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El gobierno no logró la paz con la CNTE. Compró tiempo
Eduardo Ruiz-Healy | Ruiz-Healy Times
El pago de los 800 millones de pesos que el gobierno federal canalizó a la disidencia magisterial de Oaxaca confirma, otra vez, que en México la paz social también se paga con el presupuesto federal. El viernes pasado, tras 19 días de paro y bloqueos que colapsaron el Centro Histórico de la Ciudad de México, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantó su plantón del Zócalo. Al día siguiente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, negó que ese monto fuera la moneda de cambio para retirar el plantón. Explicó que el dinero sale del presupuesto regular de la SEP para atender el rezago en Chiapas, Oaxaca y Guerrero mediante nuevas plazas y horas docentes, que el mecanismo lleva tres años aplicándose con todas las representaciones sindicales y que “no pasa por las manos del sindicato”.
La explicación, sin embargo, encierra una trampa lógica. Que el sindicato no administre directamente el dinero no acredita que no haya operado como moneda de cambio: solo confirma quién controla el mecanismo. Delgado tampoco precisó la clave presupuestal de los 800 millones ni si es bolsa extraordinaria o ya forma parte del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de Oaxaca. Negó, además, que el monto fuera condición para que el magisterio se retirara. El calendario desmiente su versión porque la liberación de los recursos coincidió con el momento en que la negociación parecía estancada, justo el día en que la Sección 22 decidió replegarse.
El veredicto lo dio la propia CNTE el mismo sábado, cuando su dirigencia difundió un comunicado en el que advirtió que el magisterio “no fue derrotado” y anunció una “nueva estrategia de organización” que incluye seguir las giras de Claudia Sheinbaum para mantener visible la presión sobre ella. Las demandas de fondo, abrogar la reforma educativa, duplicar el sueldo base y eliminar las UMAs del cálculo de las pensiones, permanecen intactas y rebasan por mucho lo que la SEP puede resolver por sí sola.
El costo político de ese desenlace recae sobre Mario Delgado. Al negar el pago y ver, horas después, que la CNTE lo exhibe como su primera victoria, el secretario queda expuesto en dos frentes debido a que su discurso institucional se invalida ante la opinión pública, y su fuerza como interlocutor se debilita, porque agilizó recursos millonarios sin conseguir a cambio una paz magisterial duradera. Delgado se comprometió, además, a trazar en el corto plazo una reforma al sistema de plazas de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), promesa que ahora pesa sobre su continuidad al frente de la SEP.
La prueba de que se trató de una negociación política, y no solo de un trámite presupuestal, es que las mesas también se realizaron en la Secretaría de Gobernación (Segob), con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, en un esquema de doble contención: Segob contiene los bloqueos y la SEP firma el cheque técnico que los disuelve. Rodríguez puede frenar manifestaciones, pero carece de facultades para tocar la nómina magisterial, atribución exclusiva del FONE que vuelve indispensable a Delgado en cada ronda.
Como siempre, el gobierno no compró la paz con la CNTE. Solo compró tiempo.
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