Ley de economía digital: modernizadora o recaudadora

Una de las tesis más icónicas del que fuera el jefe de Estado más importante en el siglo XX, Winston Churchill, refiere que el mejor gobierno es aquel que se mete lo menos con la gente; para Margaret Tachter, el desarrollo es consecuencia de que los gobiernos permitan a sus ciudadanos explotar todas sus capacidades que les han sido obsequiadas por Dios.

Los gobiernos por naturaleza refieren control y orden para garantizar seguridad a sus pueblos. El problema surge cuando los gobiernos se inclinan por controlarlo todo mediante todo tipo de leyes e incluso la fuerza.

En nuestro país viene pasando algo similar, siendo una nación con una notoria falta de Estado de Derecho y niveles de impunidad altísimos, la clase política no se cansa de generar leyes literalmente por semana. En los últimos años se ha llevado al rango de ley la prisión preventiva oficiosa, la seguridad nacional-pública, los programas sociales, feminicidios, memes, derechos de personas, animales, naturaleza y audiencias, lo mismo el huachicol, las advertencias sobre la sal en la comida y el vapeador.

Al margen de que constantemente se promueven legislaciones sin los suficientes recursos públicos para su correcta aplicación, se asiste a la presencia del Estado en prácticamente todas las áreas de la vida de las personas. Esta semana le toca a la economía digital, que pareciera estar encaminada a un mayor control del gobierno por la fuerza de la ley, sobre las transacciones comerciales vía la prohibición del uso de efectivo, fundamentalmente para recaudar impuestos más que para modernizar a nuestra economía.

El gobierno de México utiliza todos los poderes e instrumentos del Estado para detener el uso de efectivo en la economía real y promueve a su vez el uso de medios electrónicos para las transacciones comerciales.

Lo hace en un país en el que, hasta la fecha, no se ha podido lograr una conectividad total de Internet, con la telefonía celular de datos más cara de la OCDE e incluso de países como Guatemala y con uno de los oligopolios más grandes del mundo.

Igualmente lo hace con la esperanza de que plataformas como STP o ARES e infinidad de Fintech que se autorizan por montón hagan la labor que debiera hacer la fuerza del mercado guiado por la libertad de las personas.

La voluntad del gobierno expresada en esta ley no es suficiente para lograr que las cosas sucedan, es necesario el acompañamiento de dinero público como soporte presupuestal para su aplicación, eliminar el oligopolio que tanto perjudica y una poderosa estructura de telecomunicaciones, así como el combatir a la informalidad que, en los estados del sur-sureste, alcanza el 80 por ciento.

Sin oligopolios en el servicio de Internet, con la mayoría de la economía en la formalidad, altos niveles de recaudación y la mejor conectividad del planeta, nuestros socios comerciales no están pensando siquiera en usar las capacidades del estado para impedir el uso de efectivo.