El examen de todos

Imagine una comunidad que comparte un lago para pescar. Cada pescador sabe que, si captura solo lo necesario, el recurso seguirá disponible para todos. Sin embargo, cada uno también sabe que puede obtener una ventaja inmediata si pesca un poco más que los demás. El resultado es conocido: cuando todos siguen ese incentivo individual, el lago termina sobreexplotado y la comunidad pierde. Este tipo de situaciones, donde decisiones racionales producen resultados colectivamente perjudiciales, ha ocupado a economistas durante décadas y ofrece una lente poderosa para entender un problema cada vez más visible: las trampas en los exámenes de admisión a las universidades públicas.

La teoría de la elección pública (Public Choice) surgió precisamente para analizar cómo los incentivos influyen en el comportamiento humano dentro de instituciones políticas y sociales. Sus principales exponentes, James Buchanan y Gordon Tullock, cuestionaron la idea de que funcionarios y ciudadanos actúan siempre en beneficio del interés general. En su lugar, propusieron que las personas suelen responder a incentivos y perseguir objetivos propios. Mancur Olson complementó este enfoque al estudiar los problemas de acción colectiva, mostrando que los individuos frecuentemente tienen incentivos para aprovecharse del esfuerzo ajeno en lugar de contribuir al bienestar común. Desde esta perspectiva, muchos problemas públicos no son producto de la ignorancia o la mala voluntad, sino de reglas que generan incentivos inadecuados.

Posteriormente, estas ideas se conectaron con otros desarrollos de la teoría económica. Garrett Hardin popularizó el concepto de la “tragedia de los comunes”, según el cual un recurso compartido puede deteriorarse cuando cada usuario busca maximizar su beneficio individual. Elinor Ostrom mostró que este desenlace no es inevitable y que comunidades bien organizadas pueden crear reglas eficaces para proteger recursos comunes.

Estas herramientas conceptuales ayudan a comprender por qué algunos aspirantes deciden hacer trampa en los exámenes de admisión. El uso de inteligencia artificial para resolver preguntas, la filtración de reactivos o la suplantación de identidad ofrecen ventajas potenciales para quienes buscan obtener un lugar escaso en una universidad pública. Desde la perspectiva individual, el cálculo parece sencillo: si el beneficio esperado de ingresar supera la probabilidad y el costo de ser sancionado, existe un incentivo para engañar al sistema. Sin embargo, cuando muchos participantes siguen esa lógica, el proceso de selección pierde credibilidad y eficacia. Los lugares pueden ser ocupados por candidatos menos preparados, disminuye la confianza en las instituciones y se debilita la función meritocrática del examen.

La expansión de las herramientas de inteligencia artificial hace que este desafío sea aún más relevante. Una encuesta internacional del Digital Education Council encontró que el 86% de los estudiantes utiliza regularmente herramientas de IA en sus estudios. Aunque la mayoría de esos usos son legítimos, la creciente disponibilidad de estas tecnologías amplía las oportunidades para conductas oportunistas cuando las reglas y sistemas de supervisión no evolucionan al mismo ritmo.

Desde la misma perspectiva deben plantearse soluciones. La primera consiste en aumentar la probabilidad de detección mediante sistemas de supervisión más robustos y exámenes diseñados para dificultar el fraude tecnológico. La segunda es modificar los incentivos, imponiendo sanciones claras y suficientemente costosas para que la trampa deje de ser una apuesta atractiva. La tercera, inspirada en Ostrom, busca fortalecer las normas de integridad académica y la reputación de los participantes, de modo que la cooperación y el respeto a las reglas generen beneficios sociales y personales duraderos.

Los problemas de integridad no surgen únicamente por falta de valores, sino también por estructuras de incentivos defectuosas. Cuando una sociedad diseña instituciones capaces de premiar la cooperación y castigar el oportunismo, protege un bien común tan valioso como la confianza. Y sin confianza, incluso los exámenes destinados a seleccionar el talento terminan evaluando quién encontró la mejor manera de romper las reglas.