De las marchas del IMSS a las reglas que la 4T no aplicará

El personal del IMSS salió a las calles en varias ciudades. A la exigencia de aumento salarial real, lo que más conectó fue el reclamo de años por carencia de insumos y medicamentos que les permitan atender. Las pancartas eran inequívocas: “No te vayas a enfermar, porque no hay material”.

Si bien la movilización fue impulsada por un conflicto salarial, en realidad revela un problema estructural: la precarización del servicio público, mucho más notoria en el rubro de atención médica. Lástima que la 4T tenga buenas intenciones, pero le gane ante todo el sesgo ideológico y el discurso electorero.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dirigido por Judith Méndez, documentó con claridad cómo la situación precaria de los trabajadores públicos de salud no ha mejorado en 5 años. Recordó la situación de 2021 sin necesidad de actualizarlo porque sigue muy vigente y sin resolver.

En su análisis de sueldos y salarios en el sector salud, CIEP mostró asimetrías: Por cada mil afiliados, el IMSS contaba con 1.5 médicos y el ISSSTE con 1.7 hace 5 años. Ello, contra 3 médicos por cada mil atendidos en el entonces INSABI (ahora IMSS Bienestar). El personal de enfermería en el INSABI era 1.7 veces el del IMSS. Y en prácticamente todos los puestos laborales, el IMSS presentaba los salarios más bajos. Un médico general A del IMSS percibía 16,289 pesos menos que su equivalente en el INSABI. Estas brechas van más allá de nómina: se traducen en retención de personal, cargas de trabajo desiguales y, al final, en la calidad de la atención que recibe el paciente. Las instituciones reportan crecimientos absolutos de personal y contrataciones, pero no actualizan el indicador de personal por cada mil afiliados/derechohabientes. Esto refuerza el punto: la falta de indicadores comparables y actualizados (tanto de densidades de personal como de calidad) dificulta evaluar de manera objetiva las asimetrías y saber si hay avances reales entre uno y otro instituto.

Los números de hoy confirman la vigencia del diagnóstico en 2021. El análisis del CIEP sobre el Paquete Económico 2027 muestra que, a pesar del aumento real del gasto en salud, las inequidades per cápita persisten. Un derechohabiente del IMSS recibirá 2.1 veces más recursos que alguien atendido en IMSS-Bienestar (unos 11,519 pesos contra 5,523 pesos). Pemex se mantiene muy por encima. El gasto total del sector apenas llega al 2.9% del PIB, lejos del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avanzar hacia cobertura universal.

Con ese financiamiento tan desigual, no sorprende que el personal de las instituciones más presionadas termine marchando por insumos básicos. Aparte, no podemos ignorar que el IMSS absorbió en 2025 la atención de 10 millones de personas adicionales (entre ellos 8.4 millones sin seguridad social del Coplamar) dentro de su régimen ordinario, financiado de forma tripartita.

En este contexto, son pertinentes las tres reglas que ayer posteó en X el doctor Guillermo Torre, rector de TecSalud. 1: Garantizar el servicio implica definir qué sí y qué no se cubre; la promesa de “todo para todos” no es viable ni realista y menos con recursos acotados. 2: Medir y publicar indicadores médicos de calidad comparables entre IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, Sedena. 3: Si hay indicadores transparentes, en automático se genera competencia entre proveedores, y a su vez, se empuja la calidad hacia arriba y los costos hacia abajo.

De hecho, esto último -medir y publicar indicadores de calidad y avanzar hacia mecanismos de competencia regulada- tendría que ser un primer paso para proveedores públicos y privados. Por lo pronto cualquier discurso de integración o de “servicio universal de salud (SUS)” se queda en simple retórica, si no hay datos comparables.

El doble rol del Estado: juez regulador y proveedor 

El problema de fondo tiene que ver con el doble rol que el Estado se ha autoasignado. Tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud, pero eso no significa que deba ser el proveedor único. Cuando asume ambas funciones sin mecanismos claros de coordinación y transparencia, se generan incentivos perversos: se desatiende o se mira con recelo la capacidad que ya existe en el sector privado, mientras el público se desborda por limitaciones de personal, insumos y financiamiento.

A su vez, las insuficiencias del servicio público siguen expulsando demanda hacia el lado privado. Este, en medio de una inflación médica descontrolada, continúa en expansión en un terreno sin regulación. El resultado es demasiado costoso y ya lo vivimos: un gasto de bolsillo familiar elevado que, en los segmentos de menores recursos, no debería existir si la atención gubernamental funcionara como se anuncia.

Aquí es donde el sesgo ideológico se vuelve costoso.

La 4T ha insistido en expandir la oferta pública —con el anuncio de 12,750 consultorios del SUS a partir de enero de 2027— mientras parece ignorar la oferta privada que ya opera y absorbe demanda. Los consultorios adyacentes a farmacias (CAFs) -entre 18,000 y 20,000 unidades estimadas- realizan cerca de 10 millones de consultas mensuales de primer contacto a bajo costo y con alta accesibilidad. Bien regulados y vigilados (calidad de la atención, conflictos de interés en la prescripción, interoperabilidad de expedientes), estos podrían funcionar como apoyo real al primer nivel público en lugar de competir de forma desordenada. Invertir solo en abrir más consultorios públicos, mientras se mantiene el desabasto y las asimetrías salariales y de financiamiento, es una decisión que prioriza el control institucional sobre la capacidad instalada.

Por ello, como dice el Dr Torre Amoine, “el problema del IMSS no tiene solución sin buscar un cambio radical en la estrategia. Más gobierno genera más ineficiencia y poca claridad de quién es responsable. Un cambio real sería más competencia y subrogación. Más relación público-privada con competencia.

Medir resultados de forma transparente entre subsistemas y aprovechar de manera ordenada las capacidades que ya existen, públicas y/o privadas, es más eficiente que seguir prometiendo ´todo para todos´ mientras el personal del IMSS tiene que salir a las calles a pedir grapas, jeringas y medicamentos. La evidencia está sobre la mesa.

Sobre la carencia en farmacias de analgésicos de fuerte efecto

Denise Dresser no encuentra en farmacias los parches analgésicos Buprenorfina después de su operación. La farmacéutica Grünenthal no explica qué pasa, por qué no se encuentra su medicamento. La autoridad Cofepris dice que no es desabasto y señala a las farmacias. El punto es que nadie reconoce el fallo operativo. La reclasificación del tramadol era necesaria pero no se previó una estrategia para garantizar el abasto sostenido.

El médico especialista en dolor y medicina paliativa Alfredo Covarrubias lo explicó en pocas palabras: El cambio de fracción de tramadol generó su retiro de las farmacias para el re-etiquetado. Esto motivó el uso de otros productos como los parches y se agotaron. Las limitaciones en recetarios del grupo 1 (para fármacos controlados) condicionó que no se usarán otras opciones.

Resulta que el tramadol —que hasta hace unos meses se vendía con relativa facilidad— fue reclasificado del grupo IV al III de psicotrópicos por un decreto de enero de 2026 que entró en vigor el 14 de julio. La medida es lógica (como en casi todo el mundo se controlan los opioides), pero la transición se operó con la improvisación de siempre.

Aquí -retomando el tema principal de esta columna- llama la atención el prejuicio ideológico de la presidenta Sheinbaum al hablar de lo privado y lo público, como si para el dolor de una persona esa distinción le sirviera de algo, y sin captar que para el Estado, en todo el mundo, hay un solo sistema de salud.