Lo efectivo del efectivo

Rubén maneja un taxi en Ecatepec desde hace veinte años. Cada madrugada carga 300 pesos de gasolina con los billetes arrugados que cobró la noche anterior. Tiene una cuenta de banco, la abrió para recibir la pensión de su madre, y nunca ha pagado nada con ella. "Si pago con tarjeta, Hacienda se entera de cuánto gano", dice. Contra ese razonamiento, que comparten millones de mexicanos, se va a estrellar la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos que la Comisión de Hacienda de los diputados tiene previsto votar este 1 de octubre.

El dictamen promete mucho. Reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para abrir cuentas desde el celular, ordena a los tres niveles de gobierno aceptar pagos electrónicos y faculta a Hacienda para decidir en qué "sectores estratégicos" el pago digital podrá ser la única forma de pago. El gobierno ya adelantó por dónde empezará: gasolineras y casetas. La meta es que la mitad de los pagos sean digitales.

El diagnóstico es correcto y llega tarde. Según la ENIF 2024 del Inegi y la CNBV, 85 de cada 100 adultos pagan en efectivo sus compras menores a 500 pesos y sólo 63% tiene una cuenta formal. En Brasil la tiene 86% de los adultos, y Pix, un servicio de pagos digitales que arrancó en 2020, lo usan 182 millones de personas y lo aceptan nueve de cada diez pequeños negocios. México tiene desde 2004 SPEI, uno de los primeros sistemas de pagos en tiempo real del mundo, y en 2019, un año antes que Pix, lanzó CoDi, un servicio similar. Banxico esperaba 18 millones de usuarios en el primer año y consiguió 3.8 millones. De quienes conocen la aplicación, apenas 12.8% la ha usado.

El rezago cuesta. México recauda alrededor de 18% del PIB, la cifra más baja de la OCDE, cuyo promedio ronda 34%, y más de la mitad de sus trabajadores está en la informalidad. El efectivo es el aceite de esa maquinaria: una venta sin registro tampoco genera historial crediticio ni impuesto.

Ahí la ley se queda corta. El artículo 11 dice que los comercios "podrán" implementar pagos digitales. El 19 dice que el Banco de México "podrá" ampliar cuentas y facilitar transferencias. En 22 artículos no hay una sola sanción, y el quinto transitorio aclara que no habrá un peso adicional de presupuesto, ni siquiera para conectividad. Lo único con dientes es la facultad de Hacienda para sacar el efectivo de los sectores que elija, en 15 días hábiles y sin criterios escritos en la ley.

El resultado previsible es que la meta se cumpla donde era fácil. En casetas y gasolineras el Estado regula el cobro y los jugadores son grandes. La tiendita, el tianguis y el taxi de Rubén quedan fuera, y ahí vive el efectivo. Para ellos la decisión depende de dos cosas que la ley no toca: la comisión que cobra la terminal y el miedo al SAT. Pix, de Brasil, funcionó porque es gratis para las personas y porque el banco central obligó a los bancos grandes a ofrecerlo. CoDi quedó a la buena voluntad de bancos que viven de las comisiones de las tarjetas.

De paso, el dictamen descartó dos iniciativas de legisladores, una para eliminar comisiones en cuentas pequeñas y otra contra el fraude, por considerarlas "atendidas en lo sustancial" en una ley que no menciona ni las comisiones ni el fraude.

Rubén no desconfía de la tecnología. Usa WhatsApp para apartar clientes y Waze para esquivar el tráfico. Desconfía de un Estado que le pide dejar rastro sin ofrecerle crédito, seguridad social ni la certeza de que el SAT no le caerá encima. El día que cargue gasolina con un código QR porque no le quedó de otra, el gobierno lo contará como un éxito. El billete arrugado seguirá en su bolsa, esperando al siguiente pasajero.