La criminal política de hoy

En el pasado, había políticos que cometían delitos, un negocio adjudicado a una empresa amiga, disposición de bienes públicos para uso personal o contratación de amigos y parientes en puestos de diversos niveles. La política a lo largo de este siglo comenzó a convertirse en negocio. El capitalismo salvaje, la predominancia de la individualidad por encima de los proyectos colectivos y la realidad liquida descrita por Bauman (al que ya me he referido antes) se apoderaron del alma de la política.

El tino de haber descubierto este fenómeno se debe a AMLO y a Morena en general. Descubrieron que la política, se trataba menos de ideales y mucho más de una red de protección, complicidad y asociación delincuencial colectiva. Con justa razón, entre los morenistas más radicales, las acciones de García Harfush tienen tan mal sabor y cada nueva denuncia y descubrimiento mellan de manera significativa ese pacto implícito que es indispensable para estar en Morena; para mantener cohesionado a Morena.

Morena, con el beneplácito de su presidente moral -AMLO-, su presidente nacional de partido y su presidente Ejecutivo de México han convertido a la política en la voluntad por construir un estado paralelo en donde la criminalidad, el estado de derecho, las instituciones y las obligaciones legales, son uno mismo. Uno en el que con la excusa de impuestos se extorsiona; uno en el qué la policía se usa para desalojos, amedrentamiento y violencia selectiva, no contra los delincuentes que es para lo que están sino contra la sociedad y los negocios.

El mejor ejemplo de esto son los más de 130 presidentes municipales encarcelados en los últimos 10 años y notoriamente el artero asesinato del alcalde de Uruapan por tratar de combatir a la delincuencia y Diego Rivera, el impresentable presidente municipal de Tequila, Jalisco que se dedicaba, con la impunidad aceptada por el pacto colectivo establecido en Morena, a la extorción, al robo y al uso de instituciones para su beneficio personal.

Los ejemplos abundan, pero tres bastan: al ingresar al cargo clausuró el museo del tequila, por ser de menor importancia en el pueblo de tequila y en la zona productora mundial del extraordinario licor, al de su beneficio personal y lo convirtió en su residencia oficial y en su oficina personal.

Después se dedicó a establecer un impuesto paralelo al predial con justificaciones inverosímiles, en el que cobraba 50 pesos a cada visitante al pueblo,150 mil pesos mensuales a todo comercio, más de 5 millones a cualquier gasolinería o establecimiento turístico, le tenía ofrecido 40 millones anuales al “Mencho” -CJNG- e, intento finalmente, cobrarle 60 millones de predial a Tequila Cuervo, sin saber que es la tequilera más grande del mundo y que pertenece a un conglomerado que es líder mundial en la venta de licores. Ahí encontró pared. El asunto era demasiado grande como para hacerse de la vista gorda. El gobierno federal tuvo que intervenir, con la conformación de una acusación por asociación delictuosa, porque la extorción y el peculado son delitos locales que no habían prosperado en la fiscalía de Jalisco. En eso han convertido la política mexicana, en la asociación delictiva jamás conocida en el mundo y en México. Nada más, pero nada menos, también.