CRT hipervigilará a concesionarios de TV

El 7 de agosto pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) atravesaba por una de las crisis mediáticas más graves desde su creación, y eso que no ha cumplido ni un año. La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias llevaba apenas 10 días, pero las críticas a la censura, y al intento del Gobierno por controlar la “verdad” no se detenían.

Para calmar el rechazo masivo a los Lineamientos, la Presidenta de la CRT, Norma Solano, dio una entrevista al medio La Razón, que se publicó el mismo 7 de agosto, en la que aseguró que la CRT “no regula contenidos ni determina contenidos, ni establece qué sí o qué no”. Precisó también que las sanciones “no están relacionadas con la valoración del contenido difundido” y que los Lineamientos eran “una propuesta basada en la autorregulación”.

Ese mismo día, mientras Solano aseguraba que los derechos de las audiencias de ninguna manera permitirían a la CRT regular los contenidos, el organismo que preside emitió el Oficio no. CRT/DGAF/DERMySG/OA/017/2026, por medio del cual, a solicitud de la Dirección General de Audiencias y Prospectiva, la CRT adjudicó de manera directa un contrato para adquirir el servicio de acceso a una base de datos para “la consulta y explotación de información, ratings de televisión abierta, restringida o de paga, así como de competencia, inversión y actividad publicitaria del medio de televisión”.

El contrato permitirá a la Dirección General de Audiencias de la CRT acceder a información sobre el consumo de contenidos por cada canal, contenido programático, participación de mercado y actividad publicitaria de televisión abierta y restringida, incluyendo la información de las “audiencias televisivas y contenido en hogares y personas individualmente por canal”. Los tipos de spots monitoreados “serán principalmente Spot Regular, Auto Promocional, Avance de Programa, Cápsula, Cortinilla Comercial y Patrocinios de Entrada/Salida y Menciones”. La información se recabará de junio de 2026 a diciembre de 2026, pero también incluirá datos históricos desde enero de 2021. El contrato se adjudicó a Investigación de Mercados INRA, S.C., por $5,015,999.92 pesos.

Quizá en otro momento, o con el regulador anterior, hubiéramos pensado que se trataba simplemente de un estudio de contenidos para fines estadísticos, pero considerando el contexto en el que se da la contratación, es imposible percibirla como un gesto inocente, o una mera coincidencia. Mientras Sheinbaum muestra una notoria molestia cada vez que alguien critica a su Gobierno, y busca desesperadamente cualquier vehículo o figura administrativa o legislativa para atacar o desvirtuar a sus críticos, la Dirección de General de Audiencias de la CRT contrata en plena consulta pública, un estudio que claramente excede sus funciones. ¿Qué hace la Dirección General de Audiencias estudiando la inversión y actividad publicitaria de los concesionarios, o su participación de mercado y competencia? El único derecho de las audiencias que se vincula con la publicidad es la obligación del concesionario de diferenciarla del contenido, lo que no guarda relación alguna con la inversión o distribución del mercado de publicidad en televisión.

Si los derechos de las audiencias se sujetan a la autorregulación y la CRT no intervendrá ni sancionará contenidos, como lo aseguró Solano, ¿por qué la Dirección General de Audiencias se gastó 5 millones de pesos para poder generar reportes e informes sobre el consumo de contenidos y ratings? Si según Solano, el proyecto de Lineamientos se enriquecería con los comentarios a la consulta, ¿por qué la CRT contrató este estudio cuando ni siquiera había concluido el proceso de consulta? Es evidente que la intención del oficialismo es y ha sido desde hace meses, la censura a los críticos. La presión mediática ha forzado a la Presidenta y a la CRT a dar unos pasos atrás, pero el impulso de silenciar y de intimidar a los medios es inherente a ellos, como en todo régimen autoritario. ¿Qué valor tiene un supuesto acercamiento con la industria, si al mismo tiempo el regulador ya está dando pasos a escondidas para hiper-vigilarla, mientras asegura que no lo hará?