Dificultades funcionales en México: qué mide la EIC 2025

Saber cuántas personas viven con dificultades para desenvolverse en la vida diaria no es un asunto retórico. Depende de qué queremos medir y para qué. La medicina puede buscar un diagnóstico; una institución laboral quiere saber si una persona puede seguir desempeñando determinado trabajo; una política social necesita identificar quienes requieren apoyos; y una encuesta de hogares pretende identificar poblaciones con dificultades para realizar actividades cotidianas.

La Encuesta Intercensal (EIC) 2025 entra en esta última categoría. Busca identificar dificultades funcionales en la población mediante una metodología comparable y con una cobertura territorial difícil de alcanzar con otras encuestas. Esa combinación amplía de manera importante la información disponible en México.

Desde el Censo de 2010, el INEGI incorporó los seis dominios recomendados por el Grupo de Washington (GC), aunque todavía sin aplicar plenamente los grados de la dificultad. La Encuesta Intercensal de 2015 avanzó en esa dirección; el Censo de 2020 consolidó explícitamente la metodología del GC dentro del marco conceptual de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), y la EIC 2025 da continuidad a esa forma de medir.

La pregunta central de la encuesta se hace para cada integrante del hogar e indaga cuánta dificultad tiene para ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; y hablar o comunicarse. Para cada dominio hay cuatro respuestas posibles: no tiene dificultad, lo hace con poca dificultad, lo hace con mucha dificultad o no puede hacerlo.

A partir de esas respuestas, el INEGI distingue tres grupos. Quienes no presentan dificultad; quienes tienen únicamente poca dificultad en alguna actividad se clasifican con limitación; y quienes tienen mucha dificultad o no pueden realizar al menos una de las seis actividades se clasifican con discapacidad.

La diferencia entre limitación y discapacidad no proviene, por tanto, de un diagnóstico clínico ni de una certificación médica. Se construye a partir de la intensidad de la dificultad que se informa para cada integrante del hogar. Para simplificar la lectura, en adelante llamaré dificultades funcionales al conjunto de limitación y discapacidad.

Antes de examinar los resultados hay que detenerse en quién proporciona la información. Las respuestas no necesariamente proceden de la persona a la que se refieren. La EIC considera informante adecuado a la persona de referencia del hogar, su cónyuge o pareja, o a otra persona de 18 años o más que resida habitualmente en la vivienda y conozca las características de sus ocupantes.

Esta forma de levantar la información tiene una ventaja operativa. Una encuesta aplicada en alrededor de siete millones de viviendas difícilmente podría exigir que cada integrante estuviera presente para responder personalmente. La figura del informante permite alcanzar una cobertura que de otra manera sería muy difícil conseguir. Pero también introduce un sesgo potencial. No todas las dificultades son igualmente observables. Puede ser relativamente fácil advertir que alguien no puede caminar o necesita ayuda para bañarse; es más difícil saber cuánto le cuesta ver, oír, recordar o concentrarse, y todavía más decidir si esa dificultad es poca o mucha. La estandarización del instrumento fortalece la comparabilidad, pero la respuesta por otra persona del hogar introduce incertidumbre. La EIC no permite establecer cuánto modifica esto las estimaciones, pero esa posibilidad debe acompañar su interpretación.

Trabajar con el conjunto de dificultades funcionales tiene además una ventaja frente a ese posible sesgo: reduce la importancia de los errores al distinguir entre poca y mucha dificultad. Otra persona puede clasificar de manera distinta su intensidad, pero mientras reconozca la dificultad como existente seguirá formando parte del mismo conjunto. Persisten, por supuesto, los errores de omisión: una dificultad poco visible puede no ser reconocida en absoluto.

Una vez dicho lo anterior, el resultado general puede ser relativamente fácil de comunicar y entender. Alrededor de 16% de la población mexicana, aproximadamente una de cada seis personas, presenta alguna dificultad funcional. La mayor parte corresponde a limitaciones de menor intensidad y una proporción menor a discapacidad. Las diferencias por edad son mucho mayores. Entre menores de 15 años las dificultades funcionales son poco frecuentes; aumentan durante la vida adulta y, a partir de los 60 años, alcanzan aproximadamente a la mitad de la población. Dicho de otra manera: una de cada dos personas de 60 años y más vive con alguna dificultad para ver, oír, caminar, recordar, cuidarse o comunicarse.

El tipo de dificultad también cambia con la edad y con su intensidad. Entre quienes presentan limitación predomina la dificultad para ver aun usando lentes; entre quienes presentan discapacidad ocupa el primer lugar la dificultad para caminar, subir o bajar. En niñas y niños adquieren mayor presencia relativa las dificultades para hablar o comunicarse y para recordar o concentrarse; en las edades avanzadas cobran mayor peso caminar y oír. Como se mencionó, estas diferencias deben leerse con cautela respecto de quién proporciona la información. Una misma persona puede presentar dificultades en más de un dominio.

Hasta aquí, sin embargo, seguimos viendo a México a través de promedios nacionales. La EIC permite abrirlos por tamaño de localidad, y ahí aparece una diferencia que el promedio esconde.

La desagregación cambia la lectura. En menores de 30 años las diferencias entre localidades son pequeñas. A partir de los 30 comienzan a ampliarse: entre los 30 y 59 años, 18.1% de quienes viven en localidades menores de 2,500 habitantes presenta alguna dificultad funcional, frente a 13.8% en las de 100 mil y más. Entre las personas de 60 años y más la distancia es todavía mayor: 58.3% frente a 46.3%.

Y hay algo más. Las localidades de menos habitantes no tienen una mayor proporción de personas de 60 años y más. En las menores de 2,500 habitantes representan alrededor de 14.6% de la población, prácticamente el promedio nacional de 14.7%; en las localidades de 100 mil y más llegan a 15.6%. Es decir, la mayor frecuencia de dificultades funcionales en las localidades de menos de 2,500 habitantes no se explica simplemente porque tengan una población más envejecida.

Ese dato coloca la discusión en el terreno de la longevidad saludable. Vivir más no significa necesariamente vivir todos esos años sin enfermedad ni limitaciones. La cuestión es cuánto margen de funcionamiento y autonomía puede conservarse: prevenir pérdidas evitables, rehabilitar cuando sea posible, compensar las que no puedan corregirse y adaptar servicios, viviendas y entornos para que una dificultad no se convierta innecesariamente en dependencia.

Otras encuestas aportan mayor profundidad temática. La ENSANUT estudia las dificultades funcionales dentro de un contexto más amplio de salud y la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) profundiza en funcionamiento, dependencia y envejecimiento. Conviene además hacer un deslinde. El estudio de Carga Global de Enfermedad, GBD, utiliza la palabra discapacidad con otro propósito. No clasifica personas como discapacitadas o no discapacitadas, sino que estima la pérdida de la capacidad funcional asociada con enfermedades y secuelas y utiliza ponderadores para calcular años vividos con discapacidad. La EIC describe dificultades para funcionar; el GBD cuantifica pérdida de salud. Son mediciones distintas para preguntas distintas.

Queda por estudiar cuánto cambia la medición según quién responde y cómo se relacionan estas dificultades con dependencia, necesidad de cuidados y disponibilidad de apoyos. Pero el gradiente territorial abre otra pregunta: ¿por qué las dificultades funcionales se vuelven más frecuentes en las edades adultas y mayores conforme disminuye el tamaño de la localidad?

Los tabulados de la EIC no permiten responder todavía cuánto corresponde a condiciones económicas, escolaridad, trabajo, acceso a servicios, infraestructura, características del entorno u otras desventajas acumuladas. Tampoco permiten convertir esa asociación en causalidad. Sí permiten, en cambio, descartar una explicación demasiado simple: no se trata sólo de que las localidades pequeñas tengan más personas mayores. El análisis de los microdatos permitirá explorar qué hay detrás de esa diferencia.

El promedio nacional dice que uno de cada dos adultos mayores presenta alguna dificultad funcional. La desagregación territorial muestra algo que ese promedio no puede decir: en algunos lugares son casi seis de cada diez y en otros menos de cinco. La pregunta ya no es solamente cuántas personas viven con dificultades funcionales, sino qué condiciones hacen que llegar a edades avanzadas sea funcionalmente distinto según el lugar donde se vive.

Nota: El Grupo de Washington es un grupo de trabajo de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, creado en 2001 para desarrollar herramientas internacionales que permitan medir la discapacidad de forma comparable entre distintos países.

Referencias para profundizar la lectura

INEGI. Encuesta Intercensal 2025. Síntesis metodológica y conceptual. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 2026.

WHO Regional Office for Europe. Ageing is living: a strategy for promoting a lifetime of health and well-being in the WHO European Region 2026–2030. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2026

*El autor es Investigador Emérito del SNII. Profesor Emérito del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud. Universidad de Washington. rlozano@uw.edu; @DrRafaelLozano. Les invito a comentar el texto en la mesa de discusión en https://rafaellozano.com.mx/