Por fin: Aguirre Rivero

A casi doce años la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el muro de la impunidad comienza a resquebrajarse para dar paso -así se espera- a la aplicación de la justicia y castigo a los responsables de estos hechos ignominiosos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo -el pasado jueves 6 de agosto- al exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntamente “ocultar” evidencias que permitieran conocer el paradero de los 45 jóvenes normalistas. Cabe recordar que Aguirre Rivero era el titular del Poder Ejecutivo estatal cuando ocurrió la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

De acuerdo con los informes ministeriales dados a conocer por la FGR, la aprehensión de Aguirre Rivero no responde a un ejercicio discrecional, sino al resultado de un nuevo modelo de investigación y a una reanálisis exhaustiva de las actuaciones históricas del expediente.

La aprehensión de Aguirre Rivero representa un giro tectónico en un caso que durante años pareció confinado a la simulación y al desgaste procesal. Los elementos integrados por el Ministerio Público Federal lograron acreditar la probable participación del exgobernador en el delito de ocultamiento de evidencia, un eslabón crítico que impidió, en su momento, conocer el paradero de los jóvenes estudiantes.

La sorpresiva captura de Aguirre Rivero no ocurre en el vacío, sino que se suma a una serie de acciones ministeriales recientes orientadas a desmantelar la red de protección institucional que resguardó a los actores políticos durante la pasada década. Entre ellas destaca también la captura de exfuncionarios judiciales y administrativos, como la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, señalada por la destrucción de archivos en video, evidenciando que el aparato estatal operó de manera concertada para obstaculizar el acceso a la verdad.

El señalamiento directo contra el exmandatario estatal por obstrucción de la justicia y destrucción de material probatorio en el caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, como videos clave de monitoreo urbano y registros de comunicación, consolida la premisa de que la tragedia no fue únicamente producto de omisiones locales, sino de una cadena de encubrimientos que escaló hasta el poder ejecutivo estatal.

En un mensaje difundido en las redes de la FGR tras la detención del exgobernador Guerrero, Ernestina Godoy, detalló que, en una reunión de alto nivel, Aguirre Rivero, ordenó eliminar toda la evidencia ligada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala la noche en que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron

Así mismo, explicó que la noche del 26 de septiembre de 2014 el autobús Estrella de Oro, número 1531, fue videograbado por las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas al exterior del recinto del Poder Judicial local mientras los estudiantes eran detenidos por policías municipales y estatales.

Sin embargo, dijo que, en las primeras investigaciones, se afirmó que ese material no existía por fallas técnicas del sistema, pero que en diligencias posteriores se acreditó que esa versión era falsa. Ernestina Godoy indicó que el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal.

El caso Ayotzinapa provocó una crisis política, social y de derechos humanos, sin precedentes en México, marcando un antes y después en el sexenio del presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), afectando gravemente a su administración.

La respuesta inicial del gobierno ante la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue crear e imponer la narrativa de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula por un grupo criminal. Con base en esa narrativa, la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, presentó la llamada “verdad histórica”.

Durante una concurrida conferencia de prensa a principios de noviembre de 2014, Murillo Karam, presentó los avances oficiales de las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En el centro de esa exposición el extitular de la PGR intentó sostener la “verdad histórica”, sin embargo, sus explicaciones no convencían a los representantes de los medios de comunicación, quienes insistían en conocer más detalles, por lo que funcionario concluyó su intervención y la ronda de preguntas con la frase: “Ya me cansé”, expresión que le valió convertirse en trending topic (tendencia) mundial.

El “Ya me cansé” de Murillo Karam -que lo marcó para siempre-, lejos de interpretarse como un simple desahogo humano ante el cansancio físico acumulado por las jornadas de trabajo, se convirtió en el símbolo de la insensibilidad institucional y del hartazgo gubernamental frente al dolor de las familias afectadas. Fue tanta la fatiga del exprocurador, que tiempo después las autoridades lo mandarían a descansar cómodamente en una celda.

Los que no se han cansado en su lucha por exigir justicia, han sido las madres y padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, quienes, a través de marchas, protestas, plantones y manifestaciones, han obligado a las autoridades a no “dar carpetazo” al asunto, y continuar con las indagatorias, las cuales, por fin, derivaron en la detención del exgobernador de Guerrero.

La “verdad histórica” defendida por Murillo Karam fue categóricamente rebatida por peritajes independientes, organizaciones internacionales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que dejó en evidencia ante el mundo la incapacidad o el encubrimiento por parte del Estado mexicano.

De acuerdo con nuevo modelo de investigación, y el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas por parte de la FGR, el exgobernador Aguirre Rivero sería presunto responsable de ocultamiento de evidencia, lo cual habría contribuido a la narrativa de la “verdad histórica” propalada por el procurador general Murillo Karam, cuando en realidad se trató de un “crimen de Estado” como lo afirmó Alejandro Encinas, en 2022, al exponer las conclusiones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), creada al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador con el fin de esclarecer los hechos y romper con la versión oficial del sexenio anterior.

El reto para la FGR y los tribunales radicará en sostener jurídicamente las acusaciones con pruebas sólidas que resistan el escrutinio judicial, evitando que este histórico paso (la detención de Aguirre Rivero) se traduzca en un nuevo desencuentro con la verdad.

Sin duda, la detención de Ángel Aguirre sacude el tablero político del estado de Guerrero y del país, pero es un paso ineludible hacia la rendición de cuentas en el ignominioso caso de Ayotzinapa. Para los padres y madres de los 43 normalistas, quienes han sostenido una resistencia implacable frente al olvido oficial, este movimiento procesal valida lo que han sostenido durante más de una década, la verdad fue sistemáticamente sepultada desde las más altas esferas del poder local.

A casi 12 años de distancia, la desaparición de los 43 jóvenes normalistas sigue siendo una asignatura pendiente y tema central de exigencia de justicia y verdad en México, en el que esperamos se sancione y castigue, conforme a derecho, a los responsables de este trágico suceso que marcó para siempre al gobierno del priista Enrique Peña Nieto.