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El deterioro académico y de la autonomía de la UNAM

OpiniónEl Economista

Son dos las principales responsabilidades de un rector de la UNAM para con su comunidad y el país: a) mejorar académicamente a la institución, tanto en la docencia como en la investigación, y b) defender y fortalecer la autonomía universitaria. En ambas responsabilidades, la gestión del Dr. Leonardo Lomelí, actual rector, ha dado muy pobres resultados.

En lo académico, Leonardo Lomelí se comprometió a que la UNAM mejorara su posición en los rankings internacionales. Si hace 20 años, la UNAM ostentaba el primer lugar en América Latina, seguida de la Universidad de Sao Paulo, ahora ocupa el octavo lugar, detrás de universidades brasileñas, chilenas, colombianas y, también, de otra institución mexicana. Es cierto que la degradación académica no empezó con Lomelí, ya que viene de hace unos 10 años, pero sí se ha acentuado de manera muy delicada sin atisbos, siquiera, de un esfuerzo para revertir la caída.

La mejora académica de la institución demanda una visión y proyecto académicos que partan del reconocimiento de los problemas y los pendientes. Implica atender los desafíos de la educación media superior que han sido descartados por su complejidad, así como la necesidad de construir o, al menos, renovar un proyecto formativo, en todos los niveles educativos, ante las nuevas necesidades sociales y globales. Entraña revisar y, de ser necesario, ajustar la oferta académica para que sea de calidad y esté basada en una planeación rigurosa de lo académico. Requiere la articulación de capacidades docentes y de investigación para atender las situaciones y resolver los problemas de México.

La ausencia de un proyecto académico sólido, actualizado e innovador condena a las nuevas generaciones de la UNAM, y por su efecto en el resto de la educación superior del país, a los egresados de muchas otras universidades, a un limitado desarrollo personal y profesional. Más aún, limita el desarrollo próspero, equitativo, justo y sostenible del país a la dependencia de generaciones de personas, cada vez menos preparadas, con baja autoestima y reducida capacidad de agencia, para enfrentar los desafíos del futuro.

En la segunda responsabilidad, la actuación del rector Lomelí ha desencadenado problemas serios de gobernanza, como los cierres de planteles, que en el segundo semestre de 2025 condujeron a que la mitad de la matrícula fuera impedida de tomar clases y realizar actividades académicas presenciales. La UNAM enfrenta tantos conflictos, presentes y potenciales, como candidatas y candidatos existen, ya, para suceder a Lomelí.

El colmo del deterioro de la gobernanza está ahora presente en la preocupante erosión de la autonomía universitaria. Guillermo Hurtado (La Razón, 7/2/2026), brillante investigador de la UNAM, nos recordó que, apenas hacía unos días, Leonardo Lomelí defendía la autonomía universitaria. Como lo indica Hurtado en su texto, claudicar en la defensa de la autonomía hace que la misión y las actividades académicas se vean, al menos, comprometidas.

A unos cuantos días de su próxima sesión (12/02/2026), el Consejo Universitario designará tres sustitutos para la Junta de Gobierno. Como nunca en tiempo recientes, se pretende designar a una persona, cuyo principal atributo es ser hija de una secretaria de Estado, de quien coordina y decide la política de ciencia, tecnología e innovación y sus recursos económicos. De ser electa, la Junta contaría con un “Caballo de Troya” que, en los hechos, obedecerá y reportará al gobierno federal y, más aún, a la presidencia del país. Si en el pasado las presuntas amenazas a la autonomía se limitaban al manejo del presupuesto o movilizaciones masivas, lo que ahora se fragua es un acto firme, claro y objetivo de intervencionismo del régimen actual en la UNAM. Es una agresión a la autonomía y a la Universidad que puede desencadenar que el Puma despierte.

La importancia de la UNAM para el país, ya no sólo para la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, y el deterioro profundo y acelerado en que se encuentra, obliga a una discusión y, sobre todo, a la toma de acciones contundentes para establecer un rumbo de calidad, rigor y pertinencia. México lo requiere más que nunca frente a las complejidades del presente y las incertidumbres del futuro.

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