Cuando enfermarse se vuelve política fiscal

El Estado descubrió cómo ser paciente, médico y enfermedad al mismo tiempo… , - Macraf

Hay gastos que una familia puede recortar cuando el dinero ya no alcanza. Puede posponer unas vacaciones, cambiar el automóvil después, cenar menos fuera o reducir algún consumo. Pero hay uno que tiene una peculiaridad bastante cruel: puede dejar de pagarse, aunque el riesgo no desaparezca. Es el seguro de gastos médicos.

Durante años, muchas familias mexicanas hicieron precisamente eso: destinar una parte de su ingreso a una póliza que les permitiera atender una enfermedad grave fuera del sistema público. No porque todos los hospitales privados sean mejores ni porque el sistema público resulte inútil, sino porque contratar un seguro significaba comprar algo que también tiene valor económico: certidumbre.

El problema es que esa certidumbre se está volviendo cada vez más cara.

Los costos hospitalarios, medicamentos, nuevas tecnologías, edad de los asegurados, frecuencia de utilización y severidad de los padecimientos llevan tiempo empujando las primas hacia arriba. En 2025, las aseguradoras pagaron 145 mil 343 millones de pesos por siniestros de accidentes y enfermedades, 19% más que un año antes, mientras las primas crecieron 11%. El costo promedio de los siniestros también continuó aumentando.

Es decir, los seguros ya tenían un problema serio de costos antes de cualquier modificación fiscal reciente.

Y entonces llegó el Estado a ayudar.

Desde 2026, la legislación modificó el tratamiento de determinado IVA relacionado con bienes y servicios utilizados por las aseguradoras para cubrir siniestros mediante terceros. Una parte de ese impuesto dejó de poder acreditarse y pasó a convertirse en costo. No significa que el gobierno haya provocado toda la inflación médica ni que las primas hayan aumentado automáticamente 16%. Significa algo mucho más sencillo: a un producto que ya se estaba encareciendo aceleradamente se le añadió otra presión.

Hasta ahí podría parecer una discusión entre Hacienda y las aseguradoras. No lo es.

En México hay alrededor de 14.5 millones de personas con seguro de gastos médicos mayores. Apenas 4.5 millones cuentan con una póliza individual; buena parte del resto recibe esa protección mediante prestaciones laborales. Son pocos frente al tamaño de la población, pero cumplen una función que rara vez se menciona: cuando utilizan su seguro, financian privadamente buena parte de su atención.

En 2024, 87% del monto de los siniestros médicos asegurados fue pagado directamente a prestadores privados. Es dinero que no tuvo que salir, en ese momento, de una institución pública.

Y eso importa porque del otro lado no existe precisamente capacidad de sobra.

México tiene una cama hospitalaria por cada mil habitantes; el promedio de la OCDE es de 4.2. Apenas 78% de la población aparece cubierta por un conjunto básico de servicios y sólo 56% declara estar satisfecha con la disponibilidad de atención médica de calidad. No hace falta exagerar ni declarar muerto al sistema para entender que trabaja con restricciones severas.

Ahí aparece el problema dual.

Por un lado, tenemos seguros privados que ya se vuelven difíciles de sostener para muchas familias. Por otro, tenemos un sistema público limitado al que una parte de esas mismas personas podría terminar recurriendo si pierde la capacidad de financiar su atención privada.

Imaginemos a alguien de 60 años que pagó su seguro durante dos décadas. Su prima aumenta año tras año hasta representar una proporción incómoda de su ingreso. Puede subir el deducible, aceptar menos cobertura o finalmente cancelar.

Pero al cancelar no rejuvenece.

Tampoco desaparece la posibilidad de un cáncer, una cirugía cardiovascular o una estancia en terapia intensiva. Lo único que desaparece es el mecanismo con el que había decidido financiar ese riesgo.

Entonces quedan dos caminos. El primero es pagar directamente. Y sabemos lo que eso puede significar: utilizar ahorro, endeudarse, vender patrimonio, cancelar proyectos o comprometer recursos destinados al retiro. Los hogares mexicanos desembolsaron directamente más de 800 mil millones de pesos en bienes y servicios de salud durante 2024.

El segundo camino es acudir al sistema público y es ahí, donde la política pública empieza a morderse la cola.

No sabemos cuántos asegurados abandonarán su póliza por la política implementada, ni sería serio afirmar que cada cancelación se convertirá automáticamente en una cama ocupada en un hospital público. Pero tampoco hace falta esperar a que eso ocurra para reconocer el incentivo que se está creando.

Desde el punto de vista del desarrollo económico, es decir, de la mejora en la calidad de vida de las personas, el daño potencial va mucho más allá de una póliza. Una enfermedad capaz de destruir ahorro y patrimonio puede borrar años de progreso familiar. Reduce consumo futuro, capacidad de inversión, ahorro para el retiro y movilidad social. Una familia puede mejorar su ingreso durante décadas y seguir estando a una enfermedad grave de regresar varios escalones.

Por eso la discusión nunca debió ser pública contra privada. Un sistema inteligente utilizaría ambas capacidades de manera complementaria: garantizar atención pública suficiente y, al mismo tiempo, facilitar que quien pueda financiar voluntariamente una cobertura adicional lo haga.

En cambio, se ha construido una paradoja bastante menos inteligente.

El Estado ofrece un sistema público insuficiente, interviene negativamente en una alternativa privada que ayuda a descargarlo y terminará recibiendo a quienes esa alternativa deja fuera.

En pocas palabras, el gobierno logró algo que pocos imaginaron posible, se convitió en el problema, la solución y el obstáculo.

Y mientras discutimos quién paga el IVA, una familia sólo quiere saber algo mucho más sencillo: si enfermarse significará perder la salud, el patrimonio o ambas cosas.

De esta forma, seguimos viviendo entre cifras que brillan… y bolsillos que no alcanzan.

* El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía y de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director general y fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa de análisis: Voces Universitarias.

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