibido el pago más amplio que a su derecho corresponda y reservarse cualquier acción legal” en contra de la SEP.

Los empleados se contratan para actividades que coinciden directamente con las funciones esenciales de la SEP, como la supervisión y preparación de material educativo, por lo que no se justifica el “outsourcing” de actividades especializadas, a través de un esquema de honorarios. Por si fuera poco, la SEP ha incurrido en errores administrativos que derivaron en la falta de pago de los honorarios a algunos de los empleados por meses completos.

Imaginémonos qué pasaría si una empresa del sector privado incurriera en cualquiera de estas prácticas. A pesar de que la contratación por honorarios no está prohibida, en el sector privado esta figura de ninguna manera exime al patrón de sus obligaciones laborales, como el pago de indemnizaciones. Las empresas tienen estrictamente prohibido el outsourcing, especialmente si se contrata para llevar a cabo tareas que coinciden con su giro comercial. Ya no hablemos de la omisión o retraso en el pago de salarios, cuotas al IMSS, o impuestos al salario. En menos de dos días, el empresario ya tendría al SAT enviando atentas invitaciones a cumplir cada 12 horas, multas, recargos y actualizaciones diarias, visitas de verificación de la STPS, y hasta bloqueo de sellos fiscales si se presume outsourcing.

Estas prácticas hacen evidente que las reformas laborales de Morena son más bien intentos populistas de ganarse al electorado, pues el propio Estado no las cumple cuando le toca ser patrón.