Inteligencia artificial y salud: ¿amplificador de desigualdad o puente?

El avance de la inteligencia artificial en el sector privado de salud avanza a una velocidad que el sistema público no está igualando. El riesgo es claro: que esa innovación, en lugar de elevar el estándar de todo el sistema, amplíe todavía más las brechas de acceso, calidad y oportunidad entre quien puede pagar atención privada y quien depende del servicio público.

Esa advertencia estuvo presente en el panel sobre ecosistema privado de salud de la Semana de Innovación de AMIIF. Lo que resultó evidente es que empieza a detonarse una conversación más franca entre el Gobierno y los actores de la industria de la salud, ya sin el miedo de hablar en términos netos de lo que sucede. Ello quedó muy claro durante el último día de la Semana de Innovación 2026 de la AMIIF en el panel dedicado precisamente al ecosistema privado, integrado por Pablo Ricalde, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales Privados (CMHP); Daniel Bandle, CEO de Axa México, y Jaime Ponce, representando a Funsalud. Dicho panel fue moderado por Rafael Dávila Poulat, director general de EISAI.

La respuesta en que coincidieron los panelistas: no es frenar la tecnología, sino retomar seriamente una colaboración público-privada, entendiendo que se trata de un solo sistema de salud y que el Estado debe ejercer la rectoría que le corresponde.

En el sector privado la incorporación de herramientas de inteligencia artificial es más rápida y, en varios frentes, ya está ocurriendo. Se utilizan algoritmos para detección temprana de enfermedades crónicas, apoyo en diagnósticos, seguimiento de padecimientos neurodegenerativos y atención de salud mental (depresión, ansiedad, riesgo suicida). Estas herramientas generan eficiencias administrativas, terapéuticas y de prevención, y producen aprendizajes técnicos que podrían ser útiles para todo el sistema. El problema, como señaló Jaime Ponce, de Funsalud, es que esa misma velocidad puede convertirse en un amplificador de desigualdad. Si las mejoras de eficiencia, precisión y prevención quedan concentradas en el ámbito privado mientras el público permanece rezagado, la distancia entre ambos se seguirá ensanchando. La inteligencia artificial puede ayudar a simplificar procesos complejos, pero sólo si su adopción no se limita a quienes ya tienen acceso. El médico no será sustituido; el valor diferencial seguirá estando en el criterio clínico, la sensibilidad y el contexto humano. La herramienta, sin embargo, debe estar disponible de forma más amplia si se quiere que el beneficio no se convierta en privilegio.

Regresar a la colaboración público-privada; y el Estado como rector

Esa preocupación se vincula con el segundo eje en que igualmente coincidieron los panelistas: la necesidad de colaboración público-privada bajo una rectoría efectiva del Estado. El sector salud mexicano sigue fragmentado. Y ello, combinado con el envejecimiento de la población y la carga persistente de enfermedades crónicas, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. En ese contexto, Pablo Ricalde remarcó que ya no basta con que el mercado se equilibre solo. El Estado debe facilitar procesos, ser garante de las demandas y fortalecer mecanismos de calidad. No se trata de absorber todo, sino de ejercer liderazgo para que la innovación privada y las capacidades públicas se articulen.

Una de las propuestas concretas la expuso Daniel Bandle: explorar la obligatoriedad regulada del seguro de gastos médicos mayores. Hoy solo alrededor del 10% de la población cuenta con esta cobertura y el universo de asegurados individuales es limitado, pues cerca del 70% son colectivos, es decir pólizas contratadas por empresas como prestación a sus empleados. Esa base pequeña favorece la selección adversa, dificulta la mutualidad y deja fuera a buena parte de los adultos mayores.

Hacer el seguro obligatorio, con reglas claras y transferencias parciales de carga del Estado hacia el sector privado regulado, podría ampliar la base de riesgo, mejorar la previsibilidad financiera y liberar recursos públicos. Otras herramientas mencionadas incluyen un identificador único de persona que permita conectar información pública y privada para elevar estándares de calidad en ambos ámbitos, y mecanismos de transparencia —como los rankings de hospitales que Funsalud ha impulsado durante años— para que las personas tomen decisiones mejor informadas, especialmente ante gastos catastróficos.

Las barreras, se expuso, no son sólo tecnológicas. Persisten incentivos perversos en la canalización de pacientes y en la fijación de precios que desvirtúan la atención y alejan el foco de la persona. La baja alfabetización en salud limita el aprovechamiento de la infraestructura y de las herramientas financieras disponibles. La inversión y los marcos regulatorios de procesos hospitalarios siguen siendo insuficientes. Integrar público y privado no significa borrar diferencias ni privatizar; sino dejar de operar como dos sistemas paralelos —uno para quienes pueden pagar y otro para el resto— y construir reglas comunes de calidad, información y prevención bajo la conducción del Estado.

La rectoría estatal, se apuntó, no es un obstáculo para la innovación; es la condición para que esa innovación no se convierta en un factor adicional de fragmentación. Si el objetivo es que más mexicanos tengan acceso a atención oportuna, de calidad y financieramente viable, la colaboración público-privada deja de ser una opción retórica y pasa a ser una decisión de política pública que debe tomarse ahora.

En la Semana de Innovación  AMIIF de este año, la investigación clínica y la participación de los pacientes también ocuparon un lugar central en las conversaciones, al destacar la importancia de fortalecer las capacidades nacionales de investigación, agilizar los procesos regulatorios e incorporar la experiencia de las personas en las decisiones que impactan su salud. En el panel sobre innovación, se habló de que para impulsarla, no es factible partir de la desconfianza y tampoco actuando ante la industria como si hiciera algo malo al desarrollar ensayos clínicos. Se dejó claro la importancia de abordar el impulso a la investigación clínica, sí como un tema de salud, pero también como parte de una estrategia que beneficiará al país en muchos sentidos, y como parte de ello que incluye grandes inversiones que requieren retorno, y en ese sentido ello implica avanzar en el acceso a terapias de última generación para los pacientes mexicanos.

Por cierto, Javier Dávila, director general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, no se anduvo con rodeos al convocar a la industria farmacéutica a trabajar en unidad y antes de seguir insistiendo presenten ya un plan maestro como sector.