Lectura 5:00 min
Espectro 12% más barato, pero todavía caro
Jorge Bravo | En comunicación
La Secretaría de Hacienda propone reducir 12% los derechos por el uso de diversas bandas del espectro radioeléctrico en 2027, pero la rebaja está lejos de resolver el problema de fondo.
El país sigue cobrando por este recurso estratégico porque su principal objetivo es recaudar, no ampliar la conectividad. La propuesta de la Ley Federal de Derechos (LFD) 2027 es un paso correcto, pero tímido frente al rezago de espectro, la baja cobertura 5G y la necesidad de atraer inversiones para conectar a quienes todavía permanecen desconectados.
El descuento en las contraprestaciones está previsto en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025. El artículo 83 señala que “las leyes (aquí entra la LFD) establecerán los supuestos y procedimientos mediante los cuales los concesionarios podrán acceder a descuentos sobre el pago (...) del espectro radioeléctrico, a cambio de obligaciones de cobertura en zonas geográficas, carreteras o caminos…”
La iniciativa de LFD presentada con el paquete económico 2027 plantea reducir 12% las cuotas de varias bandas cuyos precios se encuentran por encima de la mediana de referencias internacionales. La disminución aplicaría a las bandas de 2.5 GHz, 1.9 GHz, 1.7/2.1 GHz, 800/850 MHz, 1.4 GHz y 3.5 GHz, mediante modificaciones a diversos artículos de la LFD.
El gobierno argumenta que la medida busca el despliegue de redes, mejorar la cobertura, elevar la capacidad y acelerar la adopción de tecnologías como 5G. También sostiene que mantiene una política fiscal responsable y protege el valor de los bienes de dominio público de la Nación.
La iniciativa reconoce que México tiene apenas 565.39 MHz asignados a servicios móviles, por debajo del rango de 1,280 a 1,720 MHz recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. También admite que la cobertura 5G llega sólo a 30% de la población, frente a 97% en Estados Unidos, 65% en Brasil y 56% en Chile. La razón de esa amplia cobertura 5G en Brasil y Chile fue precisamente por la baja dramática en los precios del espectro.
El descuento de 12% es una corrección parcial más que una reforma de fondo. Además, hay una omisión relevante. La propuesta no incluye una reducción para la banda de 600 MHz, la cual se licitará para la expansión de 5G, por sus características de propagación para cubrir zonas amplias.
Tampoco modifica la banda de 700 MHz, utilizada por Altán Redes para su operación mayorista. Si el objetivo es facilitar inversiones, ampliar cobertura y acelerar la transición tecnológica, resulta contradictorio no aplicar una visión integral a bandas estratégicas para el futuro de la conectividad.
La iniciativa sí incorpora una precisión importante. Establece que los concesionarios podrán acceder a descuentos de hasta 100% en el pago de derechos, siempre que cumplan obligaciones de cobertura en zonas geográficas, carreteras o caminos prioritarios que determine la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Este mecanismo es útil para pequeños operadores y proyectos de cobertura social.
Pero una cosa es permitir descuentos y otra reducir de manera estructural el costo del espectro. El mercado necesita más certeza, no sólo descuentos de temporada.
La industria lleva años señalando que el modelo mexicano de derechos anuales es uno de los más caros de América Latina. La GSMA documentó que el costo anual del espectro como porcentaje de los ingresos de los operadores duplica la mediana regional. Mientras en América Latina las tasas anuales representan en promedio 20% del costo total del espectro, en México alcanzan hasta 85%. Más de 90% del costo total corresponde a pagos anuales establecidos en la LFD.
Con esa estructura de costos los operadores no sólo pagan mucho, tampoco pueden anticipar cómo evolucionarán sus obligaciones. Cada año el Congreso modifica las cuotas, lo cual introduce incertidumbre en una industria que requiere inversiones de largo plazo y grandes montos de capital.
En un estudio previo, la GSMA estimó que, si México hubiera aplicado precios del espectro alineados con la media global entre 2010 y 2022, cinco millones adicionales de personas habrían tenido cobertura 4G y las velocidades de descarga habrían sido 30% más rápidas. En otro cálculo, una reducción de 10 puntos porcentuales en el precio del espectro podría traducirse en seis puntos porcentuales más de cobertura y velocidades 8% superiores.
El espectro caro significa menos antenas, menor capacidad, velocidades más bajas, menor asequibilidad y menos usuarios conectados.
Hacienda explica que desde 2022 la no actualización de las cuotas ha significado una reducción real de 22% en el costo del espectro y un ahorro acumulado de 10,400 millones de pesos desde 2023. Pero ese ajuste ha sido por efecto inflacionario, no por una revisión profunda del modelo.
El extinto IFT propuso ajustar las cuotas al nivel de referencias internacionales y establecer un esquema temporal equivalente a 1% de los ingresos de los operadores móviles. También recomendó reducir a 30% los derechos de bandas 5G aún no asignadas, como la de 600 MHz.
La propuesta de 2027 no llega a ser disruptiva al grado de ser una política integral de espectro asequible. México necesita dejar de medir el éxito de su política espectral por cuánto recauda y comenzar a medirlo por cuánto conecta. El espectro es un activo público, pero su valor está en la productividad que genera, las comunidades que conecta, las empresas que digitaliza y los ciudadanos que pueden acceder a educación, salud, servicios financieros y oportunidades digitales.
El descuento de 12% ayuda, pero si se quiere acelerar 5G y cerrar la brecha digital, se necesita algo más que una rebaja del Buen Fin y renunciar a tratar el espectro como una renta fiscal permanente.
X: @beltmondi